El 21 de octubre de 2013, la Policía allanó, por orden judicial, 15 locales de fotocopias, al lado de la Facultad de Derecho. Días más tarde pasó lo mismo en comercios en la calle Tristán Narvaja. Hubo detenciones y confiscación de máquinas y de miles de ejemplares de copias de libros de estudio. A raíz de estos hechos, el Centro de Estudiantes de Derecho (CED) juntó más de 10.000 firmas y presentó un anteproyecto de ley para reformar la normativa sobre derecho de autor vigente en el país, en la que se basó la Justicia para ordenar la mencionada requisa. Pese a haber conseguido el apoyo de todos los partidos políticos, la iniciativa no consiguió transformarse en proyecto de ley en el período pasado. En esta legislatura, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) le puso la firma, y el texto se convirtió en proyecto de ley.

Ayer, representantes de organizaciones sociales participaron en un panel para darle impulso a la reforma, a la que se le propusieron algunas modificaciones para mejorarla. Cristina Dartayete, coordinadora de la Red de Propiedad Intelectual, planteó que la reforma de la normativa en Uruguay en 2003 “si bien fue consecuencia de las imposiciones” de la Organización Mundial de Comercio, transformó la ley de 1937 en una ley de copyright, “trasladando el derechos de propiedad del autor al intermediario comercial”. La abogada dijo que la economía del conocimiento “abarca todos los rubros que permiten el salto al desarrollo”. Esta economía tomó como modelo de negocios los licenciamientos, basando la titularidad en las empresas y no en los autores, y se hizo necesario un sistema de propiedad intelectual para apropiarse de la renta de cualquier innovación, explicó. Dartayete dijo que no se trata de un derecho de propiedad, sino de un derecho de exclusión, y mencionó que este tema “evolucionó hacia regímenes supranacionales por la centralidad del poder”, transformándose en un elemento fundamental de toda negociación comercial transnacional. La experta considera que el Estado debe velar por el uso equilibrado de los derechos y las posibilidades de acceso al conocimiento, a la salud y a los alimentos, creando mecanismos que protejan la renta de las innovaciones.

Florencia Ualde, del CED, explicó que el proyecto agrega tres excepciones a las 12 que prevé la normativa vigente: la “ilustración de la enseñanza”, para promover el acceso a la educación y la cultura, la “copia para uso personal”, y la excepción de bibliotecas y museos, para permitir la reproducción de obras que no están en el mercado, entre otras posibilidades.

Carina Patrón, de la Asociación de Bibliotecólogos, propuso incluir en la iniciativa el préstamo público de libros y de ebooks. Advirtió que en España las editoriales consiguieron que el gobierno aprobara una norma que obliga a las bibliotecas a pagar un canon a partir de una paramétrica que cruza el precio del libro con la cantidad de préstamos, lo que llevó al cierre de muchas bibliotecas de los ayuntamientos.

Patricia Díaz, abogada de Creative Commons, dijo que la normativa no se cumple porque “es imposible”, y propuso incluir la posibilidad de establecer un mecanismo que haga posible difundir las “obras huérfanas”, cuyos autores no se conocen, luego de realizar “una búsqueda razonable” de éstos.

Finalmente, el diputado frenteamplista Julio Battistoni comprometió su apoyo, pero advirtió que el tema no está presente en la sociedad, y que probablemente muchas personas, incluso creadores, comparten el actual sistema, lo que complejiza la discusión.