La relación entre la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) con Uruguay no tiene buenos antecedentes. El organismo, que depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se encarga de controlar los tratados sobre drogas, y la ley de regulación de la marihuana empezó a generar malestar entre los altos mandos cuando todavía era un proyecto de ley. El informe anual de 2013 decía que el gobierno de José Mujica estaba marcando “una tendencia peligrosa”, al igual que las aperturas de Washington y Colorado a la marihuana recreativa en Estados Unidos; en definitiva, había rechazo a la legalización para fines no médicos ni científicos. “Uruguay tiene una actitud pirata hacia los tratados internacionales”, dijo el belga Raymond Yans, entonces presidente de la JIFE, cuando la Ley 19.172 ya estaba promulgada. “Es un viejo careta y no le voy a hablar en lenguaje diplomático. Bien terraja lo voy a tratar, porque intelectualmente una afirmación de ese tipo merece ese calificativo”, fue la respuesta de Mujica, en diálogo con la agencia argentina Télam. Más diplomático, el embajador uruguayo ante la Organización de los Estados Americanos, Milton Romani, dijo que la JIFE no tenía mandato para emitir juicios sobre las políticas de los países.

A casi dos años de aprobada la ley, el vínculo parece haber mejorado. El gobierno uruguayo es otro y la JIFE también: en mayo de este año, la junta rechazó la postulación de Yans a la reelección y votó como presidente a Werner Sipp, abogado alemán de larga trayectoria como asesor de autoridades de su país en cuestiones de salud pública y estrategias en control de narcóticos. Ayer se concretaron las primeras reuniones de una serie de encuentros entre autoridades del gobierno, con una delegación de la JIFE integrada por Sipp, el mexicano Alejandro Mohar y el italiano Stefano Berterame. La primera fue de mañana, en la Torre Ejecutiva; participaron el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, el presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, Augusto Vitale, y Romani, hoy secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND). La reunión fue confidencial y la postura de la delegación fue clara: Uruguay viola el artículo 4 de la Convención sobre Estupefacientes de 1961, que obliga a los países que suscriben a “limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes”. Sin embargo, según pudo saber la diaria, el tono fue más en busca de comprensión que de confrontación. “No vinieron a crucificarnos”, comentó una fuente cercana a miembros presentes en la reunión. Incluso saludaron los ataques de Tabaré Vázquez al tabaco y sus planes en marcha de limitar el consumo de alcohol. El interés de Sipp y los suyos gravitó en torno a los detalles de la regulación de la ley. Sus preguntas apuntaron a conocer el interés del gobierno en las políticas de reducción de daños, que se pueden rastrear hasta el programa Consumo Cuidado de la JND. La delegación indagó sobre las restricciones al acceso de menores de edad a la marihuana, y Roballo aclaró que se trabajaría en base a la experiencia satisfactoria con el tabaco. También hubo preguntas sobre la baja popularidad de la legalización en los sondeos de opinión pública; la respuesta desde la JND apuntó al peso negativo o ambiguo que tienen ciertos términos como “consumo recreacional”, y que los resultados serían otros si se pregunta sobre “regulación”. Fuentes del gobierno dicen que la balanza del vox populi se ha inclinado a favor de la medida, y que se encargarán encuestas para confirmar la sospecha.

Ósmosis positiva

De tarde, la delegación se reunió con el Comité Científico Asesor (CCA) de la JND, también en el edificio de Presidencia. “Fueron muy inquisitivos”, dijo a la diaria una de sus integrantes, la doctora en Ciencias Sociales Susana Mallo, “pero Sipp fue mucho más permeable que el anterior presidente”. Una de las preocupaciones de la JIFE era la posibilidad de que la legalización fomente el policonsumo, o sea, el porro como puerta de entrada para otras sustancias, en especial la cocaína. Los académicos locales dijeron que no sería un problema: “No coincidimos con ese supuesto; en Uruguay es poco común y se da especialmente en sectores sociales altos”. El CCA manifestó más inquietud por el enorme consumo de alcohol en la población general y el de pasta base en los sectores más marginados. Cuando preguntaron sobre la oferta en planes de rehabilitación se les informó sobre Portal Amarillo, y hoy visitarán su sede central.

La socióloga dijo que se fueron conformes en general, y en particular con el proceso de discusión parlamentario que llevó a aprobar la ley y la falta de conflictos con la Suprema Corte de Justicia, aunque señalaron la demora del decreto sobre el uso de marihuana con fines medicinales. Hoy se reunirán también con el Grupo Interdisciplinario de Estudios en Cannabis de la Universidad de la República. Hay buena vibra.