La olla a presión que es el sistema carcelario uruguayo empezó a hervir y salpicar fuerte en 2012. En la primera mitad de ese año, presos del Complejo Carcelario Santiago Vázquez (todavía conocido como Comcar), del Penal de Libertad y del Centro Nacional de Rehabilitación realizaron varios motines; murieron presos y policías, y se agudizó la guerra interna. En agosto, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, anunció que instalaría en el Comcar y el Penal de Libertad un sistema de escáner para la revisión de los que ingresan, que hasta el momento se hacía de forma manual y violaba la Ley 18.315, que estipula que la Policía no puede desnudar ni revisar las partes íntimas de las personas que van a visitar a los presos. El combo tecnológico incluía un escáner osteomuscular: esos que “desnudan” a la persona que se para bajo su arco, porque muestra tanto sus huesos como su musculatura.

Pero los defensores penales públicos se negaron a pasar por ese escáner. Alegaron que se atentaba contra su integridad moral y dignidad, y que se los colocaba en el lugar de “eventuales corruptos”. Enviaron una carta a la Dirección Nacional de Defensorías Públicas y ésta al INR, pero como no pudieron llegar a un acuerdo, los defensores hablaron con sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Tras las gestiones consiguieron apoyo y lograron que se instalaran equipos de videoconferencia en ambos establecimientos penitenciarios y en las sedes judiciales. Por más de un año y medio no entraron a esas dos cárceles; ni vieron ni escucharon a sus auspiciantes presos. Se comunicaban mediante notas, pedían informes.

Hoy, a casi dos años desde que se implementó el escáner que desnuda, desde la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, Adriana Berazán reconoce fallas en el sistema y falencias importantes de recursos para garantizar la debida atención jurídica a las personas privadas de libertad (PPL).

Desde lejos

La SCJ y el INR dictaron un protocolo para el funcionamiento de las videoconferencias en el que se sostiene que “la incorporación de nuevas tecnologías significa un avance en la protección efectiva de los derechos de las PPL y un mejor desempeño de la función de la Defensa Pública”.

Lo primero que se estableció fue la obligación de preservar “la integridad y seguridad” de los sistemas informáticos instalados. Lo segundo fue “la presencia de un funcionario” para velar por la privacidad y confidencialidad. Después se estipula que los defensores deberán presentar la lista de presos a entrevistar con 48 horas de antelación e indicar la hora de inicio. En ese sentido, indica que la cárcel que reciba el listado “deberá corroborar en forma inmediata” que estén las personas solicitadas, y en caso de que no se encuentren, informarlo.

Berazán fue enfática al afirmar que este punto no se cumple; sin ir más lejos, el miércoles pidió entrevistar a 22 presos del Penal de Libertad, y un funcionario del turno matutino le comunicó que algunos no estaban encerrados allí y, por ende, se presentaron menos. Sin embargo, esa misma tarde, otro funcionario le informó que sí estaban. Los presos deberán esperar al próximo encuentro para encontrarse con la defensora de oficio.

El problema, dice, es qué pasa cuando no se “ve, realmente” al preso. “Con las videoconferencias preservé mi dignidad, pero ¿puse en la balanza lo que pierde el otro?”, preguntó.

Desbordados

Uruguay tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas, de unas 290 personas cada 100.000, que equivale a decir que hay cerca de 10.000 presos, de los que 64% no tiene sentencia. Según Berazán, la Defensoría Pública en lo Criminal con jurisdicción metropolitana, que trabaja con las personas hasta que son condenadas, está compuesta por 16 abogados y ocho procuradores, y asiste a entre 89% y 92% de los presos. Berazán trabaja en la Defensoría Pública de Ejecución Penal de la misma jurisdicción, que es la encargada de los procesos judiciales después de la condena y hasta que la persona queda en libertad. Esta Defensoría cuenta con ocho abogados y dos procuradores, y entre ellos se reparten 99% de los sentenciados, “porque después de que tenés condena, lamentablemente, se piensa que no hay mucho para hacer”, afirmó.

Calcula que los defensores en lo criminal han de tener unas 200-250 fichas por mes, “porque la persona entra y sale”, y la de Ejecución Penal tiene ese mismo número pero anualmente. “Es un volumen lamentable”, afirmó, y aseguró que si le dieran a elegir asistiría a “no más de 50”, porque quiere reconocer y unir cada cara con un nombre, cuestión que actualmente considera imposible. En ese sentido, agregó que “es fundamental que uno logre cumplir” con todos los presos, pero reconoce que ahora tampoco es posible: “Entre la vorágine, el volumen [de casos], las visitas a cárceles y las cosas [imprevistas] que pasan diariamente, se te pasan cosas”. A eso se agrega que “es muy difícil ser creíble”, cuestión que ata a que no cobran honorarios. “Hay una percepción de que como es gratis es malo, pobre o mediocre”, aseguró y contó: “Te dicen en la cara 'y si yo consigo un abogado de verdad ¿qué pasa?'”.