Soy mujer, blanca y profesional. Aparentemente el racismo no me tendría que preocupar, pero me ocupa porque es la forma de violencia más naturalizada de la sociedad uruguaya. La ciencia moderna se ha abocado a enseñarnos, explicarnos y probarnos que las razas no existen. Las razas no existen pero el racismo sí.

Aníbal Quijano (2000) define la raza como “una marca”, “[un] fenómeno cognitivo o, […] puramente ‘mental’, pero constituye una pista en dirección a quién se fue, y a quién, por lo tanto, se es”. Y también afirma: “La raza ha sido el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años […], ya que sobre ella se fundó el eurocentramiento del poder mundial capitalista”.

Los seres humanos tenemos la misma constitución genética con diferencias fenotípicas que han justificado históricamente una lista interminable de abusos. Diferencias que implican contar de dónde se viene, de dónde vienen los ancestros, qué roles ocuparon, qué tareas realizaron y, en muchos casos, qué tareas está realizando el descendiente al día de hoy. El problema no es la negritud sino el racismo estructurante que nos rodea, que limita las posibilidades de las personas en su desarrollo efectivo (formas de verse y pensarse) y priva a la sociedad de una convivencia mayor.

Hoy (casi) como ayer

¿Por qué nos cuesta tanto hablar de racismo y reconocerlo? Socialmente, por ejemplo, nos costó mucho menos el abordaje de los temas de la diversidad sexual, tal vez porque es seguir pensando en el mismo sentido, es decir, de manera eurocéntrica. En cambio, para reconocer el racismo y desestructurarlo, tenemos que indagarnos a nosotros mismos. Nos obliga a repensar el proceso de explotación y dominación que implicó la trata esclavista y quiénes se beneficiaron de esos mecanismos a lo largo de 200 años de Estado nacional.

El proceso histórico que llevó a Uruguay a la abolición de la esclavitud después de Haití (así le fue por tal irreverencia) y mucho antes que Brasil fue extenso (al menos desde 1812 hasta 1862) y estuvo lleno de contradicciones, avances y retrocesos. Avatares que en su momento se debían a los diversos intereses económicos en juego. Incluso décadas después, durante el primer batllismo, que implicó un parte aguas en los derechos civiles y políticos de las personas en Uruguay, no se tomó ni una medida para las personas afrodescendientes.

El Estado uruguayo nunca indemnizó a quienes habían sido esclavizadas, sino a sus dueños. Muchas de las personas liberadas fueron obligadas a formar parte de los ejércitos independentistas nacionales para obtener a cambio su libertad. Luego del proceso de abolición de la esclavitud, las personas negras fueron colocadas en funciones sociales y laborales de subordinación y explotación, en las que se mantienen dos siglos después si analizamos los datos de ocupación desde una perspectiva étnico-racial. Las personas esclavizadas pasaron de ser esclavas en la colonia a ser sirvientes en los inicios del Estado nacional. En el Uruguay democrático del siglo XXI las mujeres afro son empleadas domésticas.

En este Uruguay, ¿el racismo es visto por la sociedad como un problema social o estamos en esa preetapa denominada “problematización”? ¿Hemos puesto en cuestión el concepto de racismo? ¿Y los hechos que lo sostienen? ¿Los daños y pérdidas que nos causan como sociedad? ¿Qué estructuras lo sostienen?

Acciones afirmativas: ¿por qué?

Este concepto persigue establecer mecanismos específicos que se orienten a combatir las pautas de discriminación y la persistencia de diversas inequidades. Inicialmente, se utilizó el concepto de “discriminación positiva”, pero éste fue resistido, ya que la palabra “discriminación”, que hacía referencia a distinciones arbitrarias e injustas, no podía formar parte del concepto que trataba de erradicarlas.

Las acciones afirmativas no constituyen un fin en sí mismas. Buscan la redistribución del poder económico, político y social. Procuran corregir la exclusión y las desigualdades históricamente acumuladas y deben ser consideradas medidas transversales de las iniciativas de los gobiernos.

Naciones Unidas define a las acciones afirmativas (Bossuyt, 2011) como “[...] un conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas específicamente a remediar la situación de los miembros del grupo a que están destinadas […] para alcanzar la igualdad efectiva”.

Por su parte, Rita Segato (2007) sostiene que cuando la estructura de poder discrimina y oprime, las acciones positivas deben apuntar a “corregir la desigualdad y la exclusión” generadas por ese poder de elite que parece inamovible: “ Es necesario [...] identificar, en toda sociedad, dónde se encuentra posicionado el poder, entendido aquí como una combinación de tres factores en dosis variables: prestigio social, poder económico y poder político”.

Las acciones afirmativas son una de las respuestas de la política social que, de forma más explícita, se orientan a reducir las desigualdades. Las posibilidades de acciones afirmativas son diversas, no se reducen al cupo en empleos, becas o sillas en el Parlamento, aunque ciertamente éstas son las más recurridas. Más bien deben desarrollarse con relación a las particularidades del colectivo y las situaciones en las que se busca incidir. Pueden ser sumamente diversas: tutorías en la educación media, seguimiento de pares en las trayectorias educativas terciarias, generación de ejemplos positivos a tener como referencias de vida, publicidad étnicamente inclusiva, llamados diferenciados, reparaciones (simbólicas o económicas), como las que se realizaron a las personas afro expulsadas de los conventillos de Palermo durante la dictadura militar, entre otras.

Las políticas de acción afirmativa, conjuntamente con la eliminación del daño, deben tender a la desestructuración de las bases del racismo existente, de lo contrario las acciones se convertirían en herramientas que se perpetuarían en el tiempo, sin tener mayor impacto en la transformación de la realidad del colectivo.

Detractores y medidas concretas

Una crítica que plantean los detractores de este tipo de intervenciones es que las medidas infringen el principio general de igualdad de trato atentando contra la universalidad. Pero la soñada universalidad como único principio rector no ha logrado imponerse. Uruguay ha desarrollado a lo largo del siglo XX pretendidas políticas universales, pero no ha logrado llegar a determinados sectores de la población, que continúan con los mismos niveles de pobreza y exclusión, como la población afrodescendiente.

Entonces se hacen necesarias otras medidas que focalicen en los segmentos de la población a los que no llegan las acciones universales.

Otro argumento en contra de su aplicación es la posibilidad de abusos y trampas por parte de personas que no forman parte del colectivo: no afros que se hagan pasar por tales. En este contexto, las campañas de autoidentificación y visibilización son elementos importantes. Actualmente, el Estado uruguayo resuelve la cuestión con una pregunta de autoidentificación que debe responder la persona en formato de declaración jurada, cuando se presenta a cualquier llamado: “¿Cree tener ascendencia afro o negra / asiática o amarilla / blanca / indígena / otra? ¿Cuál considera la principal?”.

Las posibilidades de errores de cálculo en el acercamiento de la política a los potenciales beneficiarios no son mayores que en cualquier otro tipo de política social. Este temor es producto de la negación que históricamente hemos tenido del tema.

En las sociedades en las que la etnia-raza es un dato más, como en las culturas anglosajonas, las personas están acostumbradas a responder a esta pregunta, y la posibilidad de mentir en la respuesta es casi inexistente porque hace a su identidad. Cabe la posibilidad, también, de que la gente mienta para no pertenecer a un colectivo que históricamente ha sido una causa de vergüenza, no de beneficios.

Los dardos también apuntan al peligro de estigmatización (o reestigmatización) de la población objetivo con la instrumentación de estas políticas. El argumento es que se estaría imponiendo la idea de que estas personas no pueden acceder a determinados puestos o becas por sí solos, y esto es reestigmatizar a la población que se intenta beneficiar. Ciertamente, una acción afirmativa inadecuada puede ir en contra de la población que se pretende visibilizar, pero también es cierto que muchas personas afrodescendientes han logrado cargos importantes o son profesionales. Así, cuesta pensar o creer que vean sus logros desvalorizados por la implementación de cuotas.

Lo que es incuestionable e indican los números es que son muy pocas las personas que logran salir de la inercia de la generalidad y acceder, por ejemplo, al nivel universitario: de la población afrodescendiente uruguaya sólo 8% inició estudios terciarios.

Son muchas las reticencias a la implementación de estas políticas. Otra, la que dice que se coloca a personas no capacitadas en puestos para los que no están preparadas. Pero las medidas están pensadas de otra forma: en todos los casos existen concursos para comprobar las habilidades necesarias y evitar así que ingresen personas que no tengan las atribuciones requeridas. Lo que se pretende con estas medidas es que cuando haya dos personas con las mismas habilidades, como un acto de reconocimiento y compensación de la desventaja histórica que ha tenido la persona afro, sea escogida para el puesto. Por qué nos cuesta tanto asumir esto como un argumento válido: porque en términos reales -y no discursivos- implica redistribución del poder.

En ese mismo sentido, otro argumento se esgrime interpelando las políticas afirmativas, y quizá sea el más sólido, el que dice que los beneficios que se ofrecen llegan exclusivamente a la elite del grupo vulnerable, lo que genera nuevas injusticias sociales. La solución es contar con un Estado que cumpla a cabalidad sus obligaciones de difusión, desarrollo y evaluación de la medida para que ésta llegue al total de la población afro; y también con una sociedad civil que divulgue los adelantos en la materia y monitoree los avances del Estado. Además, debido a que son acciones temporales, las medidas generadas con períodos preestablecidos contribuyen a un mejor monitoreo y evaluación.

La discusión de este tema es sin duda un paso importante en el largo camino de la desestructuración del racismo. Permite poner el asunto en la agenda pública y problematizarlo. Es un inicio en el reconocimiento de la existencia de poblaciones que han sido invisibilizadas y cosificadas como víctimas del racismo. Además, existe un efecto multiplicador que trasciende a la persona beneficiada e impacta sobre la familia y la comunidad toda.

Como mujer, blanca y profesional, es decir, privilegiada, creo que las acciones afirmativas son una herramienta poderosa para ahondar en la justicia social en relación a la población afro del país.