El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, presentó ayer la Agenda Nacional de Infraestructura 2015-2030 en el marco del Consejo de Ministros en Durazno. Se trata de un documento que engloba las inversiones previstas de la Administración Central, entes autónomos y servicios descentralizados en el área de infraestructura, que se creó para “poder evaluar, jerarquizar y buscar las vías de financiamiento más adecuadas para cada proyecto”, explica el texto. García dijo que éste es “el puntapié inicial para el plan que el presidente [Tabaré] Vázquez presentó tiempo atrás”, en alusión al anuncio que el mandatario realizó en julio: 12.000 millones de dólares de inversión en infraestructura durante este período de gobierno, “una inversión récord en la historia del país”. En aquel momento Vázquez aseguró que las inversiones en esta área son una “piedra fundamental” para el desarrollo del país; García lo recordó y agregó: “Es una apuesta al futuro”.

La Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la OPP recibió 1.811 proyectos que se clasificaron, básicamente, según el tipo de inversión; de ellos, 1.362 refieren a infraestructura. Por otro lado, el documento deja en claro que este relevamiento, “al no incluir a los gobiernos departamentales, a cuyo cargo se encuentra parte de la inversión en infraestructura” (por ejemplo, la caminería rural en el interior, el saneamiento en Montevideo), subestima el total de las iniciativas de inversión.

Los 1.362 posibles planes a llevarse a cabo tienen un monto total de 24.410.174.276 dólares, equivalente a 40% del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Sin embargo, el informe aclara que se parte de la base de que la mayoría de las iniciativas fueron planteadas en “un horizonte bastante menor”, concentrándose en el próximo quinquenio. Por ello toman como referencia una estimación de crecimiento anual de 3%, y estiman que la inversión anual máxima significaría, en total y en los próximos cinco años, algo menos de 6,5% anual del PIB. También calculan que “si las iniciativas se distribuyeran de forma uniforme durante los 15 años, las inversiones serían del orden del 2,7% del PIB anual constante”. Además, señalan que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aseguró en 2014 que “la región en su conjunto debe aumentar su gasto en infraestructura”, pasando de gastar menos de 2% del PIB a entre 3% y 6%. Con las inversiones que se proyectan, Uruguay estaría cumpliendo con esa recomendación.

A su vez, más de la mitad de los proyectos son por hasta un millón de dólares y representan 60%, mientras que poco más de 12% son por más de diez millones de dólares. Los proyectos de hasta un millón apenas dan cuenta de 1% del monto total, mientras que los proyectos de más de 200 millones de dólares, algo más de 1% de los proyectos, representan 61%.

Las áreas que tienen prevista una mayor inversión son, en orden descendente y en millones de dólares, transporte y almacenamiento (8.365,4), que incluye las inversiones previstas para carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos, dragados, etcétera; actividades inmobiliarias (4.656,7), en la que se encuentran los proyectos de vivienda; información y comunicación (3.258); suministro de electricidad, gas, vapor, aire, entre otros (2.384,7); suministro de agua, alcantarillado (1.778,8), y enseñanza (1.411,3).

Por otro lado, el informe señala que la inversión en infraestructura genera empleos “en su fase de ejecución”, demanda insumos a otras industrias y, a largo plazo, disminuye los costos de las actividades económicas, entre otras cosas. A su vez, se asegura que la buena disponibilidad de infraestructura “debería favorecer más a los pobres, que no pueden acceder a los servicios derivados de las infraestructuras por medio de inversiones o gastos propios”. Por esto se entiende que las inversiones son “un componente esencial en la lucha contra la pobreza”.