“Fui detenido el 16 de mayo de 1973 y condenado a diez años de cárcel. Cuando salí fui a buscar a mis compañeros de lucha y me di cuenta de que muchos habían desaparecido. En 1985 la madre de uno de mis compañeros del Partido Comunista Revolucionario (PCR), Nebio Melo, me pidió que investigara la desaparición de su hijo y del compañero Winston César Mazzuchi, que fue secuestrado con él en Buenos Aires. A partir de ese momento empecé varias búsquedas y me sumé a una organización de ex detenidos políticos, Crysol, de la que también fui responsable”. Lewis Rostán, militante del PCR, fue uno de los declarantes en la audiencia del viernes en Roma, en el juicio por la coordinación represiva del Plan Cóndor. En una declaración abundante en detalles y documentación, relató a la fiscal Tiziana Cugini y a la Tercera Corte d’Assise de Roma datos, historias y conexiones; luego respondió a las partes civiles y a los abogados de la defensa de los imputados, entre los cuales se encontraba Francesco Guzzo, defensor del capitán de navío retirado Jorge Néstor Tróccoli, que como siempre no se presentó en el Aula.
Rostán expuso el resultado de sus investigaciones a partir de la autorización que se le otorgó como investigador de Crysol, en 2005, para acceder a todos los archivos políticos: “Durante toda la dictadura todas las armas, Marina, Ejército, Fuerza Aérea y Policía, trabajaron en coordinación. Hasta 1977 la fuerza principal de represión era el Ejército, después fue la Marina, que fue responsable de las campañas en contra del PCR y de los GAU [Grupos de Acción Unificadora]”. Luego comenzó la colaboración con la Marina argentina. Rostán hizo referencia al legajo personal de Tróccoli: “En el expediente de Tróccoli hay varios documentos que nos hacen entender su relación con los militares argentinos, en particular con el ESMA [Escuela Superior de Mecánica de la Armada]”.
Rostán también se refirió a la información hallada sobre la desaparición de Héctor Giordano y la responsabilidad del dictador Gregorio Álvarez: “En 2007, con un equipo de ex presos políticos investigamos los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores relacionados con la documentación dirigida a Álvarez y todo lo firmado por él sobre el tema desparecidos. Obtuvimos una serie importante de documentos que tenían estas características: ninguno era una prueba contundente, pero en conjunto se deducía que Álvarez sabía que había cientos de desaparecidos en Uruguay. Había un documento que por sí solo era muy importante. En julio de 1978 el general Álvarez era comandante en jefe del Ejército y firmó una orden de servicio interno diciendo que él era responsable absoluto de todos los hechos vinculados a los derechos humanos. Ese documento tenía el número 7777/78. En julio de 1978, fecha del secuestro de Giordano, se puede decir que toda la situación estaba en manos de Álvarez”.
El abogado de la República Oriental del Uruguay, Fabio María Galiani, interrogó al testigo buscando puntualizar las acusaciones en contra de Gavazzo -“Gavazzo fue uno de los represores que no se ocultaban. Al contrario, se identificaba, era narcisista y se sentía orgulloso de ser represor”, relató Rostán- y de Tróccoli: “Hay dos órdenes del presidente de la República y del ministro de Defensa, una en 1978 y otra en 1979, para que Tróccoli desarrollara un curso en Puerto Belgrano. Pero en el mismo legajo hay una evaluación de noviembre de 1978 en la que se aprecia su actividad en servicios de información, lo que prueba que actuaba en la ESMA cuando decía que estaba en Puerto Belgrano”. Francesco Guzzo, en defensa de Tróccoli, preguntó a Rostán si había conocido personalmente al capitán de navío: “No conocí a Tróccoli en aquellos años porque yo estaba detenido. Después no lo conocí porque no fui a buscarlo. No me mueve la venganza, sino conocer el destino de los compañeros desaparecidos”, contestó Rostán.
La hija de Héctor Giordano, Lucía, y las hermanas de Héctor, Marta y Miriam, relataron el operativo del secuestro del que fueron testigos indirectos, y todos los trámites y los años de búsqueda de su ser querido. Sus testimonios situaron la figura de Giordano, un abogado desde siempre comprometido con la causa de los estudiantes y de los trabajadores. “Nosotros teníamos mucha esperanza de que, cuando se reanudara la democracia, se pudiera entender algo de lo que pasó con él. Sin embargo, en Uruguay pusieron trabas a las investigaciones, la ley de caducidad impidió la investigación. Eso nos llevó a presentar el caso acá, en Italia, con la pretensión de conocer la verdad y de que se haga justicia. En Uruguay aparecieron hace poco los archivos del coronel [Elmar] Castiglioni y esperamos que allí se encuentre alguna noticia”, dijo Marta Giordano. El abogado Galiani anunció que ya pidió copia de esos archivos con el objetivo de estudiarlos en el marco del juicio.
Lucía Giordano, hija de Héctor, perdió a su papá cuando tenía 12 años. Ella vivía en Durazno con su madre y visitaba a menudo a su padre en Buenos Aires, y tiene de él un recuerdo muy vivo: “Era un padre comprometido con mi educación y siempre trataba de inculcarme sus valores de justicia social. Ya de pequeña me llevaba a las reuniones del sindicato, y aun estando muy ocupado trataba de pasar conmigo el mayor tiempo posible”. Lucía relató la sensación de peligro que respiró en sus últimos viajes a Buenos Aires y la última vez que se reunió con su papá: “Me generó miedo, entre otras cosas, por no poder preguntar ni averiguar lo que pasaba. Esa sensación se sostiene hasta el día de hoy y es uno de los motivos por los que necesito, aun ahora, a la edad que tengo, así como lo necesita la sociedad uruguaya, que se termine esa etapa y sepamos qué pasó”.
Ubal Lanne fue la última persona en ver con vida a Héctor Giordano. Militante del PCR, aunque la Organización de las Naciones Unidas le había otorgado el estado de refugiado, fue secuestrado en Buenos Aires el 3 de junio de 1978 y conducido al centro clandestino de detención La Casona-Base Aérea El Palomar, donde se encontró con Giordano, a quien ya conocía. En algunos momentos pudieron intercambiar informaciones, y Lanne declaró que cuando fue liberado, el 5 de julio, Giordano permanecía en el centro. Confirmó, asimismo, la presencia de militares uruguayos en La Casona de Buenos Aires.
Sin documentos
La audiencia del viernes fue atravesada nuevamente por una polémica entre el abogado Galiani y la Fiscalía, a raíz del análisis del legajo de Tróccoli. Galiani señaló a la Corte que durante las audiencias preliminares él había depositado 20.000 páginas de documentación, incluido el expediente del capitán de navío, y que ese material debería encontrarse en la Fiscalía. “Pero hice un pedido oficial a la oficina del fiscal Capaldo para tener una copia de esa documentación y parece que no se encuentra, debido al hecho de que las dos secretarias se jubilaron… Se trata de diez carpetas de material traducido y legalizado”, continuó Galiani. La Corte advirtió que la situación debía resolverse o, de lo contrario, se vería obligada a denunciar los hechos al jefe de la Procura de Roma. La fiscal Cugini contestó que toda la documentación que se refiere a los testigos ya escuchados fue entregada y que otro material será entregado junto a los informes de los asesores.