Comenzó la discusión el profesor del Instituto de Derecho Comercial Alejandro Miller, quien mostró la línea de expansión que vienen siguiendo las SA. En 1945 eran apenas 61, mientras que las sociedades colectivas sumaban 606: 20 años después, las SA ya habían pasado en número a las colectivas (236 a 180) y al salir de la dictadura la diferencia era mucho más significativa: había 2.600 SA y 59 colectivas. Según los últimos datos presentados, hay más de 20.000 SA.
Miller sostuvo que a pesar de la visible inclinación de la balanza hacia el lado de las SA, la Auditoría Interna de la Nación (AIN) se ha enfocado en ejercer un mayor control sobre las cooperativas, contrario a lo que se esperaba. También reflexionó sobre lo “difusas” que son algunas sociedades y las “pocas” que hay “abiertas” -por lo general son las que tienen menos accionistas-, y por esto sugirió ampliar el campo de control “a otros tipos sociales y organizaciones jurídicas como civiles”.
El presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Eugenio Xavier de Mello, compartió este último punto marcado por Miller. Dijo que “el control externo de este tipo de sociedades sigue siendo un buen método”, pero se preguntó si es “conveniente” que sea la AIN la que lo haga. “Podríamos, para empezar, invocar la duda respecto de la pertinencia de su denominación”, sostuvo, alegando que “sería mejor” que no sea un solo organismo el que se ocupe de la auditoría del Estado y de la del sector privado. Por el contrario, optó por “crear una nueva institución que se encargue del sector privado”, algo que también consideró el hasta ayer presidente del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, Jorge Bergalli.
Matiz de control
Bergalli presentó su “idea” para “hacer más eficientes” los controles de estas sociedades que, producto del avance tecnológico y en la educación de los inversores, estimó que “van a cambiar bastante durante el siglo XXI”. Para el contador, el ingenio estatal debería apuntar a “estandarizar” cuestiones más prácticas. Por su parte, la integrante de la Asociación de Escribanos del Uruguay Adriana Amado apoyó esta iniciativa para modificaciones que no representen “un riesgo fundamental para la sociedad”, por ejemplo, un cambio de domicilio.
El contador consideró que, por más que se está llegando tarde, todo indica que Uruguay seguirá la tendencia global de apostar cada vez más a Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS); sin embargo, las SA, tal como están concebidas ahora, “ya no son tan anónimas, y deben serlo cada vez menos por obra de la fiscalidad”.
Para cumplir exigencias de la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico (OCDE), Uruguay aprobó en 2014 la Ley 18.930, de convergencia técnica en materia de transparencia fiscal internacional, obligando a los titulares de acciones al portador de sociedades anónimas a identificarse en un registro creado en el Banco Central. A efectos de controlar estos tipos de sociedades tan heterogéneas entre sí, la AIN debería elaborar una matriz de riesgos, de modo de filtrar “lo que merece ser controlado o lo que se necesita”, en función de la calidad de la información presentada, el sector de actividad, los niveles de endeudamiento y rentabilidad, la composición del capital y la pertenencia al grupo económico que integra.
Bergalli consideró que mediante estos indicadores, la AIN debería volverse más eficiente en su labor, percibiendo qué empresas son más riesgosas ahora y también en el futuro. Además, consideró que la información presentada -que debería ser “más detallada y completa”- se tendría que poner “al servicio de la sociedad”, a modo de aporte y de fiscalización de la propia población.