Gabriela y Gabriel murieron el jueves 5 en Paso de los Toros, Tacuarembó. No eran pareja pero tenían un vínculo. Ella trabajaba en el frigorífico, tenía 30 años y una hija de 11; él, un militar de 42 años que había renunciado hacía poco, tenía cuatro hijos. Los testigos cuentan que estaban tomando algo en una whiskería cuando apareció la ex pareja de ella, otro ex militar, dado de baja por problemas de conducta y robo de armamento. Después de tomar una cerveza, él salió y llamó a Gabriela para conversar. Una vez afuera, la acuchilló, y también a Gabriel, que había salido a defenderla con el cinto en la mano.

El crimen dejó a la población “muy sensibilizada”, cuenta Nadia Barreto, trabajadora social que integra el colectivo Un Paso hacia la Igualdad. Creado hace seis meses, el grupo nuclea a 15 profesores, arquitectos y amas de casa dedicados a concientizar a los 15.000 habitantes de Paso de los Toros sobre violencia de género, explotación sexual y diversidad. El domingo, en una marcha que organizaron en repudio del crimen, les llegó información sobre diez casos de violencia. “Es un pueblo de militares, muy machista”, define la militante.

El lunes, el asesino fue procesado con prisión por doble homicidio especialmente agravado, según informó Semanario Centro. Para los integrantes de Un Paso hacia la Igualdad se trata de un crimen de violencia de género, aunque una de las víctimas sea hombre, y, además, de una muerte anunciada: Gabriela había hecho varias denuncias de palizas y maltratos que no tuvieron efecto. Cuando ella lo acusó de haber entrado a su casa sin su permiso, él presentaba mensajes de texto en los que ella decía que lo extrañaba. “La gente pregunta para qué volvió con él. Es muy difícil enterar a la gente de que eso es parte del ciclo de violencia, que no hay que juzgar a Gabriela”, dice Barreto.

Es el primer caso de este tipo en la ciudad en 2015. La organización entiende que hay una carencia de espacios de escucha y contención. En una de las seccionales hay una Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género que cuenta con dos mujeres policías, pero Barreto considera que hace falta una atención integral e interdisciplinaria. La organización intentó comunicarse con el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para plantear sus inquietudes, pero no obtuvo respuesta. “Nadie de las autoridades se preocupó por cómo está la familia”. Un comunicado que difundió el colectivo ayer señala algunas debilidades, como la falta de seguimiento luego de que la denuncia llega a la Justicia y la necesidad de viajar 140 kilómetros hasta la ciudad de Tacuarembó; aunque el Mides facilita pasajes para realizar las denuncias, muchas veces las mujeres no pueden alejarse de su hogar. Barreto dio ayer una charla en el barrio donde vivía Gabriela, Complejo Charrúa. Hoy se reunirán con los concejales locales para pedir un espacio físico donde recibir denuncias y ofrecer asesoramiento, algo que puede ayudar a prevenir casos como el de Gabriel y Gabriela: “Estas muertes se podrían haber evitado”.