Tenemos que “superar 80 años de atraso”, expresó ayer el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, al presentar el proyecto de ley de salud mental que derogará la ley Psicópatas, vigente desde 1936. Basso afirmó que el presidente Tabaré Vázquez elevaría el proyecto al Parlamento en el correr del día de ayer; hasta ahora se divulgó solamente la exposición de motivos, pero el articulado no está disponible.
La presentación se hizo en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y asistieron legisladores, representantes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), de la academia, profesionales, funcionarios, usuarios, familiares y organizaciones que trabajan el tema.
Una de las principales fortalezas del proyecto de ley fue la manera en que se gestó. En marzo, no bien asumieron las actuales autoridades -y antes del escándalo que significó el fallecimiento de un paciente en la Colonia Etchepare por las mordeduras causadas por una jauría de perros-, la Comisión Asesora Técnica Permanente (CATP) del MSP había convocado a organizaciones de la sociedad civil para elaborar un proyecto que sustituyera la ley de 1936. Durante tres meses más de 30 organizaciones con representantes de la academia, usuarios, familiares, asociaciones de profesionales y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), entre otras, trabajaron en las bases que debería tener la ley de salud mental. Los lineamientos fueron un insumo para que las autoridades ministeriales elaboraran un borrador que fue puesto a consulta de las comisiones de Salud de las cámaras de Diputados y Senadores.
Otro modelo
Otro de los principales valores del proyecto es que tiene una perspectiva de derechos humanos. Se piensa en la persona como un sujeto de derecho que no debería perder la posibilidad de vivir en comunidad, de ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ni ser violentado con prácticas que deberían protegerlo. Ariel Montalbán, responsable del Programa de Salud Mental del MSP, enumeró el “derecho a la autonomía, a la privacidad, a la atención oportuna, continua y a las garantías para la hospitalización”.
Tanto Basso como Montalbán y Homero Peyrot, integrante del grupo de familiares Caminantes y presidente de la CATP, resaltaron el enfoque del proyecto: pensar la salud mental como parte de la salud integral. “Se rige por los principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud [SNIS]: universalidad, equidad, accesibilidad, calidad”, aseguró Basso, que advirtió que “no es un tema exclusivamente vinculado al sector público”, sino que involucra a las más de 40 instituciones que forman parte del SNIS.
Se propone cambiar el modelo de atención. El énfasis estará en el primer nivel de atención -la que se hace en policlínicas- y en la prevención. Montalbán anunció un “sistema de red única con puerta de entrada en primer nivel de atención, en el equipo básico general”. Habló de que haya “un pasaje por estructuras progresivas y complementarias que se adecuarán a las necesidades de cada persona”. Sostuvo que “el tratamiento se realizará por un equipo interdisciplinario, con especificidades de acuerdo al nivel de complejidad” y que “la rehabilitación estará integrada al tratamiento desde el inicio, a los efectos de minimizar el impacto actual y futuro del trastorno mental en la persona, en su vida, en su entorno”. Se buscará evitar “medicalizar y psiquiatrizar situaciones que son psicosociales”, dijo Montalbán. Para eso, se apoyará en el trabajo de equipos interdisciplinarios.
Se apuesta a “superar el modelo asilar” y “al cierre progresivo” de los hospitales psiquiátricos. El cierre no se hará de golpe: primero se crearán “estructuras alternativas que implican el desarrollo en comunidad de un sistema de dispositivos, algunos sanitarios, otros sociales y otros mixtos”, explicó Montalbán. Detalló que para eso se dispondrá “la internación en hospitales y salas generales, hogares de medio camino, hospital de día, residencias asistidas, centros de rehabilitación, apartamentos autónomos”. De esa forma se evita la estigmatización y separación física y social que implica una internación en un psiquiátrico, además de facilitar el abordaje en una institución de menor tamaño e inserta en la comunidad.
Para garantizar que realmente se cierren los psiquiátricos, el proyecto contiene un artículo que “prohíbe nuevas internaciones en las estructuras asilares existentes”, anunciaron las autoridades, y ya trabaja en un plan de desinstitucionalización. En caso de ser necesaria la internación, se buscará que sea lo más breve posible, sin límite de cobertura -hasta ahora las mutualistas tienen un tope de 30 días- y que sea en hospitales o sanatorios generales, dijo Montalbán. En este escenario, desaparecerán las colonias psiquiátricas, otros sanatorios privados, y el hospital Vilardebó “tendrá que reconvertirse de acuerdo a este nuevo modelo”, explicó Montalbán, que indicó que podrá ser “un hospital de día o un centro de rehabilitación”.
Todo esto implica un cambio cultural, porque la idea no es apartar a las personas con problemas, como ha hecho la sociedad uruguaya hasta ahora, sino incluirlas. Supone, también, la capacitación del personal de salud y su apoyo al abordaje propuesto.
Montalbán afirmó que “la presencia de trastorno mental no significa de por sí la inexistencia de discernimiento”, y que “el consentimiento libre e informado debe constituir la base del tratamiento y la rehabilitación, y es necesario agotar todos los esfuerzos para que una persona lo acepte voluntariamente”. Puntualizó que “se establecen los requerimientos y las garantías para la internación involuntaria”. Se creará un órgano de contralor de la ley y de los derechos de los usuarios, y esa institución, en la que estarán representados los prestadores de salud, los usuarios, la academia y organizaciones sociales, vigilará las internaciones involuntarias y las internaciones que superen los 45 días.
Puntos de vista
Radio Vilardevoz, la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna y la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay participaron en la redacción de los lineamientos, y ayer estaban considerando la posibilidad de emitir un comunicado sobre las diferencias que tienen con el proyecto, transmitió a la diaria Laura Reina, de Vilardevoz.
Reclaman que el órgano de contralor no esté dentro del MSP, sino que sea independiente, tal como lo dispone la Organización Mundial de la Salud. Piden que se ubique dentro de la INDDHH y que tenga una participación paritaria, evitando una sobrerrepresentación de la academia o de determinados colectivos de profesionales.
Vilardevoz señala diferencias entre lo que se expresa en la exposición de motivos del proyecto de ley y lo que se plasma en el articulado. Por ejemplo, respecto del artículo que plantea que “se promoverá” que la salud mental sea atendida por equipos interdisciplinarios, piden que no se use ese término, que es una expresión de deseo, sino que se disponga que sea así, y que haya equipos en todos los niveles de atención. También piden que los tratamientos sean “indicados desde la individualidad y la integralidad de la persona; no pueden ser indicados a modo de castigo, para sustituir otros abordajes, o por conveniencia de terceros”, explicó Reina. En la mira están las prácticas terapéuticas como el electroshock.
Autoridades de la Sociedad de Psiquiatría y de la Facultad de Medicina, Cecilia Idiarte Borda y Sandra Romano, saludaron la concreción del proyecto y la opinión unánime que hubo en la CATP para cerrar las estructuras asilares y encaminarse hacia otro modelo de atención.
Pablo Cabrera, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, explicó que el gremio está discutiendo el proyecto. Saludó que se debata la atención de la salud mental y manifestó que deberá trabajarse con el Poder Judicial, que es el que actualmente determina dónde internar a los pacientes judiciales (mayoritariamente se hace en el Vilardebó). Si bien consideró correcto “que se trate a la salud mental como cualquier otra patología”, recomendó que haya “un centro que se especialice en diagnósticos”. “Sacar a los pacientes del sistema de salud no se puede resolver en poco tiempo; no están dadas las pautas hoy para ese avance y es necesario apuntar a la formación de valores, al aspecto cultural”, consideró.
Consultado por la diaria, el psiquiatra Ángel Ginés, referente en el tema, opinó que el proyecto “incluye todos los elementos básicos para seguir avanzando y transformando la realidad de la salud mental”. Respecto de los desacuerdos, indicó que “hay que saber encauzar con inteligencia los conflictos, de modo que bienvenidos los proyectos que tienen sus conflictos, porque los otros están muertos”. No se cierra una etapa, sino que se abre.