Cerca de 1.000 trabajadores de la cosecha de la empresa salteña Caputto esperan cobrar hoy el 70% restante de la liquidación del salario vacacional y el aguinaldo que la empresa les adeuda desde principios de noviembre. “Quisiéramos tener confianza en la empresa”, dijo Pablo Torrens, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT de Salto, que ayer acudió a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes junto a dirigentes sindicales de la empresa. No es la primera vez que los trabajadores asisten a la comisión. “Soy nuevo en la Cámara y en este año ya van dos o tres veces que vienen a la comisión. La empresa no nos ha dado la chance de poder charlar con ellos”, ilustró el diputado nacionalista Wilson Ezquerra.
La deuda que la empresa tiene con los trabajadores es en promedio de entre 15.000 y 20.000 pesos por empleado, dijo el diputado frenteamplista Óscar Andrade. Hasta el viernes los trabajadores no habían recibido un solo peso de la liquidación de su labor zafral, pero ese día la empresa decidió presentar una propuesta para pagar 30% de lo adeudado, informó el legislador. En esa instancia, explicó Torrens, los trabajadores presionaron a la empresa para que pagara una mayor cantidad de dinero, pero ésta indicó que no tenía capital para responder a la demanda. Según agregó Ezquerra, los empleados zafrales solicitaron 10% más de dinero por la demora en cobrar el sueldo.
Ayer, la empresa debía presentarse en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para una instancia de negociación con los trabajadores, pero sus representantes no concurrieron, explicó Torrens, argumentando que se le habían destrabado créditos con el Banco República para hacer frente a la demanda sindical.
Andrade dijo que la situación es “increíble”, con el agravante de la fecha en que se presenta. También consideró que es necesario buscar un mecanismo de control general más efectivo para el trabajo zafral, especialmente en el medio rural, donde frecuentemente hay “evasión de aportes, cero medidas de seguridad y una tendencia a la precarización”. Según dijo, hay que fortalecer la fiscalización de la Inspección General de Trabajo en este tipo de actividades.
La delegación sindical dijo que la empresa había aducido que tenía deudas bancarias, aunque Ezquerra dejó en claro que los legisladores no vieron “nada oficial”. “La idea es citar a la empresa a ver si ahora responde”, dijo el diputado. la diaria intentó, sin éxito, comunicarse con directivos de Caputto.
Según Torrens, existe una “estrategia patronal” de la empresa, que busca “generar las condiciones en la opinión pública de que no están solventes, pero quienes somos de Salto sabemos que no están en crisis”.