Ayer se llevó a cabo el “Diálogo sobre la objeción de conciencia en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo” que organizó el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina a partir de una propuesta de la Coordinadora por el Aborto Legal.

Francisco Cóppola, profesor de la Clínica Ginecotocológica A del Hospital de Clínicas, mencionó que hay “verdaderos objetores”, que son los “ginecólogos que tienen compromiso de conciencia” y que respetan la autonomía del paciente, la confidencialidad y no tratan de convencerla; identificó ginecólogos “que no tienen compromiso de conciencia, son objetores y quieren moralizar a las pacientes”, no respetando, de esa forma, el marco ético; y dijo que están “los seudoobjetores” que son “quienes no tienen convicciones pero están contra la ley por razones políticas o por intereses personales”.

A partir del reclamo de un grupo de ginecólogos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló en agosto artículos del decreto reglamentario de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); eso habilitó a los ginecólogos a hacer objeción de conciencia en la consulta pre y pos aborto, no sólo en el acto de interrupción, y a quitar el inciso que establecía que el médico no debía imponer sus convicciones filosóficas o personales. Cóppola expresó que por encima de esa norma está el Código de Ética Médica, que por ley establece que es deber del médico respetar la autonomía de la persona y no manipularla en sus convicciones. Lamentó que no haya un tribunal que pueda separar a un objetor de un seudoobjetor y dijo que “una persona seudoobjetora no tiene derecho a hacer objeción de conciencia”. Por otro lado, consideró que “no es lo mismo el derecho a la libertad a preservar la conciencia que el derecho a asistirse de una mujer”, sino que el derecho de la mujer está por encima.

Washington Lauría, de la Clínica B, y Mariana Boutmy, de la Clínica C, ambos objetores, defendieron el fallo del TCA; fueron dos de los 20 ginecólogos que presentaron el recurso. Lauría se dedicó a repasar las normas nacionales y tratados internacionales, y reafirmó que la objeción de conciencia es una decisión “estrictamente individual”. Aseguró que el derecho a la objeción “no quiere decir dejar a la paciente desamparada”, sino que implica derivarla a otro médico, y aclaró que “informar” no significa cuestionar a la mujer. Dijo que “es responsabilidad del Sistema Nacional Integrado de Salud mandar a un médico que no sea objetor”.

Boutmy defendió que los médicos puedan hacer objeción en todos los pasos del proceso, y que los ginecólogos no tengan que justificar por qué hacen la objeción, porque “hace a la intimidad del objetor”, aunque comentó que eso “hace imposible diferenciar lo que algunos llaman objetores de sudoobjetores”. Manifestó acuerdo con que el Ministerio de Salud Pública maneje los datos de cantidad de objetores, pero no que lleve los nombres, “para que no sean objeto de discriminación”, y dijo que “no es justo responsabilizar a quienes hacen objeción”. Criticó que uno de los artículos del decreto prohibía mostrarle a la paciente la imagen del feto en el monitor: “Me parece que es fundamental que lo pueda ver, que pueda objetivar para tomar una decisión”.

Susana Rostagnol, de la Coordinadora por el Aborto Legal, dijo que el derecho es a la libertad de conciencia y no a la objeción, y comentó que en el caso de Salto fue “una acción corporativa más que individual”. El abogado Hoenir Sarthou criticó que se invoque la objeción de conciencia por intereses personales, y afirmó que la objeción es “muy poco compatible con un sistema jurídico democrático y con un sistema de igualdad ante la ley”. Observó que se pasó “de un día para el otro de un régimen de prohibición con sanción penal a una conducta a convertirla en obligatoria para todos los profesionales del área salvo a los que presentan objeción de conciencia, y nos salteamos de alguna manera el concepto de facultad, de posibilidad”, de dejarlo librado a cada profesional. Hugo Rodríguez, del Departamento de Medicina Legal, dijo que una solución sería llamar a ocupar determinados cargos a personas que no sean objetoras. Desde el público una ginecóloga lamentó que objetores y seudoobjetores estén “en la misma bolsa”.