La directora general de Comercio, Rosa Osimani, dijo a la diaria que el proyecto de ley de zonas francas remitido hace seis meses por el Poder Ejecutivo al Parlamento “va a tratarse no bien el trabajo del cuerpo se retome del receso parlamentario” y que luego, desde el Ministerio de Economía y Finanzas “pretendemos rápida aprobación”.

Los cambios más importantes en el régimen refieren al control y la descentralización de las actividades económicas. Sobre el primer punto, Osimani dijo que se agrega “algún control más” en los contratos. Se incorporarían la solicitud de autorización y prórroga, de manera de que los contratos no sean “de una vez y para siempre” y también a efectos de “obtener información actualizada sobre la actividad de esa empresa y su contribución al régimen en materia de empleo, generación de inversiones y exportaciones”, explicó.

El proyecto también busca eliminar las “desventajas” de las zonas francas al interior, y procura que los nuevos proyectos se instalen allí mediante una “exoneración extra” en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, de acuerdo con el aporte que hagan en generación de empleo. Prevé además que las zonas tengan una “característica temática”, es decir, que se dediquen a “una actividad en especial”, sostuvo la directora de Comercio.

El proyecto de ley modificaba el nombre de las zonas francas, que pasaban a llamarse “zonas económicas especiales”. Sin embargo, en atención a una objeción planteada por los empresarios locales, se contemplará la denominación original. “La idea era sacarle esa connotación que se tiene desde afuera, de que las zonas francas son algo oculto y no se sabe lo que pasa ahí dentro”, dijo Osimani.

Por el momento, hay dos interesados en generar nuevas zonas, que se localizarían en Maldonado “para aprovechar buena parte de la infraestructura turística”, dijo Osimani. Una de ellas ofrecería servicios de salud, básicamente “grandes clínicas especializadas en determinadas dolencias”, en busca de “captar a la gente que viaja al exterior para hacer determinados tratamientos”. La otra se centraría en el área audiovisual y realizaría “inversiones en estudios para levantar algunos obstáculos a los que se ha enfrentado el desarrollo del sector”.

Ayer, integrantes del Área Zonas Francas de la Dirección de Comercio presentaron los resultados preliminares de la encuesta correspondiente a 2014. Por medio de un sistema de encuestas online, se relevó que las zonas francas uruguayas emplean a unas 13.800 personas: 11.500 dependientes locales, 1.200 extranjeras y 1.130 de manera indirecta.

Los trabajadores nacionales ganan en promedio 2.200 dólares mensuales, mientras que el salario de los extranjeros ronda los 7.200. Por otro lado, contribuyeron el año pasado con inversiones por 720 millones de dólares (5,9% del total en la economía).