Un total de 26 funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) procesados como autores y cómplices de tortura, 17 de ellos al principio con prisión; un par de dirigentes sindicales que terminaron renunciando a sus lugares en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT (uno de ellos es nada menos que Joselo López, el entonces vicepresidente de la central, que fue procesado sin prisión), y un paro, calificado por los propios dirigentes como “el más grande de los últimos años”, tan empañado que ni siquiera pudo ser la noticia del día de esa jornada. Ésos son algunos de los costos visibles que ha pagado el PIT-CNT desde que se difundió el video sobre los hechos ocurridos la noche del 24 de julio en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).

La reacción de la central sindical se hizo pública el 12 de agosto en un comunicado en el que se deploraban “las agresiones que se ponen de manifiesto en el video” y se llamaba a crear una comisión de ética y propuesta, con el doble objetivo de verificar si la conducta de los funcionarios se había ajustado a la ética del movimiento sindical y de proponer ideas para evitar situaciones de violencia. Nueve días después, el juez Gustavo Iribarren procesaba a 26 de los funcionarios que aparecían en el video.

La comisión tenía en principio un mes para resolver, y su respuesta llegó el 15 de setiembre. En realidad, no fue una respuesta, sino dos: una parte de la comisión, mayoritaria, sostuvo que no había elementos para probar que López y los afiliados al Sindicato de Trabajadores del INAU (SUINAU) hubiesen incurrido en faltas éticas, mientras que un informe minoritario sostuvo que se necesitaban más elementos para expresarse. El resultado fue que el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT le dio más tiempo a la comisión para que resolviera el caso. Desde entonces no hubo más noticias, y la mayoría de los integrantes del Ejecutivo de la central desconocen qué pasó con la comisión. “Murió por inanición”, llegó a decir uno de los consultados por la diaria.

Uno de los integrantes de este grupo de ética y propuesta, el dirigente bancario Ricardo Ibarburu, dijo que después de los informes de setiembre la comisión se reunió un par de veces más, y en el último encuentro, a comienzos de noviembre, llegaron a una posición común, aunque no estaban todos los miembros del grupo. “Elevamos al Secretariado esa postura y no nos convocaron de nuevo”, contó. En esa última reunión, recordó Ibarburu, faltaba, entre otros, el representante de la Comisión de Derechos Humanos de la central, Edgardo Oyenart. Ibarburu no sabía, pero Oyenart había renunciado para “dejarles un espacio a los compañeros”. Según dijo a la diaria, su lugar no fue ocupado.

En tanto, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, quien tampoco sabía de la renuncia de Oyenart, sostuvo que la comisión seguirá trabajando. “Por distintos motivos no se ha citado, pero se va a seguir trabajando”, aseguró. “Hasta que no se exprese el Secretariado, la comisión sigue en curso. Quizá no al ritmo que tal vez se planteó al principio, pero eso sucede con casi todas las cosas”, explicó.

Otro de los integrantes de la comisión, el dirigente ferroviario Ricardo Cajigas, ratificó que el grupo no se reúne desde noviembre porque “todos los integrantes teníamos muchos compromisos”. “Estoy esperando a la próxima sesión del Secretariado para preguntar cuándo seguimos con esto”, dijo. Cajigas sostuvo que ha habido “algunos elementos nuevos”, por ejemplo, que la comisión que creó el gobierno para elaborar un protocolo de actuación en el Sirpa culminó su trabajo. Esto, argumentó, permite concluir dos cosas: “que era cierto lo que decía el sindicato en cuanto a que no existía el protocolo, y que los trabajadores, con excepción del que le pega una patada en el piso a un interno, aplicaron en ese momento lo mismo que ahora dice el protocolo”.

Desde la Agrupación 5 de Marzo, liderada por el dirigente Richard Read (quien pidió la renuncia de López, se opuso a la creación de la comisión y terminó renunciando al Secretariado Ejecutivo), sostienen que los hechos terminaron por darles la razón. El sucesor de Read en el Secretariado, Fernando Ferreira, expresó: “La comisión quedó trunca y, por la vía de los hechos, se desarmó. No nos ponemos contentos, pero tenemos la satisfacción de que el tiempo y las situaciones que se dieron mostraron que nuestra postura era acertada”.