Estaba cantado que, siendo un evento sobre diversidad sexual, aparecieran mencionados los dichos de Enrique Cachete Espert en contra de los planes de la Intendencia de Montevideo de admitir mujeres trans como participantes del concurso de Reina del Carnaval. Ayer, en la sala Paulina Luisi del edificio anexo del Palacio Legislativo, se presentó el informe “Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex [LGBTI] en América”, que elaboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Son expresiones realmente intolerantes, una muestra de prejuicios totalmente inaceptable en una sociedad democrática”, dijo Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. “Es una persona que tiene responsabilidad pública que no puede admitir que haya una política pública de inclusión y lo rechaza de la forma más grosera”, señaló. El relator eligió el ejemplo candente de Espert para analizar, en tono más general, las expresiones discriminatorias que juegan en los límites de la libertad de expresión. “Cuando criminalizamos una serie de expresiones no sabemos dónde empezamos y dónde terminamos. Una de las cuestiones que ha promovido la CIDH es el debate público de quienes han sido ofendidos”, dijo Lanza, y marcó la diferencia entre los dichos meramente ofensivos -que estarían protegidos por la libertad de expresión- y los que incitan al odio y deben ser prohibidos por el Estado con medidas civiles o penales. Lanza, que fue una voz activa en la discusión sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, criticó al Parlamento por no haber “defendido” la norma, que crea la Defensoría de las Audiencias y la habilita a señalar los posibles discursos discriminatorios en los medios. “Uruguay gasta millones y millones de dólares que se van año tras año en publicidad oficial en medios que no comprenden que tienen que colaborar con la igualdad”.

Fue la jamaiquina Tracy Robinson, relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, quien presentó el informe, elaborado a lo largo de diez años (2005-2015) en base a audiencias públicas, organizaciones civiles, expertos y datos de origen estatal de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Robinson destacó especialmente el problema de la invisibilización de la población intersexual -los nacidos con características genéticas de hombre y de mujer-. El informe señala que ninguno de los encuestados uruguayos dijo conocer a otra persona abiertamente intersexual. Además, existe una forma de “violencia médica” que no se reconoce como tal; la mayoría de los niños y niñas que nacieron con esas características en Uruguay fueron sometidos a cirugías de “normalización”, y se les informó sobre la cuestión después de las operaciones. En general, dice el documento, esos casos no se registran como actos de violencia, lo que dificulta su seguimiento, pero la CIDH señala que es un fenómeno en aumento y lo califica de “mutilación infantil”. “Las organizaciones y activistas intersex se refieren a estas cirugías como ‘cosméticas’, porque su único propósito es hacer que los cuerpos se parezcan más a los estándares dominantes sobre cómo se considera que debe ser la apariencia de un cuerpo ‘masculino’ o ‘femenino’. [...] Se ha denunciado que estas cirugías y procedimientos -en su mayoría no necesarios desde un punto de vista médico- generan enormes daños en niños, niñas y adultos intersex que incluyen, entre otros: dolor crónico, trauma permanente, insensibilidad genital, esterilización y capacidad reducida o pérdida de la capacidad de sentir placer sexual”.

El informe señala también preocupación por la población trans, en particular por las condiciones de salud precarias de las trabajadoras sexuales, los abusos por parte de la Policía y los asesinatos no resueltos. “Cuando a algunas personas las rapiñan en la calle o les roban la casa, ni se molestan en hacer la denuncia, porque creen que es una pérdida de tiempo. Hay una cifra oculta de determinados delitos, que no son contra las personas, que tienen niveles altos de impunidad. Pero el homicidio no tiene niveles altos. Llama la atención cuando eso pasa. Sin embargo, si vamos a la proporción de las víctimas, los crímenes contra las mujeres trans saltan a la vista”, dijo Juan Faroppa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Faroppa coincidió con el informe en que el acceso de personas trans a la Justicia es un tema que hay que discutir “en estos tiempos que anuncian una posible reforma constitucional que tan bien le vendría a este país”.

Pero no todas son pálidas para Uruguay. La relatora de la OEA destacó los avances “notables” de Uruguay en la protección de los derechos de las personas LGBTI que reconoce el informe: las penas especiales para los crímenes de odio basados en la orientación sexual de la víctima, las celdas o pabellones específicos para mujeres trans y hombres gay que existen en algunas cárceles uruguayas, y la ley de 2009 que habilita el cambio de género y nombre en los documentos de identidad.