El 22 de diciembre el juez en lo civil de 2º Turno, Alejandro Martínez, ordenó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) entregar en el plazo de 15 días la información sobre los gastos realizados por la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP) “en la contratación de consultoras, viajes y viáticos relacionados con ese proyecto portuario”. Según un comunicado de prensa emitido ayer por el movimiento Uruguay Libre de Megaminería, organización que requirió el acceso a esa información en marzo de este año, Presidencia entregó los datos existentes en sus registros en abril, pero el MTOP y la CND “se negaron a hacerlo alegando que un contrato firmado entre ambos le asignó carácter confidencial”, lo que “obligó a realizar una acción ante la Justicia al amparo de la Ley 18.381 que regula el derecho de acceso a la información pública”. En la audiencia del 21 de diciembre, “los demandados ratificaron su negativa”, la CND “alegó que el solicitante carecía de un interés directo, personal y legítimo para requerir la información”, desconociendo que la ley antedicha establece que “el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información”, agrega el comunicado.

Uruguay Libre de Megaminería expresó que “se había informado” que la CIPAP dispondría de 700.000 dólares “para los estudios que pretendía realizar”, pero la copia del contrato entre el MTOP y la CND presentada en la audiencia judicial “permitió saber” que el entonces presidente José Mujica “elevó esos recursos en 2013 hasta dos millones de dólares”. “Los estudios técnicos realizados por científicos uruguayos para la CIPAP insumieron en total unos 120.000 dólares. ¿Adónde fue a parar el resto?”, se preguntan en el comunicado.

El periodista Víctor Bachetta, integrante de Uruguay Libre, explicó que como el fallo ocurrió el 22 de diciembre y la feria judicial se inició al día siguiente, tanto el MTOP como la CND tienen varios días de plazo para recurrir la decisión del juez, que se terminaría de cumplir recién después del descanso de la actividad judicial. Esto implica que el plazo de 15 días para que los organismos del Estado entreguen la información comenzaría a correr recién luego de esa fecha, en caso de que no decidan apelar.

La organización, que se opone a las explotaciones mineras a cielo abierto, entiende que el proyecto de construcción de un puerto de aguas profundas en la zona de El Palenque, en la costa de Rocha, “tenía como único sustento económico” la inversión de la minera Aratirí, instalada en la zona de Cerro Chato, que “no se encontraba aprobada y obedecía a una coyuntura especulativa excepcional que solo duró unos pocos años”.

Para Uruguay Libre, la CIPAP “no sólo ignoró los informes técnicos que calificaban como altamente desfavorables los impactos sobre el medioambiente, el turismo y la calidad de vida en la zona -y que indicaban la necesidad de estudios físicos reales para tomar una decisión de esa envergadura- sino que también pasó por alto las evaluaciones que indicaban la inviabilidad económica del proyecto por carecer del potencial de cargas requerido, inclusive con el hierro de Aratirí”.