El Ministerio del Interior (MI) tiene una Unidad de Comunicación (Unicom) fuerte. Desde 2008, y más aun después de que asumió Eduardo Bonomi (2010), está al alpiste de qué comunica la prensa. Para el MI es importante que la opinión pública esté de su lado y que se deje de “desestimar [las actuaciones policiales] que generan precedentes” del buen accionar, dijo el ministro. Por ese motivo ayer se realizó una conferencia que encabezó Bonomi, el director de la Guardia Republicana (GR), Rovert Yroa, el jefe del Departamento de Fauna del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Jorge Cravino, y el representante de los productores ribereños del río Cebollatí, Horacio Aramendía. El objetivo: refutar lo alegado en el programa televisivo Santo y Seña sobre la fuerza de choque, emitido por Canal 4 el miércoles 16. El programa difundió las denuncias de varios funcionarios del MI sobre “abusos de funciones” en la GR ante Asuntos Internos del MI, tras las que resultaron sumariados nueve de los denunciantes. Según ellos, las detenciones e incautaciones realizadas el 15 de agosto durante un operativo contra la caza furtiva en el río Cebollatí fueron arbitrarias. La versión oficial es otra: aseguran que el programa se basó en “un rosario de mentiras y afirmaciones que no tienen atrás ni un sólo elemento probatorio”.

Por otro lado, Bonomi anunció, al mismo tiempo que se publicó en la página web de Presidencia, que el MI y el MGAP promovieron un proyecto de ley para aumentar las penas por abigeato, que el Poder Ejecutivo ya envió al Parlamento. El texto propone modificar los artículos 258 y 259 del Código Rural. Se incrementarían los castigos y las penas para los agravantes ya establecidos, se eliminaría la facultad del juez respecto de la aplicación de penas sustitutivas, y se ampliaría la jurisdicción de aplicación de la norma, incluyendo las zonas urbanas.

El artículo 1º estipula de 12 meses a ocho años de cárcel para quien “con intención de matar, diere muerte, faene o se apodere con sustracción de ganado vacuno y búbalo, caballar, lanar, cabrío, porcino, cualquier otra especie de corral o criadero, colmenas, cueros, lanas, pieles, plumas o cerdas ajenos”. También será castigado con igual pena quien “reciba, oculte, comercialice los productos obtenidos de la comisión de un delito de abigeato” y quien marque “ganado ajeno, o quien señale, borre, modifique o destruya dispositivos de identificación individual del rodeo, o las marcas y señales de animales o cueros que no son de su propiedad para aprovecharse de ellos”.

El artículo 2° establece que la pena prevista será de dos a diez años de prisión cuando el delito se ejecutara con participación de dos o más personas, si para cometerlo se emplearan vehículos de carga aptos para el transporte de los objetos robados o si se dañaran cercos, hubiera cortes de alambre o destrucción de postes, cadenas o cerrojos de porteras.

Bonomi agregó que también están “considerando” establecer como “delito precedente de lavado de activos todos los delitos que obtengan un monto mayor a determinar”. La idea empezó a manejarse “a partir de los casos de abigeato” ya que consideran que “está relacionado con el crimen organizado, con actividades comerciales e industriales, con la venta en carnicerías y el traslado a frigoríficos”. El ministro explicó que “si alguien comete un delito precedente se puede pedir que justifique cómo adquirió sus bienes; si no es así la Justicia le tiene que probar a él que lo adquirió de forma irregular [...]. Permite combatir mejor los delitos, que son por dinero, y si no se pueden hacer por dinero, se quita la motivación”, sostuvo.

El encargado del Departamento de Fauna, Cravino, aprovechó la ocasión e hizo público su pedido a los jueces: que interpreten el Código Rural como se debe “y de una vez por todas puedan decidir que algunos casos puntuales de ataque a la fauna silvestre pueda configurar un delito”. Cravino explicó que el Código Rural establece que los animales silvestres pertenecen al propietario del lugar donde habitan; por ello se pregunta “si por esta razón matar un carpincho y comercializar la carne no es un delito de abigeato y faena clandestina”, alegando la necesidad de “que los jueces puedan interpretar las normas que me parecen que son claras”, porque desde su departamento no se puede penar.

Showtime

Una de las denuncias realizadas en el programa televisivo involucra directamente a Yroa. Según el relato de Sergio Núñez, que en ese momento trabajaba como chofer de la GR, un equipo estaba entrenando disparando con “fusiles hacia un terraplén precario” fuera del polígono adecuado. Asegura que una de las balas le rozó la oreja, pero gracias a que tenía la cabeza cubierta con un “gorro de metal” no murió. Núñez cuenta que le dijo a Yroa que no podía hacer tiros ahí, él le preguntó si era especialista en el tema y lo mandó a atenderse con el médico de la unidad, que le diagnosticó traumatismo en la zona capilar. Al respecto, Bonomi sostuvo que “en un cuerpo de elite se estila tirar bajo estrés, se hacen ejercicios y se tiran en distintos lugares y ambientes”, y que eso fue lo que Núñez presenció. A su vez, aseguró que no hubo heridos. Afirmó que antes de hacer la denuncia administrativa “tuvieron que pasar por un médico que no certificó ninguna herida de bala porque no la había” y que “en los organismos donde se está investigando se desestima” lo dicho por Núñez.

Bonomi también habló de otra denuncia, que “tiene que ver con algo que de alguna manera es más grave”. El ministro se refería a la denuncia de los funcionarios de boina negra separados de sus cargos que acusan de “peculado” a Yroa y al inspector Luis Pereyra, encargado de la Zona III Interior (la chacra donde se cría y doma equinos de la GR en Florida), por la detención arbitraria de cazadores. Richard Deniz, que trabajaba como administrativo de Coraceros, denunció públicamente a Yroa, entre otras cosas, por “haber salido a cazar especies prohibidas de animales”.

Bonomi e Yroa desmintieron la acusación y afirmaron que lo que se llevó a cabo en agosto fue un operativo en el río Cebollatí que tuvo como resultado la detención de nueve cazadores furtivos, la incautación de diez carpinchos semifaenados, 12 armas de grueso calibre y tres embarcaciones de las 16 que había en el río. Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y posteriormente fueron puestos en libertad debido a que la caza no es un delito, sino una infracción, explicó Cravino en aquel entonces. Se asegura que se trata de “cazadores que aprovechaban la creciente, que saca a sus presas de sus madrigueras”.

La versión de dos de los detenidos es otra. Afirman que son cazadores deportivos que estaban en el lugar y momento inoportunos, y víctimas de “un invento” de la GR “para quedarse con un bote y motor importado” y varias armas. El comunicado de la Unicom del 15 de agosto asegura que los cazadores “integran una organización que abastece a carnicerías del interior y que también practica el abigeato”. Además, Bonomi aseguró ayer que la operación surgió “a pedido de los productores rurales” porque no era la primera vez que había embarcaciones recorriendo el río y disparando a animales y ganado aislado por la creciente.

Bonomi enmarcó ese operativo en la lucha contra el abigeato. Aseguró que ese delito tiene “distintas modalidades” y que una de ellas es “el uso de las inundaciones en la caza furtiva”. El representante de los productores, Aramendía, dijo que cuando crece el río “parece una batalla campal, porque las balas de las armas de alto calibre no paran cerca y le zumban a la gente que está trabajando, a los vecinos”. Por otro lado aseguró que si había 20 animales, después de las crecidas aparecen menos, algunos descuartizados. Por eso “se le solicitó a la GR ayuda. Hace rato que no podíamos controlarlo, hacíamos la denuncia, pero nadie los podía agarrar”. Aramendía aseguró que los detenidos en la operación son “profesionales”.