Ayer se aprobó por 65 votos en 85 en la Cámara de Representantes la ley que prohíbe tomar alcohol a los conductores de vehículos. El Senado había dado la media sanción de forma unánime el 2 de setiembre. Horas antes, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Gerardo Barrios, dio una conferencia junto al Ministerio del Interior en la que presentó datos preliminares sobre tránsito (ver nota en página 8). El gobierno pretende reducir la tasa de siniestros a ocho cada 100.000 habitantes (actualmente está en 15,5) para 2020 y trabajar junto con la Policía Nacional de Tránsito para controlar de forma “integral” el consumo de marihuana, cocaína y alcohol en sangre. Desde la aprobación en 2007 de la ley que estableció como máximo permitido 0,3 gramos por litro en sangre, la cantidad de conductores alcoholizados y protagonistas de accidentes de tránsito bajó 300%. En el primer semestre de 2015, de casi 9.000 controles realizados a conductores involucrados en accidentes de tránsito, 92,8% no tenía alcohol en sangre y 6,2% presentaba valores superiores al límite permitido hasta ayer (0,3 gramos por litro), el restante 1% presentaba un nivel dentro de lo aceptado.

Los discursos de los diputados tuvieron dos ejes: por un lado, están quienes consideran que la ley no ayudará a reducir los accidentes de tránsito y, por otro, quienes piensan que sí y que la cero tolerancia al alcohol en conductores es un buen mensaje para la sociedad. En la primera trinchera están los representantes del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala, Jorge Gandini, Rodrigo Goñi y Alejo Umpiérrez. Abdala reclamó “una propuesta integral” discutida por el Parlamento, ya que, según indicó, el tema del alcohol y sus efectos en el tránsito se trataron en la Comisión de Adicciones, y esta modificación a la ley de 2007 fue un pedido del Ejecutivo. “Reclamamos que no se legisle por tajos”, apuntó. Agregó que se trata de “un proyecto reactivo” que pretende “enjuagar las conciencias” y procura “corregir o mejorar” la situación de siniestros viales con una “decisión meramente accesoria que no va al fondo del asunto”. Gandini abogó por discutir una “política integral”. Goñi aseguró que la nueva ley no reducirá los accidentes y que el mensaje de que “no hay que beber más que dentro de un límite muy bajo ya se ha dado” y lo ha “entendido la población”. Manifestó su preocupación por las prácticas religiosas que se verán afectadas, principalmente las relativas al culto católico. “Afecta e impacta negativamente en las costumbres”, especialmente de “los sacerdotes, que consagran y beben vino”, porque entiende que ya no podrán realizar el culto y manejar, por ejemplo. “Es una señal injusta”, afirmó. Umpiérrez aseguró que éste es el “camino de la prohibición” y que de ser así también se debería prohibir “usar minifalda, porque quién sabe cuántos accidentes causa”. Martín Lema, también del PN, aseguró que el mensaje del gobierno es contradictorio, por pretender el consumo cero de alcohol y aprobar la ley que regula el mercado y el consumo de cannabis.

La diputada colorada Graciela Matiaude se puso la camiseta de los vinicultores y votó negativo, por “solidaridad”. Alegó que la medida es “un acta de defunción para muchos productores”. “Se van a quedar sin vivienda”, aseguró, y sostuvo que con esta medida “estamos haciendo que más gente se convierta en pobre” y fomentando a “los ‘ni estudio ni trabajo’ a vivir de las limosnas del gobierno”. “Estamos condenando a gente que tiene raíces e identidad a que las pierda”, agregó. Aclaró que no está “de acuerdo con que se maneje bajo los efectos del alcohol”, pero señaló que no hay una “estadística de la [diferencia de] incidencia de los accidentes de tránsito entre 0,3% y 0%” de alcohol en sangre, porque “no se puede medir”.

El diputado Adrián Peña, que comparte cuartel con Matiaude, añadió que los argumentos del Ejecutivo y Unasev no fueron convincentes e hizo énfasis en que “sólo 6% de los accidentes son causados por alcoholemia”. La colorada Susana Montaner indicó que se destina el mismo monto del Producto Interno Bruto a atender las consecuencias de los accidentes de tránsito que para la educación: 4,5%. Víctor Semproni (Frente Amplio) dijo que el proyecto “apuesta a conservar la vida y la integridad física de los ciudadanos”. En esa línea, José Carlos Mahía sostuvo que por la vía legislativa se aspira a que “la ley se pueda transformar en una conducta”.