A los representantes de Uber que llegaron a la capital para reunirse con las autoridades uruguayas les quedan pocos ámbitos que visitar. La semana pasada fue el turno de la Cámara de Representantes y la Junta Departamental de Montevideo (JDM). El martes, la Comisión de Movilidad Urbana de la JDM recibió a la delegación de la empresa. Por parte de Uber asistió Hugo Rodríguez Nicolat, gerente de Política Pública Latinoamérica, acompañado por consultores locales en comunicación -de la agencia Improfit- y legales -del estudio Guyer y Regules-. El edil frenteamplista Raúl Mansilla preguntó qué parte de la cadena sería responsable en caso de accidentes o problemas con los choferes, a lo que Rodríguez contestó que Uber canaliza la queja pero responsabiliza al conductor. A la pregunta de si se realizaban estudios sobre los antecedentes penales de los choferes respondió: “Hacemos evaluaciones o análisis psicométricos de los conductores, que nos dan una indicación de su propensión a actividades delictivas”.
La presentación en la comisión de Diputados, al día siguiente, fue parecida. Rodríguez clamó por una “regulación innovadora” por parte del Estado y, ante la pregunta de por qué Uber comenzó a operar sin permisos, repreguntó: “¿Por qué no?”. El gerente dijo que no había controles sobre la situación tributaria de los choferes. El presidente de la comisión, el blanco Juan José Olaizola, indagó sobre la situación de costos y ganancias de la empresa, pero Rodríguez dijo que ese punto aún no estaba claro. Al final de la sesión, el representante frenteamplista Daniel Caggiani propuso llamar a comisión al intendente de Montevideo, Daniel Martínez, iniciativa que fue apoyada. Uber ya pidió una entrevista con la figura que falta: Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas.