El abogado Óscar López Goldaracena y el integrante de la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Ignacio Errandonea presentaron ante el Juzgado Penal de Pando, a título personal, información sobre posibles enterramientos clandestinos durante la dictadura cívico-militar en el predio del Grupo de Artillería Antiaérea Nº 1, ubicado en el km 42.500 de la ruta 34, en Canelones, conocido como La Montañesa. La información fue publicada ayer en La República. Ambos denunciantes explicaron a la diaria que en el marco de la campaña de búsqueda de información que comenzó Familiares en setiembre (para la que se habilitó la línea 08009942) se recibieron algunas llamadas indicando la zona en la que se habrían realizado enterramientos durante la dictadura, pero que en particular un testimonio “precisa dónde es el lugar” y señala que allí estarían enterrados cuatro varones y una mujer. “Torna interesante la información, pero no sabemos si es verdad o no. No se puede asegurar nada hasta que no se hagan las investigaciones correspondientes. Eso le corresponde a la Justicia”, puntualizó Errandonea.
La información, además, “es muy coincidente” con un croquis, que también había llegado de forma anónima, que López Goldaracena ya había presentado a la Justicia en 2008 sobre posibles enterramientos en la zona. Con ese croquis y ocho testimonios más fue que en 2008 el entonces juez penal de Pando Huberto Álvarez determinó que el Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF) ingresara al predio y realizara excavaciones, que terminaron en 2009 y no arrojaron resultados en aquel momento. De todas formas, las conclusiones de aquel informe indicaban que “quedan algunas zonas señaladas en los testimonios por identificar y por consiguiente por investigar, por lo que no es posible afirmar, de momento, que no existan enterramientos clandestinos en el predio”. Ese documento del GIAF indicaban que dada “la abundancia de información para este predio militar, sería recomendable profundizar el estudio de campo”.
Meses atrás, el abogado había solicitado el desarchivo de la causa, y se entregó la información aportada por este testimonio, “solicitando que se retomen las excavaciones”, en el juzgado a cargo de la jueza Isaura Tórtora, dijo López Goldaracena.