Ayer la sala del edificio anexo del Palacio Legislativo fue el escenario para una jornada de reflexión sobre la reforma del Código Penal. En uno de los paneles finales, distintas organizaciones sociales propusieron nuevos delitos en materia ambiental, para aumentar las penas, y otros en materia de drogas, para disminuirlas.
Alberto Villarreal, de Redes Amigos de la Tierra, habló acerca de la necesidad de tipificar los “delitos ambientales” como “el uso indebido de prácticas agrícolas industriales que llevan a la degradación creciente del suelo”, la desecación de lagunas, como la que hizo en Maldonado una empresa privada de suministro de agua potable, la desecación de bañados, la tala de montes nativos, el vertido de residuos tóxicos y otras acciones más graves “que, por suerte, Uruguay todavía no conoce”. Villarreal explicó que se trata de “delitos colectivos”, porque “afectan a un conjunto de la población”. Sostuvo que el principio de que “quien contamina paga” es “totalmente insuficiente”: “Es una manera de darles luz verde a quienes tienen el dinero para pagar las multas que se les impongan, y que después se las cargan al consumidor en sus cálculos de costos, por lo que el que termina pagando las multas es el consumidor final”. “Tiene que haber penalización, cárcel y reparación integral”, subrayó, y agregó que debe haber una doble imputación, que abarque a los responsables de las decisiones de la empresa y a la empresa como tal, e incluso debe llegarse hasta “las casas matrices” y los “fondos de inversión”.
Por su parte, Hernán Delgado y Emilia Pérez, de Proderechos, expusieron sobre “la situación de las personas privadas de libertad por delitos menores y no violentos relacionados con drogas”. Delgado dijo que “en el contexto del continente más desigual del mundo”, muchas personas se involucran en el tráfico de sustancias “para subsistir”, con un perfil que generalmente comparte el hecho de provenir de “historias de vida de exclusión social y vulnerabilidad”. “Estas personas terminan incorporándose en los eslabones más débiles de las cadenas de tráfico, y hoy son las que están poblando más y más las cárceles de Uruguay”, añadió Delgado. Luego dijo que “la aplicación de marcos legales duros” en los delitos vinculados al tráfico de drogas ha emergido como la estrategia de primera línea, “suscitando este incremento de las personas privadas de libertad”. “Los estados no han encontrado respuestas eficaces para evitar el colapso de los sistemas carcelarios que conforman un ciclo perverso que reproduce la desigualdad”, expresó. Según Delgado, el propio Ministerio del Interior reconoció que 100% “de las personas que ingresaron por delitos de tráfico reincide al salir”. Sin embargo, el gobierno sigue “destinando crecientes recursos para reprimir el trafico ilícito, y hoy está en una guerra declarada con el microtráfico”. El activista explicó que las sentencias son decididas por fiscales y jueces “en base a su formación moral y creencias”, y que abundan “los casos de sentencias y penas exageradas”. Por ejemplo, 29% de las mujeres privadas de libertad “están [en prisión] por delitos de drogas” y son “mujeres jefas de hogares monoparentales, en situación de exclusión”, que optaron por el tráfico como modo de subsistencia.
A Pérez le tocó presentar los dos caminos que Proderechos propone para modificar este panorama: uno es el trabajo con los operadores judiciales para incidir sobre la discrecionalidad de sus decisiones; el otro es “incorporar a la legislación el delito de microtráfico, de manera de poder reservar para ese caso una pena menor”. “Tenemos que tomar conciencia de que el encarcelamiento, lejos de mejorar algo, lo empeora y reproduce la cadena de delitos y las desigualdades”, concluyó.
Los técnicos del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Gianella Bardazano y Martín Fernández se refirieron al neopunitivismo y a la agenda legislativa. Bardazano planteó una serie de preguntas que deberían hacerse los legisladores antes de aprobar el Código Penal, en particular, sobre la conveniencia, qué objetivos se persiguen, si hay posibilidades de alcanzar consensos y si existen mecanismos previstos para evaluar los problemas que podrían derivar de la aplicación; mencionó como ejemplos normas que se vieron dificultadas por limitaciones materiales y presupuestales.
Fernández aclaró que la exigencia de un nuevo derecho no necesariamente tiene que “llevar de la mano” la tipificación de un delito, por lo que hay que “desmarcar la agenda de derechos de una agenda de política criminal”. Destacó “el escaso debate descriminalizante existente”, señaló que es abrumadora la cantidad de leyes que han incrementado la criminalización e indicó que “parece que la reincidencia va a seguir incorporada con algún matiz”, cuando en Argentina es declarada “una y otra vez” inconstitucional por distintos tribunales.
En los planes*
En el panel final, los legisladores Cecilia Bottino (Frente Amplio), Pablo Iturralde (Partido Nacional), Ope Pasquet (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente) se comprometieron a iniciar la discusión de la nueva norma cuando se retome la actividad parlamentaria de 2016, teniendo en cuenta que ya hay trabajo adelantado, porque el Código Penal llegó a aprobarse en la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, aunque naufragó en el Senado.