-¿Cómo está ubicado Uruguay en el mundo en cuanto a transparencia en vigilancia electrónica?
David Bogado (DB): -La ofensiva que ha tomado Uruguay con El Guardián ha sido inusual. Retrocedió muchos pasos y sigue haciéndolo con su ocultamiento bajo la excusa de la seguridad nacional, que muchos gobiernos vienen utilizando. Si la sociedad civil toma los pasos correctos, tal vez pueda contestarle a la clase dirigente que cuantos más secretos haya, más tentación hay de usar estos sistemas de forma alejada de la legalidad.
-Hay debates sobre vigilancia electrónica en casi toda la región.
DB: -Es un tema regional. En Brasil está la iniciativa legislativa llamada PL Espião, que establece que si uno quiere comentar en un portal de noticias tiene que estar registrado con su documento de identidad, y que cualquier discurso de difamación o calumnia tiene que ser borrado de internet. El proyecto está redactado de forma arbitraria, y queda a interpretación del juez cuándo se aplica. En Perú está la “ley stalker [acosadora]”, que guarda la geolocalización de los teléfonos aunque no estén transmitiendo. El fundamento es combatir los secuestros y las llamadas extorsivas que hay desde las cárceles. Después del escándalo mediático que generó se presentó un proyecto de modificación, que está en debate. En Paraguay se rechazó el proyecto Pyrawebs -bautizado por quienes estaban en contra en base a los piragüés, los espías infiltrados de la dictadura de Alfredo Stroessner-, que el Parlamento rechazó. Con una orden arbitraria el Estado accedería a los datos de conexión del usuario, aunque no se lo esté investigando. El objetivo era combatir el terrorismo y la pedofilia; pero guardar todas las comunicaciones, cómo y desde dónde se conectan los usuarios y qué webs visitan, con la excusa de que eventualmente alguien cometa un crimen, es una violación al derecho de la privacidad. Las compañías iban a guardar todos los metadatos, sin notificar a la persona y para todos los delitos (no como el contrapeso que tiene Chile, en donde se aplica a delitos con penas de más de cinco años).
-En Argentina se propuso algo similar.
DB: -El proyecto argentino establecía que un comentario en una red social, una página web o un blog se puede calificar de discriminatorio, también según la definición de un juez, y el moderador del sitio web tendría responsabilidad penal sobre los contenidos que se publiquen, lo que atenta contra la libertad de expresión.
-¿Por qué los Estados no se asesoran con especialistas de la sociedad civil antes de tomar estas medidas?
Fabrizio Scrollini (FS): -En general los temas de seguridad se trabajan puertas adentro, lo cual en las lógicas de gobierno abierto no tiene sentido. Una democracia tiene que combatir el delito, pero no de cualquier forma. Ha habido pocos foros públicos a nivel comparado donde Estado y sociedad civil pudieran debatir con franqueza; en países como los nórdicos se discuten con más madurez.
Lo de El Guardián es gravísimo. Que haya un decreto reservado es una instauración de las normas secretas, la base de la negación de la sociedad de derecho. Si bien se ha mejorado mucho en el acceso a la información pública, en Uruguay hay aún un nivel de opacidad.
-¿Es paradójico que muchas de estas medidas provengan de gobiernos progresistas?
FS: -Es raro, pero estas libertades civiles son un eje transversal a la izquierda y la derecha. Que el Parlamento haya formado recién la Comisión de Seguridad es alarmante, porque durante diez años hemos descuidado estos temas. El Poder Ejecutivo compró El Guardián en las narices del Legislativo y se conoció por una filtración de la prensa. El protocolo que firmó el MI establece que la Justicia no interactúa directamente con el software; lo bueno es que establece que haya reportes a la Suprema Corte de Justicia, pero debería ser información pública. Hay que regular mejor para que no se den casos, por ejemplo, de que alguien quiera espiar al noviecito de la sobrina. Para el año que viene, DATA también tiene una agenda de investigación sobre fenómenos del ámbito privado: la venta de artefactos que no están regulados y que permiten acciones de vigilancia.
-Este año hubo una discusión sobre los peligros de un acuerdo entre Google y el Plan Ceibal.
DB: -Puede haber riesgos. Las aplicaciones educativas de Google para Estados Unidos generan perfiles de usuarios para poner publicidad, algo que los términos de Google garantizaban que no pasaría. La información se recolecta para, por ejemplo, poner publicidad sobre el shopping más cercano al colegio. Desde EFF hay una denuncia de que las aplicaciones educativas de Google pueden incluso enviar fotos de los chicos porque tienen acceso a las cámaras de las computadoras, y a los micrófonos. Es un “guardiancito”. Es importante que ese tratamiento de la información quede claro en el Plan Ceibal.
FS: -Yo no puedo pelearme con Google porque todo el mundo lo usa, pero surge la pregunta de si no deberíamos pagarle a la empresa por esas aplicaciones gratuitas, para poder exigir garantías a cambio.
-Hay una responsabilidad también por parte del usuario.
DB: -Nadie nos obliga a tener Facebook ni Twitter, pero hay que usar conexiones seguras, que nuestros navegadores tengan bloqueados los rastreadores y las cookies, estar atentos a la geolocalización. Además, nadie lee los términos y condiciones de los programas. Hay que tomarse el trabajo, como si fuera un contrato para comprar una casa.