-¿Qué implican para la dinámica de la economía uruguaya estas características que lo definen?
-Su pequeñez implica que tiene un mercado interno reducido y que si quiere crecer económicamente necesita de la exportación, y por eso su apertura lo ha ayudado mucho en los últimos años. Básicamente es un país inmerso entre dos gigantes de Sudamérica, Argentina y Brasil, y tradicionalmente los movimientos económicos de éstos lo afectaban mucho; el hecho de que se haya convertido o haya tendido un poco más a una economía abierta le da un poco más de independencia. Por otro lado, el contrato social arraigado implica la cero tolerancia a la pobreza extrema, pero también que en el futuro haya algunas tensiones: por ejemplo, el hecho de que este contrato no permite competir con sueldos más bajos, como otros países del este de Europa o de Centroamérica. Se busca tener un trabajo de mucho mayor calidad. Esto implica que para poder competir es necesario mejorar cada vez más la productividad, y para hacerlo hay que invertir en educación, tanto básica como secundaria, así como en capacitación en el trabajo y en avances tecnológicos.
-Desde hace un tiempo Uruguay se divide entre apostar a la integración comercial por medio del Mercosur o abrirse. ¿Qué le parece?
-Si bien el estudio que hicimos es de diagnóstico, encontramos dentro del análisis que Uruguay siendo parte del Mercosur se ha beneficiado bastante, en la medida en que le ha permitido ampliar su mercado y tener muchos más consumidores. Pero evidentemente la apertura comercial que ha tenido para diversificar exportaciones a China, Europa y Estados Unidos también lo ha ayudado, entonces yo diría que es complementario.
-¿Cree que se dan las condiciones para apostar al mecanismo de la participación público-privada para el financiamiento de infraestructura?
-Hay un deterioro de las carreteras, porque no se invirtió lo suficiente como para mantenerlas, y si no se invierte ahora, cada vez le va a resultar más caro al país. Este tipo de programas de sociedades entre el gobierno y el sector privado es una de las opciones viables para obtener los recursos; otras serían el cobro del peaje y concesiones. Desafortunadamente, Uruguay tiene una red muy vieja en la que no se ha invertido en los últimos 50 o 60 años, por lo que resultaría muy caro hacer una inversión suficiente para una escala necesaria, para que esto sea una opción viable.
-Pasando al contrato social, hablan de “adaptarlo a la realidad cambiante”, fundamentalmente en referencia al sistema educativo, que “no condice con las necesidades del país”. ¿Cuál sería el cambio?
-La educación ha sido siempre una piedra angular para el crecimiento de Uruguay. Sin embargo, en los últimos años, el resto de los países de Latinoamérica ha ido cerrando la brecha educativa, mientras que Uruguay no lo ha hecho. En cuanto a la calidad, si lo comparamos con países del mismo nivel de ingreso, sale mal calificado. Esto puede ser un cuello de botella o un desafío para el futuro. Lo que se necesitaría es aumentar la productividad mediante la educación, mediante la capacitación en el trabajo y la inserción laboral, y por ahora es una oportunidad que se está perdiendo.
-Mencionaba como problema el ritmo del envejecimiento de la población. ¿Qué le faltaría a la reforma de la seguridad social para alivianar la dependencia de los inactivos sobre la sociedad?
-La población mayor de 65 años ha aumentado, y nuestras proyecciones indican que esto va a seguir siendo así. En 1950, 8% de la población tenía más de 65 años y 20% menos de 15 años. En 2010, la proporción de unos y otros aumentó a 25% y 23%, y para 2100 se estima que los viejos serán cerca de 30% y los jóvenes 15%. Es decir, la tasa de dependencia de los adultos mayores va a ser el doble que la de los jóvenes, lo que implica, en definitiva, mayores costos fiscales [en la publicación se menciona que el país podría enfrentarse a aumentos de déficits primarios de 1,8% del Producto Interno Bruto entre 2014 y 2050], tanto por seguridad social como por gastos en salud. No obstante, no llegamos a la conclusión de que se tenga que hacer una reforma. Decimos que existe una ventana de oportunidad: en los siguientes diez, 20 y hasta 30 años la población en edad laboral va a seguir creciendo, pero hay que tener en cuenta que eventualmente este envejecimiento de la población va a cerrar esta ventana. Lo que se tiene que hacer es tomarlo en cuenta y pensar en las acciones para empezar a ahorrar y planificar.
-Otra de las fuertes apuestas del gobierno para este quinquenio es la construcción del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. ¿Cómo perciben este desafío para el caso de la economía uruguaya?
-Es parte de este contrato social que existe, y es prioridad para el país. Con la crisis de 2002 se implementó el Plan de Emergencia y fue muy exitoso, ya que ayudó a muchas familias a salir de la pobreza, y esto se cambió una vez que la emergencia pasó. La pregunta que nos hacemos en el estudio es si el país quiere continuar con algo de esa envergadura. Yo creo que podría funcionar muy bien.
-Algunas de las políticas que mantienen ese contrato social datan de los últimos diez años. ¿Este contrato está relacionado con la fuerza política en el gobierno, o la trasciende?
-Creemos que va más allá. Es una preferencia que tiene la gente sobre la cero tolerancia a la pobreza extrema y a la desigualdad. Se han hecho muchas encuestas en las que se concluye que la gente prefiere tener una empresa monopólica por parte del Estado con tal de que funcione, en lugar de buscar un monopolio privado. Todas estas características me hacen pensar que es un contrato que va más allá de algo propuesto por un partido o un gobierno específico. Es lo que hace Uruguay a Uruguay; siempre lo ha sido.