Ocho personas muertas. Ése es el saldo de los seis accidentes de tránsito ocurridos entre las 22.00 del jueves 24 y las 10.00 del domingo 27 de diciembre. El Sistema de Información Nacional de Tránsito, de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), publicó ayer un informe sobre los siniestros ocurridos, en el que se indica que cada siete horas y media falleció una persona. Es un “registro significativamente superior” al que se mantenía hasta el 23 de diciembre del año en curso: un fallecido cada 17 horas y media aproximadamente. De las diez personas que se vieron involucradas en los siniestros, una estaba alcoholizada.

En tanto, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, promulgó, también ayer, la Ley N°19.360, que redujo a cero la concentración de alcohol en sangre permitida a los conductores. Según el comunicado de Unasev, la norma comenzará a regir diez días después de publicada en el Diario Oficial, es decir, el 8 de enero.

Cuatro siniestros ocurrieron en Maldonado, dos en Canelones, uno en Montevideo y uno en San José. Las ocho muertes representan el mayor número de los últimos cinco años en estas fechas: hubo seis fallecidos en 2014 y 2011, y cuatro en 2013 y 2012. En total se registraron 21 accidentes graves y 112 leves. Los 139 ocurridos provocaron 187 lesionados: 154 heridos leves, 25 graves y ocho fallecidos. Los números implican que hubo tres lesionados por hora. La zona metropolitana y Maldonado fueron los lugares de mayor siniestralidad. De las ocho muertes, cinco fueron provocadas por colisiones entre vehículos y tres por atropellos a peatones. A su vez, en cuatro de los cinco accidentes hubo al menos una moto o bicicleta involucrada.

La Unasev identifica como los principales factores de riesgo vial la velocidad, el alcohol y las drogas, el no uso del casco de protección y vestimenta de alta visibilidad en ciclistas y motociclistas, del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, las distracciones al conducir y por último el no uso de las luces diurnas por todos los vehículos. Entre las recomendaciones figura articular en base a “una estrategia en común” la fiscalización entre las intendencias y la Policía Nacional de Tránsito.