Algunos recordarán que en muchas fiestas masivas de los años 2000 había carpas que brindaban cuidados y agua a los más pasados. Algunos se habrán cruzado allí con un miembro del equipo, Augusto Vitale, psicólogo especializado en reducción de daños y prevención. Cuando el gobierno pasado creó el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) fue designado presidente, cargo que repite en este período. Como cabeza del organismo encargado de poner en práctica la ley No 19.172, Vitale hace un repaso de lo que se hizo y lo que queda por hacer.

-¿Cuál es la evaluación de este año y medio de funcionamiento del Ircca?

-Teniendo en cuenta que el Ircca funcionó sin presupuesto propio y que no hay antecedentes de control público y estatal del cannabis, la evaluación es positiva. Resolvimos la puesta en práctica sin que se hayan generado dificultades operativas ni situaciones indeseadas en la agenda pública. A principios de 2015 ya estaban implementados el cáñamo industrial, el cannabis medicinal y dos de las tres formas de acceso al cannabis recreativo.

En esa tercera vía se avanzó con mucho cuidado. Llevó cerca de un año otorgar dos permisos para producir cannabis. De las 22 empresas que se postularon, ninguna presentó un recurso en contra del resultado del llamado.

También destaco la articulación de actores institucionales muy diversos. Para la reglamentación del uso no médico del cannabis trabajaron más de 60 técnicos y profesionales, de las cuatro instituciones que están en la junta directiva del Ircca más el Ministerio del Interior, el Ministerio de Industria, la Universidad de la República y el Instituto Nacional de la Semilla del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). La genética que permitirá diferenciar la marihuana nuestra de otras que circulan dará garantías a Argentina y Brasil. Si tienen sospechas de que hay producto uruguayo entrando en forma ilegal, podremos corroborar si es nuestro.

-¿Qué cambios habrá con el nuevo presupuesto en cuanto al personal?

-Al Ircca le correspondieron en el Presupuesto Nacional 15.000.000 pesos anuales que, sumados a la posibilidad de pases en comisión a este instituto, permiten fortalecer el equipo con unos 25 a 28 funcionarios más. Hoy son ocho, más ocho directivos.

También hay que sumar los recursos que llegarán por medio de las licencias para venta en farmacias, para investigación medicinal y de cáñamo industrial. Este último aspecto es el que avanzó más. Hay entre 14 y 16 empresas que presentaron proyectos industriales y cuatro o cinco que ya tienen permisos.

-¿Cómo se van a hacer los controles biológicos del cannabis?

-Tenemos un convenio con docentes e investigadores de las facultades de Química y Medicina de la Universidad de la República para caracterizar el cannabis presente en nuestro medio, estudiar las relaciones entre los cannabinoides y aprender más sobre los usos medicinales.

Lo hecho

-Decretos reglamentarios del cannabis médico e industrial.

-Importación de dispositivos de control de consumo para el ámbito laboral y el tránsito.

-Otorgamiento de licencias para producir cannabis a dos empresas.

-Convenio con el Correo Uruguayo para el registro de usuarios vía farmacias.

-Guías de protocolo policial y prácticas de cultivo.

-Selección del predio para cultivo.

En el caso del autocultivo y los clubes de membresía, la variedad de la planta es una opción de los usuarios. Nosotros nos centramos en informar y sensibilizar sobre los riesgos de usar genéticas con altos niveles de THC, aunque lo más importante son las relaciones entre el THC, el CBD y el CBN para permitir gestionar los riesgos de su uso.

Cuando los cultivadores se registran se les entrega una cartilla con condiciones para estar habilitados y una guía de buenas prácticas de cultivo para evitar daños.

Es importante tomar esto como un proceso, porque hay una historia de contradicción en la ley anterior [No 14.294], que no penalizaba el uso pero tampoco estipulaba cómo se podía acceder al cannabis. Se estipulaba una “cantidad mínima” permitida para la tenencia, que quedaba a discrecionalidad de los jueces. Eso llevó a que los usuarios estén acostumbrados a distintas estrategias para ocultar su forma de acceso.

Muchos pensarán “si estoy acostumbrado a manejarme así, ¿por qué tengo que registrarme?”. Registrarse es estar protegido por esta nueva ley. Si no lo hacés, quedás en la ley anterior y podés ser objeto de allanamientos e incluso prisión. El registro es fundamental para poder comprobar que los usuarios están en una de las tres modalidades permitidas, pero además es un dato sensible protegido por ley, que solamente un juez puede solicitar.

-¿Hay preocupación porque parte del cannabis que distribuye el Estado pueda terminar alimentando el mercado negro?

-Estamos en una situación mucho más favorable que antes de la aprobación de la ley para proteger a las personas del contacto con otro tipo de riesgo por obtener marihuana en las bocas. No solamente porque te pueda pasar algo a nivel de seguridad personal sino también por el “efecto góndola” que se mencionó en la discusión sobre la ley: que te digan “yo hoy no tengo cannabis pero te puedo vender otra cosa”.

Hay una situación más favorable para los objetivos de la ley, porque los usuarios están pudiendo acceder mediante el autocultivo y los clubes a un producto de mejores características. Entendemos que en la cultura de uso se está instalando una noción de diferencia en la calidad.

Hay menos gente yendo a lugares peligrosos y usando un producto que tiene 40 contaminantes que no tienen nada que ver con la planta, a causa del prensado, que puede incluir hasta el caucho de las ruedas.

Nosotros mantenemos nuestra misión de controlar, fiscalizar y derivar a la autoridad competente situaciones que impliquen venta de cannabis. Eso no está permitido y está penado como suministro.

Además, en un hecho inédito a nivel internacional, el Ministerio del Interior elaboró con la sociedad civil, los cultivadores y los socios de clubes un protocolo que establece en qué condiciones la Policía puede inspeccionar y cómo.

-¿En qué está el aspecto educativo y de prevención?

-Nos interesa avanzar en el capítulo dos de la ley: que se incluyan los riesgos sobre drogas en el sistema educativo. Y que eso acompañe un control social. El universo de usuarios y las personas que van incorporando una visión más amplia pueden velar por un buen uso. Tenemos un desafío de concientizar a niños y adolescentes en que una sustancia no produce menos daños por ser legal, y qué actitudes y comportamientos hacen que un uso sea problemático o no. El cannabis para personas en edad de desarrollo no es recomendado, porque se comprometen aspectos de su maduración.

El registro de usuarios para dispensación en farmacias es un momento crucial para las campañas de prevención, porque puede aparecer un público que no necesariamente tenga demasiada información. En ese momento va a haber un nuevo impulso con campañas y el reforzamiento de atención a usuarios.

Creo que un año y medio de discusión de la ley generó en el uruguayo promedio una idea de qué tipo de política de drogas quiere para Uruguay. También hicimos más de 30 diálogos y debates en todo el país. Las juntas departamentales de drogas citaron al vecino, al político, al actor social que quiso ir a un lugar a decir qué pensaba sobre la regulación. Esas mesas y las más de cinco conferencias con expertos internacionales que organizamos permitieron ajustar algunos aspectos de la ley.

-¿Hay una actitud de depositar en el menor de edad el rol del irresponsable?

-Sí, y creo que esas personas no han leído los trabajos que muestran que eso no es así. El uso problemático en adolescentes y jóvenes se da fuera del mundo adulto, en las fiestas, en la playa, en la madrugada, y hay estudios que demuestran que en esos grupos hay líderes que cumplen la función del cuidado. Otro aspecto importante es cuánto los adultos estamos cerca y disponibles para problematizar junto a ellos estas cuestiones.

El Estado no puede ser el Llanero Solitario; es un facilitador. Los resultados de las campañas del miedo demostraron no ser eficaces y se siguieron financiando durante años, del estilo “tu cabeza va a quedar como un huevo frito si consumís drogas”.

El trabajo en conjunto con la comunidad, en cambio, ha demostrado que en las buenas fiestas de convivencia hay regulación, y no es porque haya fiscales, ni policías, ni Ircca. Y los jóvenes no se van de mambo. Tenemos que despertar la noción del autocuidado. Hay que estar ahí en el movimiento, en contacto. Si estás muy afuera te deslegitimás totalmente en tu rol de prevención, y para ellos pasás a ser un viejo apestoso.

Camino a la farmacia

-¿Por qué definieron que sea la huella dactilar la que habilite la compra de los diez gramos semanales en la farmacia?

-Se realizó un focus group con una empresa de opinión pública y se encontró que prefieren no usar un carnet que los identifique como usuarios, con posibilidades de extraviarlo.

Se les preguntó qué tipo de registro sería más amigable y plantearon mostrar la cédula en El Correo para corroborar su identidad. El dato de la cédula se usa para comprobar que la persona tenga las condiciones de la ley, luego se procede a registrar la huella.

-¿Hay resistencias por el registro?

-Hubo algún comentario bastante marginal de que no se entendía por qué era tan necesario pasar por el registro, pero en la mayoría de los casos se entendió que era una forma de control, con garantías para la población en general, de que uno va a ir por un canal de autocultivo y no va a ir por otro. ¿Cómo hace un farmacéutico para saber si un comprador es autocultivador? Tiene que haber un cruce de información que no se hace con los datos personales; se hace con números. Se habilita sólo una de las tres vías.

-¿Hay preocupación por la venta de eventuales excedentes?

-El 60% de los usuarios está esperando por las farmacias. En Washington y Colorado han implementado un sistema de hasta 26 gramos por persona al día, que obviamente excede un uso moderado o responsable. Eso puede generar un mercado gris, pero aun así para ellos es mejor que una situación de narcotráfico con violencia y lucha por territorios.

-¿Hay fechas estimadas para los registros en farmacias?

-Estamos trabajando en un escenario de fines de mayo, principios de junio. Resueltas una cantidad de cuestiones operativas, diría que depende de cuándo estén instaladas las empresas. El predio está listo y las licencias otorgadas. El cultivo, con cosecha y secado, no lleva más de cuatro meses. Ahora se está concretando la compra de los equipamientos de lectores de huellas con altos niveles de seguridad.

-¿Cuáles serán las medidas de seguridad?

-La interna estará a cargo de las empresas y la externa será del Ministerio del Interior. El lugar es predio fiscal cercano al Penal de Libertad, donde hay una mayor respuesta policial, vigilancia las 24 horas, control de ingreso y egreso de vehículos y de nuestro personal.

En cuanto a la seguridad individual, estamos terminando las evaluaciones de las cepas de cannabis más favorables para lo que buscamos. El Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis de la Universidad de la República, y asesores nacionales e internacionales nos han explicado que, además de la presencia de THC, es importante la interacción entre los cannabinoides, los principios activos de la planta. La interacción entre CBD, THC, CBN y otros cannabinoides modulan los efectos de psicoactividad y también los medicinales para distintas afecciones. Manejar un ratio razonable de estas variedades permite gestionar mejor los riesgos sin quedar demasiado “colocado”. Es mucha responsabilidad, sobre todo al inicio del proceso.

-¿Las 22 empresas seleccionadas fueron investigadas para conocer de dónde salieron sus fondos?

-Se hizo con dos prórrogas para profundizar en la documentación, que no fue suficiente por parte de algunas empresas. Faltaba acreditar el origen de los fondos y la composición de las sociedades. En algunos casos las empresas vienen del extranjero y debían presentar la información traducida, legalizada.

-¿Cuántas toneladas se producirán?

-El llamado fue para hasta dos toneladas al año por empresa; cuatro toneladas en total. En estos primeros seis meses haremos un programa piloto. Uno de los objetivos de la ley es prohibir, en la promoción el objetivo no es aumentar el tamaño del mercado. Pero evaluaremos si es necesario un nuevo llamado, que no descartamos.

-¿Cómo será el packaging?

-No hay mercadotecnia, no hay publicidad, no hay marcas. El sobre de polietileno lo protegerá de la luz y la humedad, con advertencias y rotulado sobre el tipo de producto, variedad e interacción entre cannabinoides, además de información y advertencias.

-¿Cuál será el costo?

-El objetivo es competir con el mercado ilegal, que sea atractiva la adhesión a este sistema, y la calidad va a ser totalmente diferente al prensado. El precio será cercano a un dólar con veinte centavos.