El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, ya recopiló y encuadernó 400 páginas que contienen los informes de transición de todos los ministerios, realizados a pedido del presidente José Mujica. Uno de ellos es el informe del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que enumera los logros de su gestión a partir de un diagnóstico crítico de lo actuado durante las gestiones de Marina Arismendi y de Ana María Vignoli. “Explicamos el desastre que era el Mides en el período 2008-2011, con programas fragmentados, mala focalización de tarjetas, mal presupuesto”, dijo a la diaria el titular de la cartera, Daniel Olesker. Añadió que la reestructura que se hizo en el ministerio fue “una respuesta a eso” y “profesionalizó el trabajo de campo”.
Además, el informe de transición contiene iniciativas para el período de gobierno que comienza el 1º de marzo y cuantifica el presupuesto que requeriría la aplicación de las principales propuestas programáticas del Frente Amplio (FA) para el período 2015-2020. Olesker señaló que la aplicación de las cuatro propuestas principales, sumada a la iniciativa del Mides denominada “Plan Uruguay sin Pobreza”, que consiste en la ampliación del actual Plan 7 Zonas a todas las zonas en situación de pobreza estructural -aproximadamente 30, a juicio de las actuales autoridades- supone un gasto adicional de 3.000 millones de dólares. El ministro consideró que 5% de la población que actualmente está en situación de pobreza puede salir de ella “con políticas dirigidas a los 14.000 pesistas”, pero que hay otro 5% que está en situación de pobreza estructural, que sólo puede resolverse ampliando el alcance del Plan 7 Zonas y construyendo viviendas. Olesker indicó que actualmente el Plan 7 Zonas cuesta 24 millones de dólares, y que la ampliación a 30 zonas, más la construcción de viviendas en esos territorios, implicaría un gasto de 300 millones de dólares.
Para el ministro, no se podrá erradicar la pobreza “con el actual nivel de recursos presupuestales de los que dispone el país”. Apuntó que la aplicación del programa del FA no podrá financiarse exclusivamente con el crecimiento del país; habrá que “buscar innovaciones en materia impositiva”, endeudarse o bajar gastos en otras áreas, opinó.
Seguir controlando
En el informe de transición hay referencias a uno de los temas que han estado en debate en las últimas semanas, tras las declaraciones de la futura ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, rechazando la exigencia de contraprestaciones a quienes reciben transferencias monetarias. Durante la actual administración, el Mides, junto al Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tomó la decisión de suspender las asignaciones de las familias cuyos hijos no concurrían a clases.
En su balance, Olesker valora que “los sistemas de información y/o las instituciones participantes no están aún maduros para el uso de los controles en forma preventiva y proactiva en relación a los objetivos (mejorar la adquisición de capital educativo de los estudiantes)”. Sin embargo, sostiene que en “las experiencias en territorio, sobre todo en el interior del país, el Mides y ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] han tenido relativo éxito en la revinculación” de los estudiantes al sistema educativo, y por ende “los controles de cumplimiento de contraprestaciones deberían profundizarse con carácter preventivo y previo a la suspensión de la transferencia”. “El debate más importante no debiera ser solamente si resultan o no, sino debatir sobre la oportunidad de introducir condicionalidades sobre transferencias monetarias que están orientadas a aliviar el peso económico de la carga reproductiva de los hogares de menores recursos. Las mismas pueden introducir señales contradictorias sobre el verdadero objetivo de la política, que en ningún caso debe entenderse como la permanencia pasiva e improductiva de las personas en un centro de estudios”, señala el documento. Recomienda además “revisar la idea de ‘contraprestaciones’ que opera en los programas de Asignaciones Familiares, de modo de eliminar las acciones contradictorias con el objetivo principal de los mismos, consistente en apoyar a las familias”.
En el informe también se propone que la Tarjeta Uruguay Social duplicada (que abarca a 30.000 hogares) sea triple, y otros aumentos en el monto de las transferencias. Además, se sugiere avanzar hacia un “Sistema único de gestión de Transferencias Monetarias” regido “por criterios de selección de la población claros, transparentes, unificados y adecuados a cada programa, y cuyo asiento sea el Mides”. También se propone unificar los sistemas de la tarjeta y las asignaciones familiares Plan de Equidad.
Finalmente, en materia de recursos humanos y teniendo en cuenta la base de contratación tercerizada de la cartera, se sugiere para el período 2015-2020 adoptar el criterio propuesto por el Mides en 2013 de incorporar en la rendición de cuentas una norma para regularizar todos los contratos sobre la base de dos criterios: evaluación positiva del jerarca y antigüedad mínima y corrida de dos años.