El abogado Cristian Cruz solicitó copias de “todo antecedente y documentación” que exista sobre nueve uruguayos detenidos desaparecidos en 1973, puestos en manos del Ejército de Chile. Desde dicha fuerza de seguridad trasandina tienen 30 días hábiles para responder al pedido. “Se ha emplazado al Ejército, con datos incuestionables, para que entregue información, la que a todas luces debe tener”, explicó Cruz a la diaria.

El escrito fue presentado el 19 de febrero a las autoridades castrenses para que brinden toda la documentación disponible en sus dependencias respecto de los uruguayos Juan Ángel Cendán Almada, Alberto Mariano Fontela Alonso, Arazatí Ramón López López, Mónica Benaroyo Pencú, Ariel Arcos Latorre, Enrique Pagardoy Saquieres, Juan Povaschuk Galeazzo, Julio César Fernández Fernández y Nelsa Zulema Gadea Galán, detenidos entre setiembre y diciembre de 1973 y “puestos en manos de oficiales del Ejército”, indica el documento.

Lena Fontela, hija de Alberto, destacó la decisión de solicitar información al Ejército chileno y lamentó que, aunque pasaron más de 40 años de estos hechos, “siempre se descarta” que estos casos formen parte de la coordinación represiva del Plan Cóndor y que en las investigaciones “no hay militares uruguayos implicados”. “Mi padre era refugiado de ACNUR. No es descabellado pensar que [las fuerzas militares chilenas] pudieron acceder a algún tipo de documentación para encontrarlo y secuestrarlo en su domicilio, al día siguiente del golpe de Estado” de Augusto Pinochet a Salvador Allende, el 11 de setiembre de 1973.

Fontela enfatizó que “hay que seguir en el camino de la verdad y la justicia” y que esta búsqueda de información en las entrañas de lo que fue el sistema represivo de Chile puede generar un “hecho político” que motive el acompañamiento de las autoridades uruguayas en estas causas.

Fichados

En la solicitud al Ejército chileno, Cruz reconstruye lo poco que se sabe sobre los secuestros de los ciudadanos uruguayos desaparecidos en Chile.

Alberto Fontela y Juan Cendán fueron detenidos el 12 de setiembre de 1973 en el domicilio del primero, ubicado en la comuna de Las Condes y llevados a la Escuela Militar, donde estaba el Comando de Institutos Militares. Allí los interrogaron y ficharon. Al día siguiente los trasladaron al Regimiento de Artillería Nº1 Tacna, donde actuaban agentes de Inteligencia Militar. Cruz afirma que el pasaje de ambos militantes tupamaros por este circuito represivo “necesariamente” cuenta con registros, que se conservan hasta el día de hoy en las dependencias militares. Por ello exige una “búsqueda de rigor” que permita conocer el destino de estos hombres e identificar a los responsables de sus desapariciones.

En cuanto a la detención ilegal de Arazatí López López, el abogado chileno solicitó información sobre los lugares hacia donde pudo haber sido trasladado, así como los nombres y unidades militares que actuaron cuando fue detenido el 13 de setiembre de 1973, en una zona residencial de la avenida España en la capital chilena.

Mónica Benaroyo Pencú, de origen rumano, nacionalizada uruguaya, estudiante de Filosofía en la Universidad de la República, fue detenida en Arica -donde trabajaba como funcionaria de la alcaldía- el 20 de setiembre de 1973 por orden del general Odlanier Mena, que encabezaba el regimiento de esa ciudad. En esa zona fue interrogada y fichada por agentes de Inteligencia Militar; su cuerpo fue hallado e identificado en 2008 en terrenos de propiedad del Ejército, “los que ya el año 1973 eran usados para ejercicios militares”, remarca Cruz en su escrito. Mena fue también jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Condenado en 2008 a seis años de cárcel por tres homicidios calificados en el caso Caravana de la Muerte, se suicidó el 28 de setiembre de 2013 durante una salida autorizada.

Ariel Arcos Latorre, Enrique Pagardoy Saquieres y Juan Povaschuk Galeazzo, junto a otros dos hombres y dos mujeres, también uruguayos, fueron detenidos por militares del regimiento de Puente Alto en la localidad de El Ingenio de San José de Maipo, a fines de setiembre de 1973. El grupo de exiliados políticos había decidido cruzar la Cordillera de los Andes para refugiarse en Argentina tras el golpe de Estado en Chile y fueron detenidos por Carabineros. Arcos, Povaschuk y Pagardoy permanecieron detenidos en el cuartel militar de Puente Alto y el resto de los detenidos ilegales fueron trasladados al Estadio Nacional en octubre de ese mismo año. Testimonios citados por la Secretaría de Deechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia uruguaya detallan que los detenidos desaparecidos “fueron sacados por militares del llamado Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto y conducidos hasta el cuartel, donde volvieron a ser interrogados y golpeados, ahora por personal de inteligencia vestidos de civil”.

Por último, Nelsa Zulema Gadea Galán y Julio César Fernández fueron detenidos por personal militar, en distintos momentos, en el mes de setiembre u octubre del año 1973 en la avenida España, comuna de Santiago, y fueron llevados al Regimiento de Peldehue, donde un militar reconoció a Fernández y dijo que lo vio “efectuando labores de aseo que le ordenaron”, hasta que el joven fue ingresado en el Regimiento de Tejas Verdes, lugar al que llegó detenida, en diciembre de 1973, Gadea Galán.