En gran medida, la posibilidad de encauzar la discusión en torno a las políticas de extensión universitaria requiere superar los problemas que ha tenido desde que comenzó en 2014, en el marco de la elección del nuevo rector de la Universidad de la República (Udelar): la abundancia de prejuicios, la prescindencia de elementos documentados o sustentados empíricamente para fundamentar afirmaciones, y el desconocimiento de las políticas, programas y proyectos extensionistas impulsados en los últimos tiempos por el cogobierno universitario.
Hay quienes ven en este debate una continuación de la campaña electoral por el rectorado. Ven bandos y adoptan posiciones de bando. Están equivocados. La Udelar, con su cogobierno colegiado y su autonomía, tiene la posibilidad de construir políticas institucionales de largo plazo. Es una diferencia muy importante con respecto a la lógica de la alternancia de partidos que llegan con sus equipos y sus programas, desconociendo buena parte de las políticas que los precedieron. Por momentos esa lógica parece haberse instalado en la Udelar. Es otro aspecto a cambiar.
Hasta ahora, más que proponer nuevas orientaciones o generar nuevos programas, la política del rectorado en torno a la extensión se ha centrado en un objetivo: la “descentralización” de los programas de extensión.
Tal objetivo parte de un diagnóstico equivocado: que los programas centrales atentan contra el crecimiento de la extensión en los servicios. La evidencia empírica muestra que ha sucedido exactamente lo contrario: un crecimiento inédito de la extensión integrada al currículo de los diferentes servicios. En 2006 había unos 600 estudiantes participando en experiencias de extensión. En 2014, sólo en los Espacios de Formación Integral (EFI) participaron más de 8.000 estudiantes. La cifra superaría con creces los 10.000 estudiantes si se sumaran los miles que pasan anualmente por programas como el de Aprendizaje-Extensión (Apex) y el Programa Integral Metropolitano (PIM), o los más de 100 que participan en la Unidad de Estudios Cooperativos y su Incubadora de Emprendimientos Asociativos, entre otros programas centrales. Por cierto que los números de 2006 se quedan cortos, ya que existe una cantidad de experiencias y proyectos de extensión desarrollados por los servicios que por diferentes razones no constan en los registros. Pero sucede exactamente lo mismo con los números de 2014. No deja de ser inaudito que se insista en objetar a la política de extensión no haber logrado lo que la evidencia muestra que logró con creces.
Este desarrollo de la extensión en los servicios fue posible gracias a una estrategia que articuló una diversidad de instrumentos. Entre otros, lineamientos conceptuales, programas centrales, proyectos concursables, programas de formación y planes de trabajo por cada unidad de extensión de todas las facultades, escuelas y centros regionales, coordinadas en una red de extensión. Dicha estrategia no tiene dueño; fue construida por diferentes generaciones del cogobierno universitario a partir de aprendizajes de la experiencia acumulada, considerando señeros antecedentes históricos en la materia.
La existencia de programas e institutos centrales que, en articulación con los servicios, desarrollen investigación, enseñanza y extensión en determinadas áreas de conocimiento, o en torno a determinadas problemáticas, es una idea presente en casi todas las propuestas de transformación que ha discutido el demos universitario por lo menos desde 1958 (incluido el Plan Maggiolo). En el caso de la extensión, la política de desarrollo de programas centrales se remonta al rectorado de Mario Cassinoni, cuando con el impulso fundamental del secretario de Extensión Universitaria y Acción Social, Efraín Margolis, se pusieron en marcha tres programas piloto de extensión a nivel rural, suburbano y urbano. Desde entonces, en diferentes períodos se han desarrollado programas centrales estables que superaron los defectos de un tipo de extensión “golondrina” (utilitaria y esporádica), permitiendo que las actividades trascendieran el horizonte temporal de los períodos curriculares, y dándole coherencia y continuidad a la inserción universitaria en el medio. Han posibilitado, además, el desarrollo académico en determinadas áreas y problemáticas socialmente relevantes, y han facilitado la participación de los servicios en actividades de extensión. Desarticular los programas centrales de extensión implicaría volver a una situación previa a 1957.
Si el objetivo de las nuevas orientaciones es realmente expandir la extensión como dimensión de la docencia en todos los servicios universitarios (un objetivo compartido, que ha orientado la política extensionista de los últimos años), lo que cabe es discutir cuál es la mejor estrategia para ello. Esta discusión no debería ignorar lo hecho anteriormente, sino considerarlo rigurosa y críticamente. Partir de desconocer lo hecho y proceder a desarticularlo, fuera de toda consideración y análisis, no es iniciar una discusión político-académica, sino suprimirla por completo.
Necesitamos encontrar las preguntas que ayuden a situar mejor el debate político-académico sobre este tema. ¿Cuál es la mejor estrategia para que la extensión crezca en los servicios? ¿Cuál es el rol que en ello pueden jugar los programas centrales? ¿Cómo articular el aporte de los servicios a una agenda de extensión e investigación en torno a las demandas y necesidades de las organizaciones sociales? ¿Cómo mejorar las condiciones presupuestales y organizativas para la dedicación docente a la extensión, integrada a la enseñanza y la investigación? Interrogantes de este tipo permitirían abrir el debate de ideas, reducir al mínimo los prejuicios y descalificaciones, y abordar mejor las diferencias existentes.
Gerardo Sarachu e Ignacio Narbondo
Docentes del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, Udelar. El contenido de este artículo recoge las discusiones que ha procesado el colectivo de Adur Extensión en el marco del debate sobre las políticas de extensión en la Udelar.