“Si lo definimos como un problema de salud y reducción de daños, le corresponde a otro ministerio”, aclaró el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en declaraciones al periodista Guillermo Garat contenidas en una publicación que se presentó la semana pasada. Bajo el título “El camino. Cómo se reguló el cannabis en Uruguay según sus actores políticos y sociales”, el libro editado por la Junta Nacional de Drogas (JND) y la fundación alemana Friedrich Ebert repasa el itinerario de la discusión sobre la legalización de la marihuana en Uruguay.
“Al [Ministerio] del Interior se podrá recurrir como hacen hoy los inspectores municipales, que le piden apoyo a la Policía, o quienes controlan que no se viole la normativa de venta en ferias y también le piden apoyo a la Policía. Le pueden pedir apoyo, pero la tarea de la Policía no es el control de esto”, aclaró Bonomi respecto al rol que tendrá su cartera en la implementación de la ley.
Otro de los entrevistados por la publicación es el futuro titular de la JND, Milton Romani, quien destaca el paso que dio Uruguay con la nueva normativa. “Nos vamos a reservar el derecho soberano de decidir respecto de nuestras costumbres, nuestras leyes y enfoques de derechos y salud, algo que entendemos necesario; vamos a regular una sustancia prohibida a nivel internacional de otra manera. Para nosotros la agenda de derechos está por encima de otros compromisos internacionales”, sostiene Romani. Agrega que Uruguay a nivel internacional “no está en este momento en el banquillo de los acusados, está como modelo de un país que soberanamente toma un camino innovador”.
La historia de la discusión pública sobre la legalización que relata Garat comienza en la década del 90, cuando algunos legisladores como José Luis Gallo (Frente Amplio, Asamblea Uruguay) empiezan a referirse al tema en los debates parlamentarios. En 2001, el presidente colorado Jorge Batlle declara públicamente en Chile la necesidad de pensar en la legalización de la marihuana. A su vuelta, aclara que se trata de “un problema económico”.
“Si ese polvito [la cocaína] valiera diez centésimos, no habría organizaciones dedicadas a recoger mil millones de dólares”, sostiene en aquel momento. Pero luego, “las diferencias políticas, los escasos recursos con los que contaba la Secretaría Nacional de Drogas y la crisis económica impidieron el avance de aquella política”, relata Garat.
Las organizaciones sociales, entre ellas Prolegal -luego Proderechos-, nucleadas en la Coordinadora por la Legalización de la Marihuana, también juegan un rol protagónico en el relato del “camino”. Desde el comienzo, sus reclamos se centraron en lograr un cambio legislativo, el cese de las detenciones de personas por plantar en sus casas y el reclamo de que se respetara el derecho al consumo, habilitado por la normativa. Garat menciona entre otros hitos el impulso a un cambio de normativa que acordaron los diputados jóvenes de todos los partidos en 2011 y el anuncio del gobierno de que regularía el mercado en junio de 2012. Para la toma de esta decisión, Bonomi recuerda que influyó una reunión informal que mantuvo con ministros del Interior del Mercosur. En esa instancia, Bonomi comentó que en Uruguay el consumo de marihuana era legal y que eso no había resuelto el problema; una ministra le sugirió entonces “ir más lejos”. Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, recordó que él siempre estuvo a favor de la regulación porque la batalla contra las drogas está “perdida de antemano”.
En agosto de 2012 se presentó al Parlamento un proyecto de ley de artículo único, que proponía la regulación, y en diciembre el Senado terminó de aprobar la nueva normativa. El cambio de paradigma incorporó la noción de “disfrute” al discurso. Julio Calzada, actual secretario de la JND, menciona en la publicación que la noción de “disfrutar” de un consumo de este tipo ha estado habitualmente “por fuera del discurso de la izquierda”, y que ahora se empieza a incorporar que “no todo es responsabilidad y sufrimiento o trabajo”.