El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) convocó a una movilización nacional para reivindicar su derecho a huelga, luego de que el Parlamento aprobara el jueves pasado una nueva ley orgánica policial “peor que la del 71”, según el presidente del gremio, Roberto Cardozo.

En diálogo con la diaria, el dirigente sindical aclaró que no habrá paro de actividades, sino que aquellos policías que tengan la jornada libre y pertenezcan al SUPU estarán a cargo de “concientizar al sistema político y a toda la sociedad sobre las condiciones laborales que siguen sin resolverse con esta nueva ley orgánica que le prohíbe todo al trabajador policial”.

La nueva norma se aprobó en el Senado el miércoles pasado con votos del Frente Amplio. El artículo 37, inciso A, establece prohibiciones al personal policial, como “realizar manifestaciones que atenten contra el respeto a los Poderes del Estado, sus autoridades o formulen críticas sobre la organización y estructura de la institución, gestión y políticas adoptadas por autoridades”.

SUPU decidió movilizarse hoy en el marco del Día Mundial de Acción de Defensa del Derecho a Huelga, para responder a su afiliación en la Internacional de Servidores Públicos, de la que es parte desde enero de este año. Descontento con los últimos cinco años de gobierno frenteamplista, el presidente de SUPU manifestó: “Es triste que un gobierno de izquierda que ha manejado una amplia agenda de derechos no cuide a sus trabajadores policiales”. No obstante, aclaró: “Entendemos que viene un gobierno completamente diferente, a pesar de que el ministro Eduardo Bonomi haya sido confirmado en su cargo, porque Tabaré Vázquez aseguró que esa cartera responderá directamente a las órdenes que dé como presidente”, añadió Cardozo.

Desde el sindicato indicaron que están de acuerdo “con la limitación del derecho a huelga” prevista en la nueva ley orgánica, pero advierten que esto puede derivar en restricciones para una negociación colectiva formal que mejore las condiciones salariales, profesionales y sanitarias. Por ello, a través de un comunicado reclamaron “la creación de una mesa negociadora entre el Ministerio del Interior [MI] y sindicatos policiales, arbitrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como forma de solucionar problemas […], prevenir futuros conflictos y pacificar relaciones”.

Mientras SUPU, sindicato policial que cuenta con 7.000 afiliados y es el único que no integra la central de trabajadores, reclama que el salario mínimo de los efectivos aumente de 22.000 a 50.000 pesos en los próximos cinco años, fuentes del MI indicaron a este medio que la cartera ministerial mantiene diálogo y negociaciones colectivas con los sindicatos policiales que forman parte de la central PIT-CNT.

Los deseos de impugnar la nueva ley orgánica policial ante la Suprema Corte de Justicia para que se declare su inconstitucionalidad son compartidos por SUPU y por el resto de los gremios de efectivos participantes del Congreso de Sindicatos Policiales, que reunió a más de 40 delegados sindicales el jueves 12.