Fuentes de la empresa explicaron a la diaria que el nuevo proyecto es ahora el principal y que, según el camino que tomen las negociaciones, podría hacerse el de gran porte o “seguir sólo con proyectos pequeños”. La Cámara de Senadores aprobó ayer con los votos de los legisladores del FA (14 en 23) el proyecto de ley que extiende por un año el plazo de negociación del Poder Ejecutivo con la empresa minera Aratirí para acordar las características del emprendimiento que ejecutará en la zona de Valentines. El proyecto modifica los plazos de negociación que establece la Ley de Minería de Gran Porte, y da 360 días de prórroga para la negociación.
El proyecto de ley aprobado ayer fue enviado a pedido del ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, que en la exposición de motivos subraya que con esta extensión se pretende “profundizar en un marco de análisis de la evolución de este sector de actividad, el procesamiento de la necesaria información y los estudios requeridos en los proyectos de minería metálica de gran porte”, algo que defendieron los legisladores frenteamplistas durante la mañana de ayer.
Por su parte, el presidente José Mujica, luego de haber tenido el miércoles una reunión con el dueño de Zamin Farrous (el grupo accionista del proyecto Aratirí), confirmó la existencia de un proyecto alternativo de explotación minera, pero de menor porte, de alrededor de 3.000 hectáreas, según supo la diaria, cinco veces menor de lo que pretendía la iniciativa de gran porte. De acordarse, se trataría de una explotación de tres millones de toneladas de hierro. Este nuevo proyecto sería alternativo al de gran porte, que, por ahora, se pondría en pausa, ya que, según como se den las negociaciones con el gobierno, la empresa podría optar por llevar a cabo únicamente proyectos de pequeño porte.
“Si nosotros en el marco jurídico que tenemos no demostramos una voluntad positiva de negociar, nos exponemos a tener un juicio internacional”, afirmó ayer Mujica en diálogo con Radio Rural. “Hay que poner las barbas en remojo. Uruguay toma la decisión de darle un plazo mayor como un elemento de demostrar buena voluntad de negociación en un problema que es difícil”, agregó.
Coloquios
“Un día de bochorno en el Parlamento; ante amenaza de Aratiri de juicio el Frente Amplio le vota ley q la beneficia; no venderé el rico ...”, tuiteó el senador colorado Pedro Bordaberry, haciendo referencia a la frase de José Artigas: “No venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad”. “#papelon”, agregó a modo de hashtag en otro tuit en el que se refirió a la actitud de Mujica como una “desautorización” a los legisladores del oficialismo. Para Bordaberry, Zamin Ferrous “está armando un negocio para revenderlo” y “no va a explotarlo”.
En la discusión parlamentaria, su par Ope Pasquet, también colorado, afirmó que se procede “al revés”: “Se ajusta la ley a la necesidad de los particulares”. Desde la misma agrupación, Alfredo Solari coincidió con la observación de Pasquet y agregó: “Este gobierno está acordando con empresas que no traen inversiones. Estamos en una república bananera. Esta ley tiene nombre y apellido para beneficiar a Aratirí”.
Por su parte, el senador nacionalista Luis Alberto Heber señaló como “una vergüenza nacional” el hecho de que el FA haya votado “coaccionado” por Zamin Farrous, en referencia al potencial juicio internacional. “Nunca vi un proyecto tan flagrantemente con nombre y apellido como éste”, afirmó.
Bordaberry solicitó convocar al Parlamento a Kreimerman con el objetivo de que explique en qué se ha avanzado en la negociación con Aratirí, pero la iniciativa fue rechazada por la bancada oficialista.
Desde el FA, los senadores Ernesto Agazzi y Rafael Michelini defendieron la iniciativa. El emepepista Agazzi consideró que lo dicho por Mujica representa tan sólo “su opinión sobre lo que podría pasar”. “Los de Aratirí no son amigos del gobierno. ¿Que coaccionan al gobierno? Todas las empresas defienden sus intereses. ¿Hay empresas transnacionales buenas y malas? No. Se instalan para ganar dinero. El problema es cuáles son las reglas de juego. El gobierno está firme y no tiene ninguna amenaza, que yo sepa”, agregó.
Agazzi también recordó a la oposición que “todos los partidos políticos” aportaron ideas para modificar la regulación en cuestión. En este sentido, sostuvo que la Ley de Minería de Gran Porte “se puede cambiar” porque “se puede aprender de las cosas que se hacen”. “Se puede uno equivocar y después corregir”, afirmó.
El proyecto de ley será discutido el lunes por la Cámara de Representantes.
Hierro frío
En un principio Aratirí tenía la intención de extraer hierro en cinco minas del este del país en un total de 15.000 hectáreas, pero ayer en diálogo con la prensa el presidente confirmó, luego de una reunión con Pramod Agarwal, propietario de Zamin Ferrous, un proyecto alternativo que sustituiría al presentado, a raíz del enfriamiento de en las negociaciones de los últimos tiempos.
Para Mujica, el proyecto sería “viable y práctico”, a una escala “posible” para Uruguay, por lo que “vale la pena estudiarlo”. Sin embargo, advirtió que, para llevarlo a cabo, se debería “reacondicionar” el puerto de Montevideo, lugar por donde saldría la producción de la minera al exterior. De momento, el presidente afirmó que se está “juntando la información” para “facilitarle el andamiaje” al próximo gobierno para su toma de decisiones.
Respecto de sus declaraciones de extender el plazo para evitar un desacuerdo con la empresa, que podría desembocar en un arbitraje internacional, sostuvo que Aratirí “tiene derechos adquiridos en Uruguay porque según ellos han invertido más de 300 millones de dólares en la información de la cual el Estado posee 60.000 datos que permiten mapear la riqueza mineral de hierro en toda la región. Pusieron plata en investigación, y eso tiene un valor que es propiedad de la empresa. Entonces si nosotros en el marco jurídico no demostramos una voluntad positiva de negociar, nos exponemos a un juicio internacional que aunque lo ganemos, después estamos cuatro o cinco años sin poder hacer nada”. “Nosotros pedimos otro plan de cierre [de minas] mejor que el que hicieron ellos, y va a llevar, en el mejor de los casos, mucho tiempo. Más claro: no queremos dar cachones jurídicos. Queremos estar en la mejor posición para defenderlo”, explicó.