"Estas ventanas sirven para facilitar la construcción de ciertos fenómenos como problemas públicos y lograr su politización", explicó ayer la politóloga Cecilia Rocha en la presentación del informe Diversidad sexual en Uruguay: las políticas de inclusión social para personas LGBT del Ministerio de Desarrollo Social (2010-2014), producto de la consultoría que realizó para la División de Políticas Transversales (DPT) de la Dirección Nacional de Políticas Sociales (DNPS) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El abarrotado salón de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar) fue escenario para que el equipo liderado por Andrés Scagliola rindiese cuentas de las políticas públicas de diversidad sexual implementadas en los últimos cuatro años dirigidas a personas que estuvieron "durante tanto tiempo marginadas y excluidas de la protección social", con acciones que buscan pasar "de la igualdad legal a la igualdad social".

En términos generales, medidas fogoneadas desde la DPT como la adecuación a la ley de derecho a la identidad de género y cambio de nombre y sexo (18.620) con el reconocimiento a la identidad trans, a partir de la incorporación de esa categoría en formularios de acceso a beneficios sociales; el otorgamiento de la tarjeta Uruguay Social para trans y la exigencia de cupos especiales para que este colectivo pueda acceder a programas de capacitación e inserción laboral de Uruguay Trabaja, han tenido un balance positivo.

Sin embargo, Rocha y Scagliola coinciden en que "hay que ampliar los temas en la agenda LGBT, fijar prioridades y profundizar acciones que ya están encaminadas, como la campaña contra la discriminación hacia adolescentes denominada 'Cambiemos el mundo' y la creación del Centro de Referencia Amigable que funciona en la Facultad de Psicología de la Udelar", manifestó el director de Políticas Sociales en diálogo con la diaria.

Aunque no continuará en su cargo, el funcionario aseguró que el equipo de la DPT "va a seguir trabajando en el Mides con las líneas de diversidad sexual y combate a la discriminación por razones étnico-raciales". A la vez, hizo énfasis en la necesidad de trabajar en el desarrollo de una ley marco para la protección de personas LGBT: "Uruguay necesita una ley contra la homolesbotransfobia, que establezca oportunidades -mediante acciones afirmativas- en los ámbitos de salud, educación y trabajo, y mecanismos eficaces de sanción ante actos de discriminación".

Abrir la caja negra

"Más que una sistematización de nuestras tareas, el trabajo de Cecilia fue una auditoría que servirá como hoja de ruta para la próxima gestión", indicó Scagliola. Rocha señaló que esto fue como "abrir la caja negra de las políticas públicas". Destacó que el equipo de la DPT llevó adelante "políticas innovadoras" que conjugaron negociaciones con actores políticos y de la sociedad civil y llevaron "soluciones concretas" a las contrapartes. "Lograron demostrar hacia dentro del Mides que la injusticia y la desigualdad no tienen que ver sólo con cuestiones económicas y que la pobreza es más que su dimensión estructural", sostuvo la politóloga, y criticó que dichas políticas sean "únicas" a nivel gubernamental. Bregó para que se multiplique la incorporación de categorías "mujer/varón trans" a formularios burocráticos y que se cumpla el cupo laboral para esa población.

"No alcanza con abrir una ventana de oportunidad para que comiencen a darse estos cambios; se necesita una acción política y actores críticos que piensen estrategias efectivas", así como más recursos contemplados en el gasto público, agregó. Ahora que la población LGBT se ha constituido como interlocutor válido para el Mides, "cualquier marcha atrás en las políticas destinadas hacia allí estará vigilada por esta comunidad", afirmó. En la misma línea, Scagliola añadió: "El Mides ya no se va a poder desprender de estas personas que se sienten legitimadas". También consideró que "el derecho a la identidad de género fracasa y se evapora en muchos liceos cuando un docente no sabe cómo abordar a un o una joven trans".

Para que la juventud LGBT "tenga ejercicio pleno de sus derechos, tanto en Montevideo como en Cerro Chato, Tranqueras o Salto, es necesario continuar con el diseño de políticas públicas participativas y trabajar por el primer derecho: el derecho a ser", concluyó Juan José Meré, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que apoyó la publicación.