A las 10.00 está convocada una nueva asamblea de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), que levantará el cuarto intermedio votado en la última asamblea, que se realizó a fines de diciembre tras la votación en el Parlamento de la ley que instrumentó el pago del aumento que los trabajadores reclaman, pero que no colma las expectativas de los funcionarios. Hoy se evaluará nuevamente la situación y los pasos a seguir en el conflicto que mantienen los judiciales desde el año pasado.

Sin embargo, un grupo de funcionarios tiene la intención de convocar a una movilización durante la asunción de Jorge Chediak como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que está prevista para hoy a la misma hora de la asamblea y a la que concurrirán autoridades del Poder Ejecutivo.

AFJU llamó a sus afiliados a no concurrir a cualquier movilización que se convoque y también se deslinda de cualquier hecho que ocurra durante su realización, porque entiende que ese tipo de acciones “deslegtiman” las resoluciones orgánicas del sindicato. En la última asamblea, el Consejo Ejecutivo del gremio propuso que el levantamiento del cuarto intermedio fuera el 4 de febrero, lo que hubiera permitido la realización de cualquier movilización durante hoy, fecha en la que se levanta la feria judicial. Como esa propuesta no prosperó durante la asamblea, el Consejo Ejecutivo llama a respetar la definición de diciembre. Según pudo saber la diaria, en la última asamblea del año uno de los afiliados propuso que se compre una maya sombra o tela negra para cubrir la fachada del edificio Palacio de los Tribunales, donde funciona la sede central del Poder Judicial, moción que fue aprobada.

A fines de 2014, los trabajadores del Poder Judicial fueron desalojados de las barras del Parlamento todas las veces que fue tratada la ley que instrumentaba el pago de la deuda del Poder Ejecutivo. Mientras que esa norma dispone que el aumento salarial que les corresponde a los trabajadores es de 8%, los trabajadores entienden que el aumento que les corresponde es de 26%. Además, se quejan de que la deuda retroactiva que el gobierno mantenía con ellos desde 2011 se salde únicamente con el pago de tres sueldos, y de que se disponga que cualquier reclamo económico contra el Estado debe ser asumido por la SCJ. Esta situación llevó a que la propia SCJ emitiera un comunicado en el que rechazaba esta disposición.