La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) no pudo llegar a un acuerdo para la redacción definitiva del proyecto de ley que dará un marco regulatorio a la producción y distribución del gas natural, y continuará considerando el tema hoy en la mañana. Ayer de tarde, la bancada oficialista estuvo primero reunida con la Coordinadora de Sindicatos de Energía de Uruguay y después con jerarcas del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) -entre ellos, su futura titular, Carolina Cosse- y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En diálogo con la diaria, Alejandro Acosta, integrante de la coordinadora de sindicatos, consideró que están en juego “concepciones políticas” sobre “si se va a un escenario más liberal o no”, y agregó que desde el MIEM se defendió un acuerdo al que se había llegado con los trabajadores que establecía la intervención directa del Estado. Sin embargo, sostuvo que las autoridades del MEF no comparten esa visión y plantean que el ámbito de actuación sea “más libre”.

Los trabajadores están ocupando el edificio principal de Montevideo Gas, empresa privada que, según los sindicatos, sería adquirida en 80% por ANCAP. Los gremios rechazan que en la ley se establezca la posibilidad de que capitales privados puedan concesionar “las actividades principales del gas natural”, y consideran nocivo que incluso en áreas que se declararían como “servicio público” se posibilite la concesión de la gestión a privados por 30 años con opción de prórroga a diez años más. Esta postura es compartida por el Partido Comunista, que se comprometió a transmitirla a la bancada.

El Secretariado del PIT-CNT se sumó al apoyo a los sindicatos y reclamó que se respeten los acuerdos alcanzados con el titular del MIEM, Roberto Kreimerman. Además, la central sindical considera que el reclamo de los trabajadores implica “la defensa de ANCAP y sus potestades”, y a la vez tiene en cuenta los aspectos esenciales de la cadena del gas natural. La coordinadora de sindicatos considera, además, que lo dispuesto en el proyecto de ley ya aprobado en Diputados “va en contra de la ley de creación de ANCAP y la ley de hidrocarburos”, porque le quita potestades al ente, que “por especialidad y especialización es más competente para el tratamiento de los combustibles”. Por último, los sindicatos consideran que la redacción actual del proyecto “debilita económicamente al ente al restringir la comercialización, licuefacción, almacenamiento, regasificación y transporte en favor del capital privado”.

El senador Ernesto Agazzi (Espacio 609) explicó a la diaria que existe acuerdo en modificar el texto aprobado en Diputados, pero en el punto que reclaman los trabajadores hay distintas posturas sobre si el Estado debe ser el que intervenga directamente en la producción del gas o si debe hacerlo la empresa Gas Sayago, que sería propiedad del Estado pero se regiría por el derecho privado. Además, dijo que “todo el mundo sabe” que no está previsto que el Estado intervenga en todos los eslabones de la cadena de producción y distribución.

El senador señaló que la bancada está teniendo “una discusión pragmática”, en base a “qué es lo que hay que aprobar para que empiece a operar la regasificadora”, que necesita tener el marco regulatorio “bastante antes” de que empiece a funcionar, porque “los contratos de compra hay que hacerlos con tiempo”. Debido a que la planta regasificadora que se instalará en Puntas de Sayago “se va a demorar un poco más de lo que se pensaba”, Agazzi indicó que “no hay tanta urgencia” de aprobar la ley mañana, como estaba previsto, pero aclaró que de todas formas quisieran aprobar “un marco que le dé garantías a todo el mundo” lo antes posible.