La semana comenzó con la noticia de la fuga de diez personas privadas de libertad que se encontraban en tratamiento psiquiátrico en el hospital Vilardebó; hasta ayer de noche habían sido recapturados dos y otro regresó al hospital por su propia voluntad. A la situación se sumó que para escapar, uno de los internos hirió con un arma blanca a uno de los funcionarios de las salas en las que se alojan los reclusos cuando llegan al hospital. Esta situación generó que los funcionarios del hospital pararan durante todo el día de ayer y estuvieran reunidos en una asamblea, en la que resolvieron declararse en conflicto y en asamblea permanente.
Consultada por la diaria, Alicia Penén, secretaria general de la Comisión Interna del Hospital, explicó que además de apuntar a la seguridad de los funcionarios, la medida también protege los intereses de los pacientes del hospital, que “tiene que sufrir los presos y las drogas”, porque también envían al centro a adictos a drogas, que cuando se compensan suben a sala abierta. Según agregó, la población carcelaria “es manipuladora”, “abusa por beneficio propio” y los funcionarios “no pueden entender cómo siguen teniéndolos ahí”.
Penén destacó que los trabajadores llevan “años peleando por lo mismo” y que están “cansados” de que desde el Poder Ejecutivo y del Judicial les digan que tienen razón pero que “no hagan nada” para cambiar la situación. La funcionaria señaló que las fugas y las agresiones a trabajadores del hospital no son una novedad y que reiteradamente los funcionarios tienen que ser atendidos por agresiones de los reclusos. Según indicó, 54% de la población del hospital son personas derivadas por la Justicia, situación que lleva a que muchas veces no haya camas disponibles para otros pacientes. Además, se quejó de que muchas veces los reclusos se quedan en el hospital más tiempo del que deberían, porque siempre hay que esperar por la autorización del juez “o por alguna otra cosa”, y “ahí es donde se escapan”.
Los funcionarios reclaman que los reclusos dejen de ir al hospital, único en Uruguay que los recibe, y que en su lugar se construya un centro de salud penitenciario con un ala psiquiátrica.
Es oficial
En declaraciones divulgadas por la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, aclaró que el estado de salud de las personas que se encuentran en la órbita del INR en Libertad, Santiago Vázquez, Cárcel de Mujeres, Punta de Rieles y El Molino está a cargo del Ministerio de Salud Pública (MSP), la Administración de Servicios de Salud del Estado y el Servicio Integral para Personas Privadas de Libertad, mientras que en el resto de los centros la competencia es de la Dirección Nacional de Sanidad Policial.
Mendoza apuntó que cuando los internos tienen problemas de salud y los médicos aconsejan que realicen un tratamiento psiquiátrico, son vistos por un médico forense y después de la anuencia del juez se dispone el traslado al centro de salud correspondiente. El jerarca dijo también que una vez dentro del hospital, “el INR no tiene competencia alguna”, no realiza seguimiento alguno del tratamiento y tampoco tiene personal a cargo de la seguridad interna y externa del predio, “ya que es competencia del centro en el que se encuentra realizando el tratamiento requerido”.
La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, también se refirió al tema. Consultada por la prensa, aseguró que muchos de los pacientes privados de libertad que los jueces ingresan al hospital Vilardebó “no deberían estar en un hospital”, y aseguró que se han mantenido conversaciones con integrantes del Poder Judicial. La ministra dijo que “seguramente” lo que hay es “un vacío” que hace que los jueces se vean obligados a derivar a los reclusos al hospital, y el centro de salud se limita a cumplir con las medidas que los jueces toman. Muñiz agregó que el ministerio ya pidió que los reclusos tengan custodia policial y aseguró que ésta “se va a poner”, pero no precisó a partir de cuándo.