Un triángulo amarillo con una letra T en negro es el símbolo que debe ser incorporado a “los alimentos que han sido manipulados genéticamente o que contienen uno o más ingredientes provenientes de éstos que superen el 1% del total de componentes”. Así lo establecen el decreto 34.901 aprobado por la Junta Departamental de Montevideo en diciembre de 2013 y su reglamentación, de setiembre de 2014. La norma entró en vigencia el 1º de enero, rige para el departamento de Montevideo y se aplicará tanto a los productos importados como a los de elaboración nacional.

Pablo Anzalone, director de Salud de la Intendencia de Montevideo (IM), explicó a la diaria que la comuna está convocando a las empresas a que declaren ante el Servicio de Regulación Alimentaria de la IM la composición de los productos y que fijen la fecha en la que incorporarán la rotulación. Hasta el momento han recibido “unas cuantas notas de empresas pidiendo más plazos”, comunicó Anzalone, que agregó que alguna firma pidió plazo para cambiar la composición de sus productos, sustituyendo transgénicos por no transgénicos. Otras han expresado desconocer si sus productos contienen o no ingredientes transgénicos.

En diciembre de 2014 la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali) y representantes de varias empresas se reunieron con autoridades de la IM. Anzalone comentó que en ese momento las empresas plantearon “una prórroga global de un año y dijimos que no”, aunque añadió que para cada producto en particular “las vamos a contemplar en la medida en que se formule con claridad cuál es el argumento, cuál es la dificultad y cuáles son los plazos” para cumplir con la norma. Dijo que la prórroga será por “pocos meses” y comentó que decisiones de este tipo “en todos los países han llevado procesos largos y también resistencias jurídicas y debates”.

El jerarca indicó que el planteo de la Ciali incluyó problemas operativos y que “tomó distancia de los cuestionamientos de tipo conceptual”. Quien sí se refirió a las “cuestiones de fondo” fue una de las cámaras de productos alimenticios de Argentina, que por intermedio de la cancillería les hizo llegar una nota en la que solicitaban información sobre los decretos y argumentaban que la medida es violatoria de la libertad de comercio, porque “significa adjudicarles un carácter de peligrosidad a los alimentos transgénicos”. Anzalone comentó: “Respondimos que miren bien el decreto, que no habla de peligrosidad y sí de derecho del consumidor” y explicó que es una norma “que existe en más de 60 países, no es un fenómeno particular nuestro”. Entre ellos está Brasil, y Uruguay simplificó el etiquetado previsto inicialmente y lo sustituyó por el símbolo de la T, tal como lo tiene el país norteño, de modo que los productos brasileños no tengan que ser reetiquetados.

Si las empresas no cumplen con la normativa del registro y el etiquetado, serán intimadas, luego de un plazo serán multadas y sus casos serán difundidos.

Tras las trazas

La IM y la Universidad de la República (Udelar) comenzarán “en pocas semanas” a analizar los productos que contengan maíz y soja, que son los dos eventos transgénicos registrados en Uruguay. En diálogo con la diaria Claudio Martínez Debat, docente de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Udelar, calculó que “se tardará uno o dos años en hacer un screening primario de todos los alimentos que tienen soja y maíz”, y no descartó que podrían completarlo antes si recibieran más recursos. Adelantó que primero se analizarán los alimentos hechos a base de soja y/o maíz, como la polenta y las milanesas de soja. Luego se analizarán los que contienen derivados de los dos vegetales, que están presentes de múltiples formas, como el “almidón de maíz, azúcar que proviene del maíz, lecitina de soja, aceite de soja, proteína vegetal agregada, jarabe de maíz”, ejemplificó.

Si se identificaran transgénicos que no están autorizados en Uruguay, se comunicará al Gabinete de Bioseguridad, porque se estaría ante la violación de una normativa nacional, puntualizó Anzalone. En ese caso el producto debería ser retirado.