El único de los acusados presente en sala fue el capitán de navío uruguayo Jorge Tróccoli, ya que reside en Italia desde que se fugó del país en los 90. El resto de los militares será juzgado en ausencia: rechazaron declarar por videoconferencia y estarán representados por abogados de oficio.

Anna Cifuni, abogada de Jorge Tróccoli, sostuvo que “no es fácil probar los hechos porque sucedieron hace mucho tiempo”, aunque también reconoció la gravedad de los hechos políticos, en referencia a las más de 50 desapariciones forzadas por las que se acusa a su defendido y a otros 15 militares uruguayos, junto a 11 de Chile, cuatro de Perú y uno de Bolivia. El ex marino se declaró inocente y negó haber participado en secuestros y asesinatos. Su abogada dijo que si bien integraba el Servicio de Inteligencia de la Armada, “el papel y las tareas que tenía no estaban relacionados con estos hechos tan graves”, según recogió La Repubblica.

Una de las denunciantes, Aurora Melloni, viuda de Álvaro Daniel Banfi, asesinado en octubre de 1974 en Buenos Aires, confesó: “Al verlo aquí [a Tróccoli], sentado casi al lado mío, se me congeló la sangre”. Cristina Mihura, cuyo esposo Bernardo Arnone, ítalo-uruguayo, desapareció el 1º de octubre de 1976 en Argentina cuando tenía 24 años, señaló que, a casi cuatro décadas de los hechos, “los familiares de las víctimas nos hemos tenido que transformar en abogados y en investigadores para probar la culpabilidad de los acusados, porque no hemos recibido ninguna ayuda”. “Esperamos que este proceso nos permita acercarnos a la verdad y, de ser posible, encontrar a nuestros seres queridos”.

Por su parte, Giancarlo Maniga, abogado de varias familias uruguayas que denunciaron desde 1999 en Italia las desapariciones forzadas de sus seres queridos -que cuentan con ciudadanía italiana-, consideró que estos juicios son como un “avispero”: al agitarse, pueden producir nueva información sobre cada caso que se investiga y, a la vez, estimulan a buscar justicia en los países donde se cometieron los crímenes de lesa humanidad juzgados durante este proceso (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Uruguay).

El fiscal Giancarlo Capaldo, que llevó adelante la investigación y la indagatoria durante los últimos 15 años, calificó de “histórico” este proceso judicial, el primero que juzga en Europa delitos imprescriptibles cometidos en el marco de la coordinación represiva del Cono Sur durante los años 70 y 80, conocida como Plan Cóndor.

En la primera jornada del proceso, que tiene lugar en una sala de la cárcel romana de Rebibbia, asistieron familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y representantes de la “parte civil”, como el Estado uruguayo.