Después de la comparecencia de la delegación uruguaya ante el Comité de Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, a mediados de enero, el comité emitió el documento final de recomendaciones al Estado. En primer lugar, el CDN llama la atención de Uruguay porque hay recomendaciones de las ya formuladas en 2007 que no fueron tenidas en cuenta, como, por ejemplo, la necesidad “urgente” de que la edad mínima para contraer matrimonio sea 18 años y no 16, como pasa actualmente en la legislación nacional.

A nivel institucional, los expertos internacionales señalan la existencia de “problemas de coordinación” entre todos los organismos que intervienen en el diseño y la aplicación de políticas públicas vinculadas a la niñez y la juventud. Si bien celebran la creación del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño/a y el Adolescente, el CDN reclama que se lo dote de los recursos correspondientes para que pueda hacerse cargo de la coordinación de las políticas en la temática.

Además, recomiendan que el Estado uruguayo defina líneas estratégicas para asegurar el cumplimiento de los derechos y hablan de problemas en la sistematización de información “especialmente en las áreas de salud, justicia juvenil, violencia y abuso, discapacidad, niños que no viven con sus padres y niños afrodescendientes”. Advierten que “urge” conformar un sistema de datos coherente desagregado por edad, sexo, lugar geográfico, discapacidad, origen étnico y estatus socioeconómico, que sean compartidos entre los ministerios y utilizados para el diseño de políticas.

Derechos humanos

A nivel de justicia juvenil, el CDN marcó la necesidad de generar mecanismos efectivos para apelar decisiones que no respetan los derechos de los niños de la mejor forma, y la de “escuchar más a los niños”. En esta área, los expertos manifestaron su preocupación por situaciones de encierro durante 22 horas de corrido en una celda y de “excesivo uso de medicación contra la ansiedad”. También marcaron la falta “de un mecanismo sistemático de inspección para investigar las actuales violaciones a las normas vigentes” y “exigen” contar con un mecanismo eficiente e independiente de denuncia de malos tratos policiales para menores privados de libertad, además de que se investiguen los casos de tortura.

Los expertos también hablan de la insuficiencia de los servicios para hogares en riesgo de perder el control parental sobre los niños y recomiendan reforzar las medidas de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad, tanto financiera como psicológicamente. Pese a que destacaron los esfuerzos por brindar entornos familiares a los niños que no están con sus padres, indicaron que “aún el número de niños institucionalizados es muy alto” y con pocos controles de esas situaciones.

A nivel educativo, señalan que el país debe continuar con el esfuerzo presupuestal en el área y, pese a que reconocen avances, están “especialmente preocupados” por la alta desvinculación de los adolescentes en secundaria. El comité recomienda generar más políticas destinadas a niños afrodescendientes, en situación de vulnerabilidad y en el agro, al tiempo que piden priorizar políticas para el cuidado de niños de entre cero y tres años.

El CDN se muestra preocupado por la creciente “percepción social” de que los adolescentes son los responsables de la inseguridad, cuando eso “no coincide con los datos oficiales, según afirman”. Además, cuestionaron la traducción de esa percepción en la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia, como el nuevo registro de antecedentes penales, la criminalización del intento de robo, el aumento de la detención preventiva de 60 a 90 días y la clasificación de delitos graves como muy graves. Los expertos también señalaron la ausencia de un sistema de justicia de menores especializado en todo el país y la “excesiva utilización de la privación de libertad como medida preventiva”.