La bancada del Frente Amplio (FA) fue la única que acompañó la propuesta del Poder Ejecutivo de modificar el artículo de la Ley de Minería de Gran Porte que refería al plazo de negociación que, después de la etapa de búsqueda de recursos naturales, el Estado tiene para firmar un contrato de explotación con una empresa. La norma se votó semanas antes de que venza el plazo para la negociación de un contrato con la empresa Aratirí -que realizó exploraciones en la zona de Valentines- estipulado por la ley en su redacción original. De acuerdo con la ley de minería aprobada en 2013, el plazo para concretar las condiciones para la explotación de recursos minerales era de 360 días, con una prórroga de 90 días, que en el caso de Aratirí ya estaba corriendo y vencía el 28 de febrero.
La diputada colorada Martha Montaner criticó al gobierno y a la empresa, y avizoró que el caso tendrá un final similar al de otras inversiones privadas, como la de “[Matías] Campiani y el caballero de la derecha”, en alusión al caso Pluna. La legisladora explicó que el Partido Colorado no votaría la ley porque el proceso “les genera mucha incertidumbre” y tiene “poca transparencia”. Según aclaró, el expediente cuenta con 4.000 fojas, pero los legisladores únicamente pudieron acceder a 190, y señaló que una empresa “seria” debería haber firmado un contrato después de 360 días.
Montaner dijo ser una “fiel defensora” de las inversiones, pero aclaró que “las inversiones vienen de la mano con los inversores”, y aclaró que en el caso de Aratirí la empresa no le genera confianza. La diputada repasó la historia de la empresa, desde que había anunciado una inversión de 1.500 a 2.000 millones de dólares, y habló de varias modificaciones de la normativa “con nombre y apellido” de la empresa, que consideró beneficiada por el gobierno.
Iván Posada (Partido Independiente) defendió la Ley de Minería de Gran Porte y sostuvo que en este caso lo mejor es remitirse a ella tal como fue aprobada, por lo que se negó a votar la modificación, que según dijo se votaría para favorecer directamente a la empresa. El diputado blanco Gerardo Amarilla dijo que esta ley le servía para confirmar que el proceso está “plagado de improvisaciones” y que quedó en evidencia la “falta de conocimiento” de las autoridades, al igual que la ausencia de “garantías ambientales”.
Además, sostuvo que se generó un “reality show” de declaraciones, la última de las cuales fue del presidente José Mujica, que adelantó que si no se votaba la prórroga, la empresa podría demandar al Estado uruguayo por la inversión que realizó en la búsqueda de recursos, información que queda en conocimiento del gobierno. Amarilla dijo también que al prorrogar el plazo, Aratirí sigue teniendo derechos sobre los terrenos que investiga, lo que deprecia su valor y favorece la especulación financiera.
Prevención
El frenteamplista Julio Battistoni defendió la modificación de la ley y sostuvo que desde el principio se sabía que debido a que se trata de un recurso natural nuevo para el país, “podía haber correcciones”. Además, sostuvo que la garantía de transparencia es el contrato que se termine firmando, y ante las críticas que varios legisladores de la oposición realizaron sobre la ley aprobada en 2013, Battistoni recordó que la norma fue producto de un acuerdo multipartidario.
El también frenteamplista Ruben Martínez Huelmo señaló que la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado llamó al canciller Luis Almagro “en forma reservada” para que brindara detalles del alcance de las negociaciones con la empresa. El legislador sostuvo que pese a que el Estado no se encuentra en un conflicto con la empresa, al extender el plazo se toman “medidas precautorias” para evitar futuros juicios.