La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas de 2016 (UNGASS, por su sigla en inglés) es una instancia considerada clave por el gobierno uruguayo para impulsar una revisión del actual sistema internacional de fiscalización de drogas, que contraviene las políticas que el país ha tomado en los últimos años y que además ha sido cuestionado por su ineficacia y sus efectos colaterales.
El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el ex presidente de Colombia Ernesto Samper, también plantea hacer un enfoque revisionista. Ayer, durante un encuentro extraordinario del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, el jerarca presentó el documento: “Bases de discusión presentadas por la Secretaría General de la Unasur para identificar una posición regional frente al Problema Mundial de las Drogas”. La propuesta busca “reunir todo el arco crítico” del actual paradigma, “aunque sea mínimo”, dijeron participantes del encuentro.
Añadieron que el documento tiene un enfoque “crítico” con las políticas prohibicionistas y plantea un conjunto de reformas “moderadas”, que apuntan a la despenalización del consumo de drogas (algo que en Uruguay está vigente desde 1974) y la descriminalización de sus usuarios. No obstante, las posturas de los países que integran la Unasur son muy diversas. Además de Uruguay, México, Colombia, Ecuador, Argentina y Guatemala (que propone plantar amapolas legales) son los países más alineados con el “arco crítico”. Del otro lado está, por ejemplo, Venezuela.
No se busca que todo el bloque defienda medidas como la regulación del mercado del cannabis, pero sí una perspectiva que posibilite un acuerdo entre todos los países, expresó el actual secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, tras el encuentro. “Hay ciertos elementos que ya son parte de estos acuerdos: el eje de las políticas de drogas debe estar en las personas y no en las sustancias, las políticas deben formularse en una óptica de salud pública, en una perspectiva de derechos humanos y que tengan en cuenta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sobre este tipo de puntos tenemos acuerdo hoy y podemos comenzar a trabajar en la elaboración de una propuesta regional”. El consejo creó un grupo ad hoc que trabajará en acuerdos para presentar una postura única en la UNGASS 2016.
Sobre el final del encuentro, Samper expresó que si bien hay diferencias en cuanto a las políticas públicas sobre “prevención, educación, salud y manejo del consumo de las drogas, la idea es ponernos de acuerdo sobre mínimos comunes”. “Se trata de ser más duros con los duros y menos duros con los débiles”, resumió.
Ayer Calzada también habló sobre el proceso por el que se viene llevando adelante la ley de regulación del cannabis y dijo que en este mes culminará el proceso licitatorio que adjudicará a entre tres y cinco empresas para efectuar la plantación de marihuana en San José. “Seguramente en el primer semestre del año va a estar funcionando todo el sistema”, dijo en referencia a la venta de marihuana en farmacias. Según pudo saber la diaria, el actual titular del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, Augusto Vitale, permanecería en el cargo durante el próximo período de gobierno.