Los trabajadores del semanario El Eco de Colonia sacarán a la calle la edición de mañana “gracias al apoyo de colegas y colaboradores”, según explicó a la diaria el periodista de ese medio Gabriel Monteagudo. Tras la ampliación de una denuncia realizada por la Cámara Antipiratería por la existencia de software ilegal, el miércoles, la jueza penal de Carmelo María Alexandra Facal dispuso el allanamiento de las dos redacciones del semanario, ubicadas en Carmelo y Nueva Palmira. Según los trabajadores del medio, en ambos procedimientos judiciales estuvo presente el presidente de la cámara, Fernando Couto, quien inspeccionó las computadoras y determinó en qué caso los policías debían incautar los equipos.

Como en la sede de Carmelo las computadoras funcionaban con software libre no se llevaron nada, situación que no ocurrió en Nueva Palmira, donde se incautaron todos los equipos, incluso una laptop de uno de los periodistas que no era objeto de la investigación.

Según explicó Monteagudo, el caso ya estaba en tratamiento en la Justicia y está prevista para el 4 de marzo la realización de una audiencia conciliatoria. Desde El Eco admiten que utilizan software ilegal y están dispuestos a pagar por la infracción, pero se niegan a desembolsar 20.000 dólares, como solicitan los denunciantes. Además de considerarlo desproporcionado, desde el semanario ironizan con que ese monto “es más de lo que vale el diario entero”.

La Asociación de la Prensa Uruguaya, la Organización de la Prensa del Interior y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública emitieron un comunicado en el que advierten que la situación se trata de una “grave violación a la libertad de expresión”. Entienden que se trata de un “severo incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por el país en la materia” e instan “a la revisión judicial inmediata” de la medida, porque entienden que puso “en serio riesgo” la publicación del medio, lo que constituiría “un caso grave de censura indirecta”.

Señalan que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos” mediante formas como “el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos”. Además, citan la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, que en el punto 4 establece que el principio “sólo admite limitaciones” cuando está en riesgo “la seguridad nacional”. También sostienen que la resolución de la jueza es “arbitraria, innecesaria y desproporcionada”, porque el derecho de la Cámara Antipiratería de percibir dinero por la infracción “no justifica la violación del derecho a la libertad de expresión”.