El Ministerio de Salud Pública (MSP) dispuso la sanción, que podría llegar a las 1.000 Unidades Reajustables, como resultado de un largo proceso administrativo que comenzó en setiembre de 2013 cuando vecinos de Colonia Juncal (Guichón, departamento de Paysandú) denunciaron a un productor por violar las distancias mínimas permitidas para fumigar y no seguir las recomendaciones de buenas prácticas agrícolas. Se comprobó que el escozor nasal y de garganta, dolor torácico y dificultad respiratoria que experimenta Miriam Bodeant desde entonces corresponden “a un cuadro de afectación a la salud secundario a la exposición aguda a plaguicidas irritantes”.

El 22 de enero la Dirección Departamental de Salud de Paysandú acusó recibo de una notificación del director de la División Jurídica Notarial del MSP, Feliciano Mauvezin, mediante la cual informaba que “se comparte lo informado respecto a la aplicación de sanciones económicas al responsable del daño causado a la denunciante” y solicitaba que se le diera vista para que “articule sus descargos”, otorgándole diez días hábiles para tales fines. Cumplido el plazo, la directora general de la Salud, Marlene Sica, pondrá fin al expediente y fijará el valor de la multa.

Sica había recibido el 19 de noviembre un informe de la directora de la División Salud Ambiental y Ocupacional, Carmen Ciganda, en el que daba cuenta de que, según el relato de Bodeant y los certificados médicos presentados, los síntomas relatados -que la obligaron a realizar varias consultas clínicas y a requerir “oxigenoterapia, corticoides y antialérgicos”- se debieron a la “exposición aguda a plaguicidas irritantes”. En su escrito la jerarca explica que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) constató “la aplicación de plaguicidas a menos de 200 metros y en cercanías de cursos de agua, lo cual transgrede la normativa nacional”. Los análisis determinaron que el productor empleó 2,4 D-Amina, un “herbicida de alta toxicidad”. El MSP considera que está demostrado que la afectación a la salud de Bodeant fue resultado de la fuente de exposición y el modo de la aplicación, mediante tractores conocidos como mosquitos por sus largos brazos que rocían los químicos, por lo que Ciganda lo califica como “un hecho grave” marcado por “irresponsabilidad” y solicita, “salvo mejor opinión, la aplicación de sanción económica”.

El 29 de julio de 2014 la diaria publicó el caso de Bodeant en el marco de un informe sobre los pueblos fumigados. En aquel entonces la apicultora se quejaba de que llevaba diez meses de tratamiento médico y de que sus colmenas habían perdido población y productividad desde que un vecino argentino comenzó a plantar soja en las cinco hectáreas con las que cuenta en Colonia Juncal.

Ella comenzó con irritaciones en la garganta y los ojos y con problemas respiratorios que, asegura, no fueron bien diagnosticados en la primera consulta. Mientras contaba su historia tosía y se destapaba la boca sólo cuando tenía que hablar, porque dice que hasta el frío la afecta inmediatamente. “Estoy igual o peor que entonces, quedé con hipersensibilidad en las vías respiratorias”, dijo hace dos días a la diaria. Hasta respirar le cuesta a veces.

Paso al frente

Es el tercer caso en los últimos tres meses en que el MSP aplicó multas de similares características; las dos anteriores fueron en Canelones: la primera a un productor afincado en Laguna del Cisne y la segunda a un médico que planta soja en Paso Picón. Este último volvió a incumplir la normativa la semana pasada, según lo comprobado por el MGAP.

Con este tipo de medidas el MSP se metió de lleno en el debate nacional que promueven los habitantes de los pueblos fumigados por agroquímicos. Grupos de vecinos y organizaciones ecologistas criticaban que ante una irregularidad con agrotóxicos el abordaje institucional era desde el punto de vista productivo o ambiental, pero que no había una mirada desde la salud.

Sobre final de año, y a impulso de la Departamental de Canelones, con respaldo de la Dirección General de la Salud, se comprobaron dos situaciones de trastorno para la salud de las personas en las dos localidades mencionadas. Sobre fines de 2014, y en el marco de la mesa convocada por la Institución Nacional de Derechos Humanos el 10 de diciembre en Guichón, delegados del MSP informaron que se estaba terminando de instrumentar un protocolo de actuación con el procedimiento a seguir ante una intervención por agroquímicos.

Las organizaciones y víctimas directas, que se están organizando en un movimiento nacional de afectados por las fumigaciones, aspiran a que se haga investigación en sus comunidades y se lleve un registro de perjudicados, de sus cuadros clínicos y de los productores implicados, de manera de, por un lado, poder impulsar políticas públicas con base científica y, por otro, identificar a los empresarios que atentan contra la salud de las personas.

Noticias de ayer

A Ariel Gulpio lo citaron la semana pasada del MGAP para notificarle los resultados de los análisis que se practicaron en su campo para establecer la existencia indebida de agroquímicos. “Positivo”, le dijeron, confirmándose así, una vez más, que el médico sojero Máximo Castilla continúa con sus prácticas inadecuadas a la hora de fumigar sus varias hectáreas, que en esta zafra volvió a sembrar con soja.

El procedimiento sería ahora establecer una multa por parte de la Dirección General de Servicios Agrícolas. En esta oportunidad, según explicó Gulpio, se comprobó que en noviembre Castilla no tuvo en cuenta las condiciones climáticas y que, como consecuencia, la deriva de los plaguicidas que utiliza llegó a los campos de Gulpio, que también es productor, pero orgánico.

“Esto ha sido la ruina para mí. Cuando compré este campo estaba rodeado de tambos y creía que eso me garantizaba la posibilidad de producir orgánicamente”, recuerda el vecino de Paso Picón. Pero hace cinco años, Castilla, un reconocido médico de la zona, decidió sumarse al boom de la agricultura extensiva y su semilla estrella. Desde entonces empezaron los problemas para la producción y para la salud de Gulpio y de su esposa. “Estuve a punto de morirme, pero en la mutualista dijeron que se trató de un broncoespasmo”, afirma el hombre, sin dar crédito todavía. “Y qué querés, son todos médicos, mirá si van a poner algo que perjudique a alguno de ellos”, planteó.

En ningún momento, a pesar de que asegura que lo pidió en rei- teradas oportunidades, le hicieron exámenes para medir la colinesterasa [sustancia que ayuda al sistema nervioso a trabajar correctamente] en sangre; no obstante, “pusieron en el informe que estaba normal”, se indigna. La afectación de la colinesterasa es uno de los síntomas directamente vinculados con la exposición a determinados tipos de agroquímicos, muchos de los cuales se emplean en el cultivo de soja.

Gulpio cuenta que hace poco más de un año y como consecuencia de las fumigaciones de Castilla empezó a tener complicaciones en la salud: “Perdí la vesícula, y el aparato digestivo y urinario me quedaron destrozados”. Fue una semana terrible, remarca, durante la cual la deriva los rociaba permanentemente. “Yo tenía la piel de una persona de 60 años bien cuidada, ahora tengo la piel de una persona de 80 años”, describe Gulpio una de las secuelas que le trajo la producción sojera, y reitera que su economía entró en picada, ya que de orgánico poco les queda a sus tierras.

Se confirmó que la deriva de Castilla afectó a sus tierras por la fumigación hecha en noviembre, la primera de la temporada. Y siguieron en diciembre, enero y febrero. El fin de semana tocó de nuevo. Y como lo viene haciendo desde las primeras zafras, Adriana Pascual registra con su cámara lo que pasa al otro lado de la calle. Esta vecina de Paso Picón y su hija han sido afectadas en la salud de manera crónica, según lo comprobado por el MSP, que a fines de 2014 impuso una multa de 1.000 Unidades Reajustables a Castilla, que parece no haberlo des- lentado. Todo lo contrario.

La condición de médico convierte a Castilla en una persona conocida en su área de influencia, potenciado por ser uno de los principales referentes de Médica Uruguaya, una de las dos mutualistas con presencia en el lugar. Pero también se lo conoce, cuentan sus víctimas, por las reacciones y entredichos que empezó a protagonizar cuando, además de curar, se volcó a la soja transgénica. Sin contar gritos e insultos a los vecinos que lo acusan de no respetar la vida ajena, ha decidido llevar en más de una ocasión los entredichos a la Justicia. Primero lo hizo en el fuero penal por difamación e injurias, alegando que se había afectado su buen nombre con versiones malintencionadas sobre su persona y su calidad de empresario. El juzgado que intervino la archivó por falta de mérito. No satisfecho, intenta ahora en el fuero civil, donde busca un resarcimiento económico al considerar que las denuncias le están haciendo daño a su negocio.