“Las declaraciones de ANCAP no son claras”. Integrantes del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería (Uruguay Libre) convocaron ayer a una conferencia de prensa con el objetivo de exponer la posición de las organizaciones de la sociedad civil frente a la potencial búsqueda de hidrocarburos no convencionales en el territorio nacional, reclamando la intervención a nivel nacional para declarar al país un territorio libre de fracking, la técnica que, según el movimiento, se utilizaría para extraerlos, y asimismo, declarando la “ilegalidad” del contrato firmado con la empresa que realizaría las excavaciones.

La fracturación hidráulica (en inglés, fracking) consiste en la fracturación de la “roca madre” para extraer los hidrocarburos “atrapados” en su interior. Se utiliza una técnica de perforación mixta: en primer lugar se perfora de manera vertical (en el caso de Uruguay, a aproximadamente 2.000 metros de profundidad) y después de dos a cinco kilómetros en horizontal. Sobre este punto se inyecta agua con arena y una serie de aditivos químicos (detergentes, lubricantes, surfactantes) a gran presión, lo que genera la fractura en la roca y, consecuentemente, la liberación del gas buscado, que asciende a la superficie a través del pozo.

Antecedentes

El próximo director nacional de Minería y Geología será Gerardo Veroslavsky, quien, según su currículum, desde 2011 se desempeña como “geólogo consultor de SEU–Uruguay, empresa norteamericana con contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en la región centro-norte de Uruguay, bloque Piedra Sola, bloque Salto, cuenca Norte”.

El futuro jerarca también trabajó para la minera Aratirí; realizó parte de los estudios ambientales que presentó en 2011 ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente como parte de su evaluación de impacto ambiental para obtener la autorización ambiental, según constató el semanario Búsqueda.

“Lamentablemente lo están comprometiendo”, sostuvo a la diaria Viñas. “El cargo tiene que controlar campos en los que comercialmente está comprometido”, por lo que “habiendo tantos ciudadanos que saben de minería y geología, y que no tienen intereses comerciales creados en ese campo, ponerlo a Gerardo es comprometerlo”, afirmó.

Las inyecciones en el subsuelo para favorecer la extracción de petróleo se remontan al siglo XIX, pero esta técnica en particular se originó a mediados del siglo XX. Desde ese entonces, han habido “numerosos estudios”, según el integrante de Uruguay Libre Carlos Anido, que concluyen que esa técnica es “peligrosa e incontrolable”.

Por un lado, tanto Uruguay Libre como organizaciones ecologistas a nivel mundial advierten que la perforación por sí misma provoca “alto riesgo por movimientos sísmicos”. Según Anido, es “poco” el control que se puede tener sobre la técnica respecto de “hasta dónde llega la fracturación” y “qué movimientos genera”. Por otro, el ingeniero habló de lo que “sale a la superficie de la sopa química ”, como le llama a la mezcla que se inyecta a gran presión, que dice que provocaría “grandes perjuicios al Acuífero Guaraní [ubicado al norte del país, donde serían las perforaciones], que es lo que está principalmente en juego”.

A nivel internacional, la organización Greenpeace advierte en un informe específico sobre las “enormes cantidades de agua” que utiliza la técnica, de “entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua para las operaciones de un solo pozo”. Otra estimación indica que “entre 15% y 80% del fluido que se inyecta para la fractura vuelve a la superficie como agua de retorno, y el resto se queda bajo tierra, conteniendo aditivos de la fractura y sus productos de transformación”. Advierten, además, sobre la emisión de metano (un gas de efecto invernadero), la contaminación acústica y los impactos paisajísticos.

No a la sopa

“La posibilidad de contaminación es cierta”, sostuvo Anido, “y la postura de las autoridades, ambigua”, agregó, por su parte, el periodista integrante de Uruguay Libre Víctor Bacchetta.

El 13 de enero ANCAP difundió un comunicado de prensa en el que anunciaba la certificación de recursos prospectivos de hidrocarburos convencionales en las áreas de Salto y Piedra Sola (localidad que se encuentra en el límite entre Paysandú y Tacuarembó), ubicadas en la cuenca Norte de Uruguay. En el comunicado se habla únicamente de “recursos convencionales”, lo que implicaría que, “en caso de su descubrimiento y eventual desarrollo, se utilizarían técnicas de explotación convencionales”, descartando rotundamente la utilización de “técnicas como por ejemplo el fracturamiento hidráulico masivo”.

Sin embargo, los integrantes de Uruguay Libre aseguran que desde la empresa australiana Petrel Energy Limited afirman que hay potencial de “recursos convencionales y no convencionales”, y sostienen que el contrato de exploración y explotación firmado por ANCAP y Schuepbach [accionista de 51% de Petrel] “incluye explícitamente los hidrocarburos no convencionales”, que son los que causan preocupación, ya que “sólo se pueden extraer mediante el fracking”. Bacchetta sostuvo que esta técnica ha sido prohibida en diversos países después de ser utilizada: en Francia, Bulgaria, Alemania, Escocia y, asimismo, en diversas localidades de Estados Unidos y Argentina.

“Estas empresas vienen por hidrocarburos no convencionales y lo dicen explícitamente, y las declaraciones de las autoridades uruguayas no generan tranquilidad en este aspecto, porque, por un lado, parece que se descarta que se vaya a llegar a aplicar el fracking, pero, por el otro, se han firmado contratos con empresas extranjeras que admiten esa posibilidad, y las empresas contratistas así lo indican en forma explícita”, sostuvo Uruguay Libre, que reclama “más claridad” de parte de las autoridades de ANCAP respecto de las excavaciones que se van a llevar a cabo en la zona norte del país. En este sentido, Uruguay Libre, junto con organizaciones como Tacuarembó por la Vida y el Agua, Paysandú Nuestro, Paysandú Libre de Fracking, Grupo de Jóvenes Piedra Sola y Grupo de Ciudadanos de Salto plantean además la necesidad de prohibir a nivel nacional la utilización del fracking como técnica excavatoria.

Por otro lado, Raúl Viñas, integrante del mismo movimiento, sostuvo que el contrato firmado entre ANCAP y Petrel Energy Limited “es ilegal”. Basado en el Código de Minería, que, según dice, establece que “ningún contrato minero podrá tener cláusulas de resolución de conflictos en territorio internacional”, Viñas sostiene que el contrato firmado determina lo contrario y, por eso, sería ilegal.

Otro tema

En cuanto al proyecto de ley firmado por el presidente José Mujica para postergar por un año la firma del contrato entre el emprendimiento minero Aratirí y el gobierno, Uruguay Libre sostiene que “no tiene fundamentos”. “La realidad es que, salvo que le pagáramos para extraer el hierro, no hay manera de que [a Aratirí] le sea viable” el proyecto, dijo Bacchetta, quien explicó que el proyecto “fue pensado para un [precio] mínimo del hierro de 90 dólares la tonelada”, mientras que hoy vale 63,5 dólares, “y estiman que se mantendrá en los próximos años por debajo de los 60 dólares”.