Los titulares de los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de Industria, Energía y Minería (MIEM), Eneida de León, Tabaré Aguerre y Carolina Cosse, respectivamente, dieron ayer una conferencia de prensa para anunciar la voluntad del presidente de la República, Tabaré Vázquez, de profundizar las medidas instrumentadas en mayo de 2013, para frenar y revertir el deterioro de la calidad del agua del río Santa Lucía, que da de beber al 60% de la población del país.
Los jerarcas transmitieron que se trata de un “tema crucial para el gobierno” y que el presidente remarcó que su abordaje “no se va a dilatar en el tiempo”, sino que se instrumentará “en el corto plazo”. De León aseguró que se aplicarán las sanciones para que se cumpla el plan proyectado. Descartó que se esté ante una situación de emergencia y afirmó: “Vamos a seguir actuando para que haya seguridad total, para que en 20, 30 años la disponibilidad de agua potable para el área metropolitana esté asegurada”.
Aterrizaje
Una de las medidas implementadas desde 2013 apunta a reducir el impacto de los vertimientos de origen industrial. De un total de 54 industrias instaladas en la cuenca del río Santa Lucía (que comprende parte de los departamentos de Lavalleja, Canelones, San José, Florida, Flores y Montevideo), el MVOTMA determinó en 2013 que había 24 que eran prioritarias, debido a sus niveles de producción, ubicación, caudal de efluentes y cargas de materia orgánica y nutrientes volcados a los cauces de agua. El ministerio intimó a esas 24 industrias a implementar sistemas de tratamiento de remoción de nutrientes en sus plantas de tratamiento. Jorge Rucks, ex titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y actual subsecretario del MVOTMA, respondió que hasta el momento no se ha aplicado ninguna multa por incumplimiento en la cuenca del Santa Lucía, pero aseguró que se está trabajando. Dijo que todas las industrias (son 23 porque una cerró) “presentaron sus planes y proyectos de ingeniería para el tratamiento de los efluentes y cargas orgánicas y de fósforo y de nitrógeno, que fueron las exigencias que se pusieron”. Aclaró que la aprobación de las plantas de tratamiento de esas industrias se ha demorado porque en Uruguay no existían ese tipo de plantas y que se trajeron especialistas internacionales para analizarlas. Al día de hoy hay aprobadas 18 plantas y las otras están en proceso, aseguró el subsecretario.
Tres de las 11 medidas le corresponden a OSE. Una consiste en mejorar el sistema de saneamiento de tres ciudades: Fray Marcos, San Ramón y Santa Lucía. Otra apunta a crear una reserva de agua potable en el arroyo Casupá (algo que ya estaba previsto en 2013) y otra en la cuenca del arroyo El Soldado (incorporada en 2014); con las reservas de agua se aumenta el caudal del río Santa Lucía, y con eso se aumentaría la disponibilidad de agua que llega a la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, y además de atacar la escasez evita la aparición de cianobacterias. Respecto de las plantas de saneamiento y los nuevos embalses, De León aseguró que “hay compromiso del Poder Ejecutivo, y específicamente del presidente, de que esas inversiones van a estar disponibles para poder resolverlas el tema en esta administración”. La otra tarea de OSE es resolver el manejo y disposición de lodos que salen de la planta de Aguas Corrientes, cuyo proceso está operativo y se espera que esté disponible para ser utilizado en setiembre de 2017.
Otra de las medidas consiste en la presentación de planes de uso, manejo y conservación de suelos ante el MGAP de los padrones rurales que estén en la cuenca. Las autoridades anunciaron que se trabajó en una fase piloto con sistemas lecheros en la cuenca del Arroyo de la Virgen (que incide altamente en el embalse de Paso Severino), y el 30 de abril es la fecha límite para presentar los planes de uso ante el MGAP.
Se avanzó, también, en cuanto al control de los feed lots, o emprendimientos de engorde de ganado a corral. Se regulan ahora por un decreto aprobado en junio de 2014 que obliga a los establecimientos a contar con un sistema de tratamiento de efluentes líquidos, y aquellos que se instalen o quieran aumentar su capacidad por encima de 5.000 animales deberán presentar una solicitud de autorización ambiental.
Desde 2013 se exige el tratamiento y manejo obligatorio de efluentes de todos los tambos de la cuenca del Santa Lucía. Antes del 30 de abril de 2014 los tambos con más de 500 animales debían presentar Solicitud de Autorización de Desagüe y propuesta de Plan de Gestión de Residuos Sólidos. De acuerdo al informe entregado por el MVOTMA, hasta ahora lo han presentado sólo 16 tambos de un total de 1.600, y se está trabajando en el diseño del sistema de autorizaciones y en su control. El ministro Aguerre acotó que se está trabajando con los productores lecheros en aprovechar los efluentes y usarlos como fertilizantes en el propio campo.
Otra de las medidas apunta a restringir el acceso de ganado a los embalses de Paso Severino, Canelón Grande y San Francisco.
Aguerre precisó que el deterioro de la calidad del agua de la cuenca del río Santa Lucía “no empezó con la intensificación [agrícola] de los últimos diez años”, sino de la producción agrícola, hortícola, lechera y vitivinícola que se desarrolla desde hace más de un siglo. Una de las medidas anunciadas en 2013 apunta a crear una zona de amortiguación en los ríos y arroyos de la cuenca del Santa Lucía, y en ella se avanzó con un decreto firmado el 24 febrero por el ex titular del MVOTMA, Francisco Beltrame, que declaró como zona sin laboreo de tierra y uso de agroquímicos a una franja de 40 metros en las márgenes de los cursos principales (ríos Santa Lucía y San José), a 20 metros de los afluentes de primer orden y a 100 metros de los tres embalses.
La Dirección Nacional de Aguas controlará las extracciones de agua superficial y subterránea de la cuenca, otra de las medidas; De León afirmó que “hay muchas intimaciones” por permisos que debieron solicitarse hace más de un año. De acuerdo al documento entregado por el MVOTMA, 39% de quienes fueron intimados no han realizado trámites ante Dinagua (se trata de 248 emprendimientos).
Se apuntará además a la recuperación del monte nativo. Aguerre señaló que hasta 2010 la multa por talar una hectárea de monte nativo era de 400 dólares y que en 2011 la cifra se elevó a 12.500 dólares. “Es una señal, dijo, pero remarcó que lo más importante es la comunicación y el diseño de políticas para la prevención de problemas.
Las autoridades valoraron también la creación en 2013 de la Comisión de Cuenca del río Santa Lucía, en la que participan el gobierno y la sociedad civil, y el ingreso de los humedales del Santa Lucía al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Respecto de la fiscalización, De León respondió que “es un tema complejo” que desarrollarán “los ministerios en conjunto”. Enunció que también está involucrado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que reemplazará alambrados en los embalses, “y, por qué no, el Ministerio de Defensa”. Anunció que otra parte podrá hacerse por monitoreo satelital, al tiempo que Cosse reafirmó que es necesario “ser más eficientes en la gestión de controles”.