Cuando Tabaré Vázquez asumió la presidencia, el 1º de marzo, anunció que crearía un Grupo de Trabajo por verdad y justicia, formado por representantes de entidades religiosas, políticos y miembros de la sociedad civil. Pero también pidió que quienes tengan una “propuesta mejor” la presenten “formalmente a Presidencia”. Plenaria Memoria y Justicia tomó la invitación al pie de la letra: ayer presentó una “propuesta de derechos humanos” en la Torre Ejecutiva que solicita un “juicio excepcional a la dictadura”. Se trata de “un proceso de ‘acusación popular’”. Plantean que se juzgue a los represores como “genocidas”, “por los delitos económicos” ocurridos durante la dictadura, “en forma oral y pública”, “sin prebendas”, “en un marco conjunto a los más de 551” que identificaron. La propuesta fue recibida en la mesa de entrada; no se presentó ninguna autoridad del gobierno, pero les comunicaron que la semana que viene sabrán qué opina Vázquez al respecto.

El grupo de trabajo que creó el presidente tiene como objetivo “profundizar en el análisis de los archivos” y “hacer el seguimiento del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado”, según explicó Vázquez. La dirigente de Plenaria Irma Leites comparó el grupo con la Comisión para la Paz que creó el ex presidente Jorge Batlle: “Se trataba más de una operación política que de una voluntad de hallar la verdad”. “Es otra maniobra de dilación”, afirmó. En ese sentido, en el documento se sostiene que el grupo está integrado por “sectores que no sólo no han estado todas estas décadas en la búsqueda de la verdad y la justicia, sino que algunos de ellos han estado profundamente vinculados a las políticas de ocultamiento y represión”. Plenaria planteó la necesidad de constituir una comisión interdisciplinaria con las organizaciones sociales que trabajan en temas de derechos humanos. “Si no, volvés para atrás”, opinó.

Exigen que “se entreguen todos los archivos de Inteligencia, los de los cuarteles, del Hospital Militar y Policial, los que existen en cofres fort, los de las morgues, los de las capillas que registraron nacimientos en fechas claves de desapariciones de niños, no sólo en Uruguay sino en todos los países en el que operó el Plan Cóndor”. A su vez, proponen “confiscar los archivos que poseen como trofeos y garantías personales los represores. Varios de ellos se jactaron de tener archivos en sus casas”, añaden. También piden que “se preserven los lugares donde hay denuncias de enterramientos, entre ellos el 9º de Caballería, sito en Belloni y Aparicio Saravia ya ‘transformado’”. “Que se implemente un banco de ADN que abarque a familiares de desaparecidos de todos los países en que operó el Plan Cóndor”.

Asimismo, el documento incluye una lista “incompleta” de 551 nombres de los represores identificados y denunciados por Plenaria Memoria y Justicia, e incita al gobierno a ponerse en acción “inmediatamente”, y detenerlos. Además, sostienen que “choca contra el más elemental sentido de justicia que los genocidas gocen de beneficios como la detención domiciliaria u otras prebendas”; entre ellas califican de “incomprensible” que algunos cumplan condena en Domingo Arena. Los acusan de utilizar “la burla y la amenaza para entorpecer la actuación de los procesos en su contra y de sus cómplices”.