En su discurso por cadena nacional el 1º de marzo, Tabaré Vázquez pidió a las organizaciones sociales que tuvieran una “propuesta mejor”, en relación con la creación del Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia, que la presentaran formalmente a Presidencia de la República para considerarla. La agrupación de ex presos políticos Crysol recogió el guante y ayer le presentó siete medidas para “fortalecer el trabajo del Poder Judicial”, la institución “que tiene la potestad para investigar y sancionar en el sistema democrático uruguayo”, según dijo Gastón Grisoni, presidente de Crysol. Se las presentaron al prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo.

Roballo les dijo que el grupo Verdad y Justicia ya había comenzado el trabajo y que ayer tuvo una reunión con el presidente Tabaré Vázquez, en la que el presidente les transmitió a los integrantes (la diputada Macarena Gelman, el senador suplente Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Susana Andrade, en representación de la comunidad afrouruguaya, el pastor metodista Ademar Olivera, Pedro Sclofsky, por la colectividad judía, y Mario Cayota, por la Iglesia católica) que tienen “plena autonomía e independencia para actuar” y que se reunirá una vez por mes con ellos para “colaborar en lo que pueda”. Roballo también les transmitió que el grupo está abierto para reunirse con organizaciones sociales o personas. “Nosotros podemos pedir cuando queramos para reunirnos y nos recibirían”, explicó Chela Fontora, de Crysol. El grupo se institucionalizará por decreto en los próximos días.

Fueron siete las medidas propuestas por la organización. Entre ellas, liberar de la carga rutinaria de trabajo a los juzgados penales que tramiten causas de derechos humanos, crear una fiscalía responsable de las causas de derechos humanos del pasado reciente, y fortalecer la Unidad Especializada de apoyo a la Justicia creada en el Ministerio del Interior, para que puedan avanzar las investigaciones. También plantearon que se brinde apoyo legal y psicológico a las víctimas o sus familiares denunciantes y que se hagan campañas públicas para obtener información sobre los restos de los desaparecidos. En relación con los procesados por crímenes cometidos durante la dictadura, Crysol pidió que a quienes sean militares y tengan sentencia firme se los someta a tribunales de honor de las Fuerzas Armadas, “para que sean expulsados, porque siguen siendo miembros de las Fuerzas Armadas y ensucian a todos los militares”. Además, plantearon que se exija la responsabilidad económica a los responsables de los crímenes, por las indemnizaciones que el Estado ha tenido que abonar por ellos.