La jueza en lo civil Josefina Tommasino dictó sentencia el lunes en relación a la demanda que unos 3.400 funcionarios judiciales (98% del total de funcionarios) y 400 actuarios presentaron para que se les aumente 26% el sueldo. El reclamo deriva, a entender de los funcionarios, de la Ley de Presupuesto Quinquenal de 2010 -la 18.719-, que equiparó el sueldo de los ministros de Estado al de los senadores y, combinada con otras leyes que enganchan los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia al de los ministros y a su vez, al resto de la estructura del Poder Judicial, habría generado un aumento salarial a los funcionarios desde enero de 2011. Desde entonces, este mismo reclamo implicó conflictos sindicales (con los funcionarios judiciales y actuarios y otros gremios de la órbita judicial, como magistrados y defensores de oficio), leyes interpretativas y acciones de inconstitucionalidad.

La jueza falló a favor del reclamo de los funcionarios, aunque modificó el período de la retroactividad: el planteo de los trabajadores era a partir de abril de 2011, cuando dejaron de recibir el aumento, y Tommasino resolvió que fuera a partir de diciembre de 2012, cuando los funcionarios presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 18.738, norma interpretativa de la presupuestal con la que el Poder Ejecutivo buscaba limitar el aumento salarial a los ministros, pero que finalmente fue considerada inconstitucional. Los funcionarios reclamaban por un total de 1.276.877.729 pesos, más de 50 millones de dólares, pero el monto disminuirá por el período al que la jueza limitó la retroactividad. El fallo condena a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y al Ministerio de Economía y Finanzas como representante del Poder Ejecutivo, encargado de liberar los fondos. Ambas partes tienen hasta el 13 de abril para apelar la sentencia. El ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, informó que analizarán hoy la situación, pero recordó que la corporación tuvo una actitud de confrontar con la posición que sostenían los funcionarios.

La jueza considera que como las dos leyes modificativas de la 18.719 (la 18.738 y la 18.996) fueron declaradas inconstitucionales por la SCJ, la 18.719 sigue vigente, “corresponde amparar la demanda” desde que promovieron la demanda de inconstitucionalidad sobre la Ley 18.738. Señala, además, que hacia el futuro se debe incorporar en el salario el aumento correspondiente, y en este punto involucra a la Ley 19.310, de diciembre de 2014, que establecía un aumento de 8% en los sueldos de los funcionarios judiciales. La ley está aprobada pero no reglamentada, y según la jueza, se debe aplicar “a las resultancias de la liquidación a formularse” tras esta sentencia, es decir, con el 26% de aumento incorporado. De todas formas, los trabajadores concurrirán hoy a la SCJ a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley.

Los judiciales tendrán hoy una asamblea general a las 14.30 (con paro desde las 14.00). Gustavo Signorelle, integrante de la directiva de la Asociación de Funcionarios Judiciales, sugirió que “no sería bueno ni que el Ejecutivo ni la SCJ apelaran; no sería bueno para ellos”.