Sólo cinco países en América Latina incrementaron su deuda pública en los últimos 15 años, y Uruguay es uno de ellos. Después de la crisis financiera internacional de 2008, la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB) se ha mantenido prácticamente estable para 14 países de los 19 considerados de América Latina -en torno a 34,4% del PIB-, pero Uruguay, Chile, El Salvador, México y República Dominicana la han aumentado, aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostiene que el nivel de endeudamiento local (de 44% del PIB) es “moderado”.

Entre 2003 y 2008 -años de bonanza para la región- se redujo considerablemente el nivel de la deuda pública, y además se modificó de manera significativa su composición, observándose una extensión de los plazos, una mayor participación de la deuda a tasa fija, un aumento de la proporción de residentes en su tenencia y un creciente peso de las deudas en moneda local, abriendo un mayor espacio fiscal, que refiere a la disponibilidad de recursos para un propósito específico que no altera la sostenibilidad de la posición financiera del gobierno o de la economía en su conjunto.

Un concepto opuesto a éste es el de vulnerabilidad fiscal, que se mide comúnmente mediante indicadores asociados a la volatilidad macroeconómica y financiera, en los que Uruguay presenta las siguientes cifras: su balance público primario (la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno) es de 0,9% del PIB, 0,2 puntos por encima del umbral fijado por la CEPAL para medirla; su diferencial entre las tasas de interés y crecimiento es de 3,5%, mientras que el valor de referencia se ubica en 2,6%; y su déficit en cuenta corriente se fijó en 2014 en 6,5% del producto, cuando la señal de alerta se ubica en -1,3%.

Una guía

Uno de los grandes desafíos que sigue enfrentando la región es el de mejorar el poder redistributivo de la política fiscal, “de manera de promover una mayor igualdad en la distribución del ingreso disponible y una mayor reducción de los niveles de pobreza”, afirma la CEPAL, que considera el impuesto sobre la renta personal como una de “las principales áreas que es necesario fortalecer”. Uruguay, no obstante, se posiciona con buenos resultados en este sentido: junto a Argentina y a Brasil es de los países que lograron mayores reducciones de la desigualdad social por efecto de las transferencias monetarias y los impuestos.

Durante las últimas dos décadas tuvo lugar un crecimiento de la participación de los impuestos directos, como resultado de la evolución positiva de la recaudación de los tributos que gravan la renta; Uruguay y México son los dos países que más recaudan por este impuesto, en el orden de 2,6% del PIB en Uruguay tanto para las empresas como las personas físicas, con una participación relativa similar, de 49,7% y 50,3%, respectivamente.

Otro punto en el que Uruguay se destaca es en el gasto social, donde se posiciona como el segundo de la región -atrás de Argentina-, con un nivel que sobrepasa los 1.800 dólares por habitante.