El 5 de marzo, el diario El Observador informó que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) había recibido una “andanada de recursos de inconstitucionalidad” ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). “Los primeros recursos fueron presentados la semana pasada, dijeron a El Observador fuentes de la SCJ”, indicaba el matutino en esa fecha, y agregaba que “fuentes del ámbito privado” aseguraban que “en total serán más de una decena”. El 6 de marzo, El Observador informó que “DirectTV también recurrió la ley de medios”, en un recurso presentado el 2 de marzo. “Además, otras diez empresas ya presentaron el recurso ante la SCJ”, agregaba la nota. El 8 de marzo, el mismo matutino informaba que la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) brindaba asesoramiento a sus asociados para accionar contra la ley de SCA, “más allá del recurso presentado por DirectTV y otra decena de empresas”, en el marco de una nota que informaba que el presidente Tabaré Vázquez había decidido seguir adelante con la reglamentación de la ley pese a los recursos de inconstitucionalidad presentados. El 12 marzo, fue también El Observador el que dio la noticia de que Vázquez decidió postergar la reglamentación. El presidente declaró al diario: “Esperaremos a lo que dictamine la SCJ y luego estudiaremos el camino a seguir”.
El 19 de marzo, el semanario Búsqueda informó que durante la reunión del Consejo de Ministros del 16 de marzo, Vázquez dijo a los integrantes de su gabinete que si la SCJ no dictamina antes de mediados de año, aprobará la reglamentación, cuya redacción ya está pronta, según aseguró. El 23 de marzo, el diario El País informó que Andebu planeaba presentar un recurso de inconstitucionalidad a la semana siguiente, según declaró al matutino el presidente de esta asociación, Pedro Abuchalja. El País informó que las empresas solicitaron un informe jurídico al abogado Martín Risso, en el que se ampararán para presentar los recursos. Risso fue convocado al Parlamento durante el estudio del texto y consideró que la norma contenía varias inconstitucionalidades.
Hasta el momento, según informó a la diaria el ministro de la SCJ Ricardo Pérez Manrique, sólo una empresa presentó un recurso de inconstitucionalidad. “Por la información de la que dispongo, sólo hay un recurso de DirectTV”, señaló el ministro.
La ley de SCA limita la cantidad de abonados y el número de frecuencias que puede tener una empresa con el objetivo de evitar la concentración mediática; establece la obligatoriedad de incluir producción nacional; señala que las empresas deberán pagar un precio mensual por la renovación de su licencia; y prohíbe a los titulares de licencias de televisión satelital para abonados ser, al mismo tiempo, titulares de licencias de radiodifusión abierta o para abonados mediante soporte físico, entre otras disposiciones que afectan a DirectTV.