La calle lo quiere

-¿Cuáles son los principales desafíos que asume la JND en este nuevo período de gobierno?

-Darles continuidad a las políticas que se desplegaron desde 2005 y se continuaron en 2010. En ese marco, es necesario desplegar políticas de drogas que tengan como eje la regulación de los mercados, no la represión. Otra de mis grandes batallas de gestión será la de dotar de un presupuesto coherente y firme a las políticas de drogas de este país.

-¿En qué se diferencian estos desafíos de los que tuvo cuando asumió la JND en 2005?

-El principal tema que enfrentamos cuando asumimos el primer gobierno frenteamplista era el lavado de dinero y el imperio total de las sociedades anónimas financieras de inversión, y la falta de juzgados y fiscalías especializados para estudiar delitos complejos, como el lavado de dinero. Cuando llegué en 2005, el inspector Julio Guarteche [jefe de la Policía Nacional] me presentó unos documentos que estaban llenos de inmuebles y vehículos que se pudrían en las comisarías y las brigadas. Desplegamos con mucho ingenio, y en base a un proyecto de cooperación con la OEA, lo que hoy es una realidad muy importante: el Fondo de Bienes Decomisados. Ahora, la población sabe que dos por tres hay remates de bienes incautados al narcotráfico, y eso ha convertido a la JND en una oficina recaudadora de primer orden. Estamos recaudando cerca de diez millones de dólares por año.

-El primer gobierno del Frente Amplio reguló el tabaco y el segundo, la marihuana. ¿La apuesta fuerte del tercero va a ser el alcohol?

-Soy repetidor en el tema del alcohol. Envié en 2008 un proyecto que fracasó en el Parlamento. El tema alcohol es una deuda pendiente desde hace mucho tiempo. El hecho de que lo haya mencionado Tabaré Vázquez en su mensaje significa un aval a una cosa que, de otra forma, sería difícil hacer. Es un tema de salud pública, y el Estado tiene que intervenir para fijar criterios que protejan el bien público.

-¿Por qué se fracasó en regular el alcohol anteriormente?

-En el primer período, porque el Parlamento no lo trató, y en el segundo, porque llegó tarde. Se le dio prioridad al cannabis y esto no se discutió más. El tema con el alcohol es mucho más complejo que cualquier otra sustancia, incluso más que el tabaco y el cannabis. Casi 95% de la población tuvo alguna experiencia con su consumo. Con el tabaco vos tenés una industria tabacalera altamente monopolizada, pero con el alcohol hay una diversificación económica y cultural diferente. ¿Cómo hacés para regular que se consuma menos, sabiendo que vas a lesionar intereses económicos de pequeños productores? No es fácil, pero creo que se puede. En este momento cualquiera puede vender, y en cualquier lugar. Regular las licencias, los lugares, las edades y la publicidad engañosa son cosas que se pueden hacer, más allá de que los mejores controles son los autogestionados.

-¿Se está pensando en prohibir el consumo de alcohol en la vía pública?

-Ése es un tema que está abierto. En lo personal, creo que esa prohibición genera más problemas que los beneficios que da. No me metería con eso. Preferiría concentrar el esfuerzo en, como hicimos con el tema drogas en general, los que son los dueños de la pelota: los grandes distribuidores y las grandes campañas publicitarias. Haciendo una autocrítica de lo que fue el primer proyecto que envié al Parlamento, me gustaría generar más consultas y lograr más consensos para esto. Creo que es fundamental. Ése es un objetivo, aunque sin tener que renunciar a las mayorías parlamentarias que nos ha dado la ciudadanía.

-¿Se va a apostar a la restricción de la venta en algunos horarios?

-Eso ya existe. ¿Se cumple? Va a haber que fortalecer todas las medidas que ya existen. Espero que el hecho de que el presidente lo haya colocado en un lugar destacado de la agenda sirva para fortalecer las fiscalizaciones. Hay medidas que si no se fiscalizan es difícil que se cumplan. También es necesario definir cuáles son los lugares para la dispensación y cuáles no. De la misma manera en que se logró consensuar que en los jardines de infantes y en las escuelas no se vendiera comida que no fuera saludable, me imagino que a determinada distancia de escuelas y liceos tendría que prohibirse la venta de alcohol. Hay una cantidad de medidas que habría que revisar, para ver cuáles se cumplen y cuáles no.

-¿Vázquez aplazó indefinidamente la venta de marihuana en farmacias?

-No es cierto. Es una rotunda mentira. Estoy acá porque la ley se va a cumplir. Asumí internacionalmente la defensa del marco regulatorio del cannabis, y no voy a venir acá a enterrar una ley que Tabaré dijo que se va a cumplir. No es que se va a instrumentar; la ley ya se está instrumentando. Ahora va a cambiar la junta directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis [Ircca], y, por lo tanto, hay momentos y pausas que no se deben a otra cosa que el cambio de autoridades. Se elaboraron las guías, y ya se han inscripto casi 2.000 cultivadores domésticos. Además, hay 15 pedidos de clubes cannábicos entrantes. Se aprobó la reglamentación del cannabis medicinal. Lo que está en trámite es la producción de cannabis para distribución en las farmacias, la parte de la producción masiva, que cuesta un poco más de lo que todos habíamos pensado. Hay 11 empresas preseleccionadas, que tienen que aportar alguna documentación que les falta. No queremos que, por apurar la cosa, se cometa un error. Si adjudico a una empresa y después resulta que no está claro de dónde vienen sus fondos, podríamos arruinar una experiencia única en el mundo. No está paralizado el proceso, como tampoco está paralizada la instalación de software para las farmacias. Eso está desplegándose y desarrollándose con mucho empeño.

-¿Augusto Vitale va a continuar al frente del Ircca?

-Sí. Está ratificado en su cargo.

-Ayer, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) volvió a criticar la propuesta de Uruguay. ¿Qué tipo de sanción puede aplicar la JIFE a Uruguay?

-Ninguna. La JIFE, en primer lugar, es un órgano técnico habilitado por una de las convenciones. Son 13 miembros que, como dije en algún momento, son parecidos al Tribunal del Santo Oficio: cuidan a las convenciones y te dicen, según ellos, “usted no está cumpliendo con las convenciones en este y en este punto”. Generalmente, uno de los excesos del sistema prohibicionista es que la JIFE siempre se ha propasado en sus competencias. Ahora dicen que la regulación del cannabis en Uruguay va a generar graves daños al problema de las drogas. Eso es un juicio de valor que no le corresponde.

-El gobierno ha argumentado, en muchos temas, que actúa en función de tratados internacionales. ¿Éste no es un caso un poco contradictorio?

-Estamos usando el recurso de la soberanía nacional para determinar nuestras políticas, y queremos ser coherentes con el espíritu de las convenciones y de otros instrumentos internacionales, como el carácter internacional de los derechos humanos. Ésa es la postura de Uruguay. La Constitución nos ampara y el espíritu de las convenciones también.

-¿Falta capacitación en la Policía sobre la ley de regulación del mercado de la marihuana?

-En la Policía, en los fiscales, en los jueces y en diversos actores, pero fundamentalmente en la Policía. Todavía existe eso de que es una sustancia prohibida, y no saben bien cuál es el límite [de tenencia] permitido; ya hemos tenido quejas y estamos encarando la posibilidad de realizar seminarios y procesos de formación, tanto desde el Ircca como desde la JND.

-¿Tienen pensado hacer campañas?

-Sí. Ya hay, y lo pensamos desplegar en una experiencia que recogí de Washington y Colorado. [La legalización] baja la percepción del riesgo respecto de la marihuana, así como ahora es baja con el alcohol. Hay que profundizar las campañas de sensibilización y las campañas educativas para insistir en que consumir marihuana es riesgoso, fundamentalmente si se la fuma. Regularizar no quiere decir dar piedra libre al consumo.