Después de alcanzar una patente común para los vehículos de todos los departamentos, la lógica unitaria parece estar ampliándose a otros asuntos. El nuevo objetivo es conformar una base nacional de manipuladores de alimentos y de las actividades asociadas al sector, para brindar mayores garantías a los consumidores aunando criterios y el cruzamiento de datos entre las 19 intendencias. La iniciativa es impulsada desde Montevideo y ya cuenta con el apoyo de varias comunas. Su puesta en marcha podría anunciarse el 7 de abril.

La propuesta apunta a crear carnés de manipulador y de decisor de alimentos que tengan el respaldo de todas las intendencias. El documento se expediría en cualquier punto del país, sobre la base de una currícula común para la capacitación de cada una de las categorías. Esta iniciativa está asociada a otra: la creación de un software único de gestión de alimentos que conecte a las oficinas departamentales competentes en la materia, así como también con las dependencias del gobierno central, como el Ministerio de Salud Pública (MSP). Toda esta información estará sistematizada en el Registro Único Nacional de Alimentos y Empresas.

En los últimos meses, sobre todo en Montevideo, se sucedieron varios casos de irregularidades en la elaboración y la conservación de alimentos, que dieron origen a notas e informes periodísticos y agitaron el debate en la opinión pública, en especial luego de que trascendiera el retiro de productos en mal estado por parte del Servicio de Regulación Alimentaria de comercios dedicados a la venta al público, mayoristas o fabricantes. Algunas de las intervenciones derivaron en la aplicación de multas y en clausuras momentáneas de locales.

En la parte argumental del borrador de convenio, que está siendo estudiado por las comunas, al que accedió la diaria, se detalla que en 2007 se comenzó a implementar en algunos departamentos “el carné de manipulador y decisor de alimentos con carácter obligatorio para todos los trabajadores y decisores afectados al manejo de alimentos”. El borrador que discuten los gobiernos departamentales indica que se procura promover “la capacitación permanente de los manipuladores de alimentos” y certificar “esos saberes desde los gobiernos departamentales”. El documento establece también que “la capacitación constante y adecuada es una de las estrategias fundamentales para garantizar la inocuidad de los alimentos para los consumidores”.

El puntapié inicial se dio el 1º de diciembre de 2006, en Paysandú, durante el II Encuentro Nacional de Directores Municipales de Salud. En esa jornada funcionaron cuatro talleres, entre ellos el de Bromatología, que al finalizar presentó un documento con los principales puntos analizados y resueltos. El primero fue “enviar una carta al Congreso Nacional de Intendentes [CNI] solicitando la creación del Registro Único Nacional de Empresas y Alimentos”, al tiempo que solicitaba a cada intendencia que se comprometiera a tener su propia base de datos. También proponían que una comisión del CNI estableciera “un manual de procedimientos para el registro único de productos y empresas alimentarias”, y se anticipaba a una eventual falta de acuerdo planteando a cambio la firma de convenios multilaterales “de mutuo reconocimiento de sus sistemas de registros de empresas y alimentos, sobre la base del citado manual”.

Ayer y hoy

Si bien en los ocho años siguientes se dictaron, progresivamente, diversas normativas en esta dirección, recién ahora la meta fijada en Paysandú parece cercana. Como parte de este proceso y a propuesta del Instituto Nacional de Alimentación y del MSP, se integró un grupo de trabajo con representantes de las 19 intendencias con la tarea de consensuar un criterio común acerca de los requisitos y la formación necesaria para expedir dichos carnés. Fue así que surgieron una currícula y un manual de capacitación básicos, que cada comuna adaptó a su realidad departamental.

Si bien la capacitación está a cargo de diferentes actores en cada territorio, los gobiernos departamentales son los que en última instancia tienen la potestad de certificar los saberes y emitir el carné correspondiente. En este contexto, se llevan adelante gestiones con el fin de que documentos otorgados por una comuna sean reconocidos por las restantes.

“Paralelamente -consigna el borrador- se ha trabajado en comisiones y grupos para el registro único de alimentos, habilitación de empresas y vehículos por parte de las Intendencias”, proceso durante el cual surgió “la necesidad de contar con un software único de gestión de alimentos que facilite un manejo común y más eficiente de los procesos alimentarios”. Ése fue el planteo que el Congreso de Intendentes llevó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que compartió la inquietud y encargó una consultoría para delinear los posibles caminos a recorrer, cuyos resultados confirmaron la importancia de contar con un Sistema Único Nacional de Alimentos y Empresas.

Esta conclusión motivó que la OPP junto con varias comunas empezara a diseñar las características que debería tener el software único, tomando como base el desarrollo informático con el que cuenta la Intendencia de Montevideo. Y fue a partir de esta instancia que quedó en evidencia que “para fortalecer la gestión y obtener las mayores ventajas” posibles era necesario alcanzar “criterios únicos asociados al registro de los alimentos y empresas”.